Contradicción política de Paz fuerza anulación de vigilancia digital
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El gobierno del presidente Rodrigo Paz anuló la contratación de un servicio de inteligencia de datos por 696.000 bolivianos, tras una crisis política desatada por la difusión de videos que revelan un giro radical en la postura del mandatario sobre el monitoreo de redes sociales.
La cancelación administrativa, justificada oficialmente por “políticas de austeridad”, se produjo luego de que sectores opositores y usuarios en plataformas digitales confrontaran el pliego técnico del contrato con declaraciones públicas realizadas por Paz en 2024, cuando era senador.
En aquel año, Paz lideró la resistencia contra normativas de Luis Arce, advirtiendo que el control estatal del tráfico de internet era un rasgo de regímenes totalitarios. «No podemos permitir que el gobierno intente regular las redes», afirmaba Paz en abril de ese año, comparando a Bolivia con Venezuela y Nicaragua.
El diputado Edgar Zegarra (Libre) denunció que el intento de contratación evidencia que el actual Ejecutivo «ha heredado las prácticas del MAS» para acaparar el poder. «Paz condenaba el control de redes cuando era víctima; ahora que es poder, intentó ser el victimario», sentenció Zegarra.
Vigilancia selectiva vs. Control técnico
Si bien las plataformas digitales operan bajo protocolos internacionales que impiden un control directo del Estado sobre los contenidos, el contrato del Ministerio de la Presidencia (CUCE 26-0025-00-1632531-1-1) buscaba una capacidad de vigilancia dirigida. El documento técnico exigía herramientas de Big Data para:
- Detección de «actores influyentes»: Identificar perfiles críticos con alta capacidad de movilización orgánica.
- Análisis de sentimiento con IA: Un sistema automatizado para clasificar la opinión pública y detectar el origen de narrativas «adversas».
- Gestión de crisis: Alertas en tiempo real para permitir la intervención comunicacional del Ejecutivo antes de que las críticas se vuelvan virales.
La verificación de estos datos confirma que la solicitud técnica no era un monitoreo de medios convencional, sino una arquitectura de escucha social profunda orientada a la identificación de picos de menciones negativas y la gestión de crisis en tiempo real.
Expertos señalan que, aunque el Estado no puede «apagar» o «censurar» las redes de forma directa, la implementación de estos sistemas constituye una forma de control indirecto mediante la recopilación de inteligencia sobre la comunicación de los ciudadanos.
El impacto del retroceso
La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó la cancelación de los contratos destinados a «supervisar menciones negativas», lo que en la práctica desactivó el sistema de alerta que el gobierno pretendía operar hasta diciembre de 2026.
El procedimiento, denominado “Servicio de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales”, fue dejado sin efecto mediante la Resolución Administrativa N° 018/26, firmada el 25 de febrero por la directora general de Asuntos Administrativos, María Ivonne Quezada Gamez, de acuerdo con registros del Sistema de Contrataciones Estatales.
Según la resolución, la cancelación respondió a “políticas de austeridad y reestructuración de la entidad”, bajo el marco legal del Decreto Supremo N° 0181 sobre Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que permite anular procesos cuando las condiciones de ejecución dejan de ser oportunas.