Vicepresidente acusa a Paz de vulnerar la autonomía de poderes
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La Paz.- El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, acusó al presidente Rodrigo Paz de afectar la institucionalidad del Estado al vulnerar la autonomía y separación de poderes con la promulgación del Decreto Supremo 5552, que modifica la estructura administrativa de la Vicepresidencia.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Lara cuestionó el alcance del decreto, que sitúa a la Vicepresidencia bajo dependencia administrativa del Ministerio de la Presidencia, y sostuvo que la medida debilita el rol constitucional del cargo y del Órgano Legislativo.
El vicepresidente afirmó que la norma fue firmada “entre gallos de medianoche” y señaló que reduce la capacidad operativa de la Vicepresidencia al eliminar direcciones, presupuesto y atribuciones que, según dijo, están previstas en la Constitución.
Lara advirtió además sobre lo que describió como un avance progresivo del Órgano Ejecutivo sobre otras instituciones del Estado y afirmó que la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y el Órgano Judicial podrían verse afectados en el futuro.
En sus declaraciones, el vicepresidente sostuvo que las acciones del Gobierno desconocen a un vicepresidente elegido por voto popular, así como a los pueblos indígenas y a las organizaciones sociales.
Asimismo, vinculó el decreto con una denuncia previa presentada contra el presidente de la estatal YPFB por presuntos hechos de corrupción, aunque no presentó pruebas de esa relación.
“Aunque ahora nos quitaron todas las direcciones, el presupuesto y nos pusieron a disposición del ministro de la Presidencia, nadie puede estar por encima de la Constitución”, afirmó, al insistir en que continuará con lo que definió como una defensa institucional.
El vicepresidente calificó su situación como un “aislamiento” dispuesto desde el Palacio de Gobierno, al que describió como “solo una batalla”, y expresó su convicción de que “la batalla final la ganará el pueblo”.
En ese contexto, convocó a la población a mantenerse en “estado de emergencia y alerta” para evitar lo que consideró una afectación a los logros democráticos del país.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones del vicepresidente.