Documentos desmienten a Paz y Akli que niegan acuerdos de YPFB con Trafigura

La Paz.- Mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz niega que exista algún contrato firmado con Trafigura, documentos suscritos a fines de 2025 muestran que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acordó el suministro de crudo con la comercializadora internacional bajo condiciones económicas que implican un fuerte aumento de costos para Bolivia.

Los documentos corresponden al “Contrato de Suministro de Crudo y Condensado al Mercado Interno – 2025, N° YPFB/GLC/ULGD 190/2025”, firmado el 17 de diciembre de 2025, y al “Primer Contrato Modificatorio al Contrato de Suministro de Crudo y Condensado al Mercado Interno – 2025”, suscrito el 31 de diciembre de 2025.

En los dos contratos figuran como firmantes el gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Marcos Eduardo Durán Cordero, y el representante legal de Trafigura Pte. Ltd., Sebastián Juchimiuk Jaworski.

El 10 de febrero, Paz y el presidente de YPFB, Yusser Akli, afirmaron ante los medios que “no existe ningún contrato firmado con Trafigura” y que el proceso identificado como PAC 5096 “continúa en evaluación”. Sin embargo, los contratos examinados consignan fechas, firmas, garantías financieras y condiciones económicas detalladas, lo que contradice de forma objetiva la versión oficial.

Aumento del premio

Los contratos establecen que el precio a pagar por YPFB se calcula como WTI + premio, utilizando la cotización del futuro Nymex WTI mes 1 publicada en Argus como referencia. El premio pactado con Trafigura para entregas en la estación Pocitos (Yacuiba) es de 20,88 dólares por barril, frente a los 9,10 dólares por barril pagados en 2024 a la firma Botrading por el mismo punto de entrega, según un contrato anterior de la estatal.

En el puerto de Arica, el premio sube de 18,41 a 22,82 dólares por barril. Sobre la base de los volúmenes comprometidos en documentos internos de selección –715.000 barriles mensuales para Arica y 50.000 para Pocitos– el cambio de proveedor supone un sobrecosto cercano a 4 millones de dólares al mes, o unos 45 millones de dólares anuales, según cálculos realizados con datos oficiales y contractuales.

El salto de 9,10 a 20,88 dólares por barril en Pocitos no se explica por inflación, variaciones normales del precio internacional del crudo ni por un aumento extraordinario de fletes o seguros.

Si la diferencia de 11,78 dólares se atribuyera únicamente al financiamiento a 90 días, la tasa de interés implícita superaría el 60% anual en dólares, varias veces por encima del riesgo país de Bolivia y de las tasas de mercado para créditos comerciales.

“El financiamiento puede encarecer el premio, pero no a niveles equivalentes a tasas de usura en dólares; aquí hay un componente que no se justifica con variables económicas observables”, dijo un analista financiero que pidió reserva de identidad por tratarse de información bajo investigación fiscal.

Falta de registro en SICOES

Pese a las firmas y sellos que constan en las copias de contrato, el número YPFB/GLC/ULGD 190/2025 no figura como contrato formalizado en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES). En la plataforma solo aparece el proceso PAC 5096 en etapa de evaluación, sin publicación de contratos ni montos definitivos.

Si YPFB suscribió contratos con Trafigura y está ejecutando entregas sin registrarlos en SICOES, podría estar incumpliendo la Ley 1178 SAFCO, que obliga a las entidades públicas a transparentar sus contrataciones y a asegurar el control interno y externo de los recursos del Estado.

La ausencia de un contrato firmado en SICOES, cuando existen documentos con firmas de los representantes y condiciones económicas detalladas, vulnera los principios de publicidad y transparencia previstos en la Ley 1178.

Crisis de divisas y poder de negociación

El proceso con Trafigura se desarrolla en un contexto de escasez de dólares en Bolivia, que ha afectado la capacidad del Banco Central para atender la demanda de importadores. Funcionarios de YPFB han argumentado que la empresa requiere condiciones de pago a 60 o 90 días y que pocos proveedores aceptan ese riesgo.

Los contratos analizados muestran, sin embargo, que el costo financiero implícito en los premios de Trafigura es muy superior a las tasas internacionales. Para analistas del sector, esto abre dos hipótesis: que la multinacional esté utilizando la crisis de divisas para trasladar a Bolivia una prima de riesgo extraordinaria, o que se haya configurado un acuerdo que combine sobreprecio logístico y comisiones a intermediarios.

“Ningún banco cobra más del 15% anual por financiar operaciones de comercio exterior de un país con el perfil de riesgo de Bolivia. Cuando la tasa implícita supera el 60%, el sobrecosto ya no responde solo al riesgo de impago”, señaló un consultor en energía que revisó los contratos a pedido de este medio.

Botrading, trafigura y antecedentes

El presidente de YPFB descalificó al proveedor anterior, Botrading, al afirmar que la empresa acumulaba denuncias por presunta manipulación de precios, pese a que la estatal petrolera firmó con esa firma contratos de suministro de crudo y diésel con premios significativamente menores y bajo un esquema en el que YPFB financiaba parte de las operaciones a tasas cercanas al 1% anual, según informes legislativos.

Trafigura, por su parte, es uno de los mayores comercializadores de petróleo y derivados del mundo y ha sido proveedor recurrente de YPFB en la última década. La compañía ha pagado multas en Estados Unidos por violaciones a normas anticorrupción y ha enfrentado cuestionamientos de reguladores europeos por prácticas comerciales en el sector de materias primas, de acuerdo con expedientes judiciales y reportes regulatorios públicos.

Situación bajo investigación

Las denuncias sobre un presunto sobreprecio en la compra de crudo fueron difundidas inicialmente por la Red DTV, que alertó sobre el impacto fiscal de los premios pactados y sobre la existencia de documentos contractuales firmados que contradicen los pronunciamientos oficiales que niegan la suscripción de un contrato.

Tras la difusión de esos documentos, las denuncias vinculadas al proceso PAC 5096 fueron remitidas a la Fiscalía boliviana y a instancias de control legislativo. El Gobierno reiteró que “no existe contrato” y atribuyó la filtración de los documentos a intereses políticos, mientras que las copias revisadas exhiben firmas de representantes de YPFB y de Trafigura bajo cláusulas que establecen la aceptación expresa de las condiciones contractuales.

Hasta que YPFB publique los contratos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) o remita copias oficiales a las instancias de control, quedará pendiente la verificación de si el Estado boliviano asumió compromisos de compra con premios superiores a las referencias de mercado, en un contexto de restricciones de divisas que redujo su margen de negociación frente a proveedores internacionales de crudo.