“La verdad, la verdad, la verdad” no reemplaza los datos ni la ley

El presidente Rodrigo Paz Pereira difundió a las 00:58 de la madrugada del pasado jueves su mensaje por los primeros 100 días de gestión. El detalle no es menor. En política, los horarios también comunican. Hablar fuera del ciclo informativo central reducen las repreguntas inmediatas y desplaza el escrutinio público a un momento en que el mensaje ya ha sido instalado, con menor mediación crítica.

El discurso fue ambicioso en el relato y austero, demasiado, en los datos. El presidente afirmó:

“Hemos logrado estabilizar el dólar, hemos logrado que la gente tenga confianza en la economía. Sabemos que está difícil, pero la gente cree que vendrá un mejor futuro. Hemos logrado que nuestros jóvenes, por primera vez en muchos años, digan: yo me quiero quedar, no me quiero ir”.

La secuencia es enfática, pero careció de respaldo verificable. No se presentaron cifras, porcentajes, comparaciones temporales ni referencias a fuentes independientes que permitan contrastar esas afirmaciones. En política económica, la convicción no sustituye a los indicadores, la intención no basta; los números mandan.

La retórica fue clara. El país estaba hundido y ahora flota. La imagen funciona y es potente, pero también revela el estándar implícito del balance. Sobrevivir no equivale a gobernar bien. Un barco que flota sin cartas náuticas, sin instrumentos y sin bitácora no está a salvo; solo no se ha hundido todavía.

El eslogan “capitalismo para todos” condensó esa lógica discursiva. La consigna resulta atractiva, pero el mensaje no explicó el modelo, no detalló políticas públicas concretas ni presentó un cronograma de implementación.

Funcionó más como marketing político que como política pública. La promesa de inclusión convivió, sin explicación, con prácticas de intervención estatal, centralización administrativa y gobierno por decreto.

Emoción, cifras y silencios

El componente emocional atravesó buena parte del mensaje. La afirmación sobre los jóvenes que “ya no quieren irse” proyecta esperanza, pero no estuvo acompañada de datos sobre migración, empleo juvenil, salarios o acceso a vivienda. El testimonio personal fue elevado a diagnóstico nacional, sin sustento empírico identificable.

Algo similar ocurrió con la referencia a las empresas públicas. El presidente sostuvo que más de 100 empresas “se gastaron más de 6.500 millones de dólares”. La cifra fue presentada como diagnóstico general, pero sin precisar el período evaluado, las entidades involucradas, los criterios de análisis ni los resultados obtenidos. Sin desagregación ni auditorías públicas citadas, el número operó como golpe retórico, no como información evaluable.

La eliminación de la subvención a los combustibles fue defendida como una “conquista económica y social”. El término es audaz para describir una medida que encareció el transporte, presionó la canasta básica y detonó protestas sectoriales.

No hubo explicación técnica detallada sobre por qué se optó por una eliminación abrupta en lugar de una focalización gradual, ni reconocimiento de efectos colaterales. La metáfora de la “garrapata” para describir el déficit fiscal fue ingeniosa; informativa, no.

La política exterior se expuso como una sucesión de viajes, foros y reuniones internacionales. El discurso no detalló inversiones concretadas, acuerdos firmados ni beneficios económicos verificables derivados de esa agenda. La diferencia entre actividad diplomática y resultados medibles quedó sin resolver.

Más elocuentes que las afirmaciones fueron los silencios. El mensaje no hizo referencia a la crisis por combustibles. Dirigentes del transporte urbano y pesado denunciaron públicamente que la comercialización de “gasolina basura” provocó fallas mecánicas en al menos 9.000 vehículos, según declaraciones difundidas por medios nacionales.

Los mismos representantes informaron que alrededor de 700 cisternas permanecían paralizadas en la refinería de Palmasola, situación que atribuyeron a problemas operativos y de calidad del combustible.

El mensaje también omitió el denominado caso “maletas”, que derivó en la detención de Laura Rojas, exdiputada de la alianza Creemos y exdirectora de comunicación de la campaña del PDC en Santa Cruz, en el marco de un proceso penal actualmente en curso.

El problema constitucional

El discurso no incorporó autocrítica. En cien días, no se reconocieron errores propios. Los problemas fueron atribuidos a herencias, sabotajes o responsabilidades ajenas. La ausencia de revisión interna no fortalece la gestión: debilita su credibilidad.

Más delicado aún fue el uso del concepto de “traición a la patria”. En su mensaje, el presidente amplió su significado al incluir no solo al que roba, sino también al que “no deja hacer”. Esa formulación abre una ambigüedad peligrosa.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 124, define ese delito de manera restrictiva, vinculándolo a atentados contra la soberanía, la integridad territorial, la seguridad del Estado o la unidad del país. No deja margen para ampliaciones discrecionales desde el discurso político.

Desde una perspectiva constitucional, el Ejecutivo no tiene competencia para extender tipos penales por vía retórica. La definición de delitos corresponde al legislador y su aplicación al Órgano Judicial. Introducir ampliaciones desde el poder político erosiona el principio de legalidad penal, afecta la seguridad jurídica y tensiona la separación de poderes. No es un exceso retórico: es un desliz institucional.

La verdad como consigna

El presidente abrió su mensaje con una invocación reiterativa: “La verdad, la verdad, la verdad; la verdad como un instrumento de transformación, la verdad para poder cambiar la patria”.

La insistencia remite a una estrategia conocida: la proclamación de la verdad como atributo personal del líder, un recurso que el presidente estadounidense Donald Trump convirtió en marca política al presentarse como único intérprete legítimo frente a un pasado descrito como engañoso.

En ese marco, la repetición deja de operar como afirmación moral y pasa a funcionar como síntoma discursivo. La verdad no se declama. Se prueba con datos, se respalda con ley y se somete a control.

Sin cifras, sin rendición de cuentas y sin autocrítica, la verdad no es política pública.
Es solo una consigna.

A 100 días, el mensaje presidencial no fue un balance. Fue una campaña prolongada. Más relato que resultado, más fe que dato, más metáfora que política pública. El barco, dice el presidente, flota. Puede ser, pero mientras la retórica se escuche y los datos no aparezcan, flotar seguirá siendo apenas eso; no hundirse todavía.