Trafigura: sancionada en EE.UU., cuestionada en Europa y denunciada por sobreprecio en Bolivia

Trafigura, una de las mayores comercializadoras globales de materias primas, participa actualmente en procesos de provisión de crudo y combustibles en Bolivia, en un contexto marcado por antecedentes judiciales y cuestionamientos documentados en otras países.

En el ámbito internacional, la empresa ha sido investigada y sancionada por hechos de corrupción reconocidos ante autoridades judiciales. En Suiza, la organización no gubernamental Public Eye ha difundido investigaciones sobre prácticas internas de la compañía vinculadas a casos de soborno ocurridos en Angola, mientras que en Estados Unidos Trafigura admitió su responsabilidad penal por pagos indebidos relacionados con contratos en Brasil.

Investigaciones en Suiza

Public Eye, ONG con sede en Suiza especializada en vigilancia corporativa, publicó documentos y análisis que describen cómo Trafigura habría utilizado cláusulas de confidencialidad, mecanismos contractuales y acuerdos financieros con exempleados para gestionar las consecuencias reputacionales de investigaciones por sobornos en Angola, ocurridos aproximadamente hace 15 años.

Según la ONG, la empresa sostuvo ante el Tribunal Penal Federal de Suiza que los hechos fueron cometidos por empleados que actuaron sin conocimiento de la alta dirección. No obstante, Public Eye señaló la existencia de contratos de recompra de acciones y cláusulas conocidas como clawbacks, mediante las cuales antiguos ejecutivos habrían recibido compensaciones económicas significativas tras su salida de la compañía.

Entre los casos mencionados figura el de Mariano Marcondes Ferraz, exgerente de Trafigura, quien fue condenado por corrupción en relación con Angola y que, de acuerdo con la investigación de la ONG, habría recibido pagos posteriores a su condena en el marco de acuerdos contractuales preexistentes. Trafigura no ha sido condenada penalmente en Suiza por estos hechos, aunque el caso continúa siendo objeto de debate público y judicial.

Admisión de culpabilidad en caso Petrobras

El antecedente judicial más contundente se produjo en Estados Unidos. En marzo de 2024, Trafigura alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) mediante el cual se declaró culpable de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

De acuerdo con el DOJ, entre 2003 y 2014 la empresa pagó sobornos a funcionarios de la petrolera estatal brasileña Petrobras para obtener ventajas comerciales. El esquema incluyó pagos canalizados a través de intermediarios y estructuras financieras en el extranjero, con beneficios ilícitos estimados en más de 61 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Trafigura aceptó pagar una multa de 127 millones de dólares.

La relación con Bolivia

En Bolivia, Trafigura ha sido uno de los principales proveedores internacionales de combustibles para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), junto con otras comercializadoras globales como Vitol. Reportes periodísticos de Cabildeo Digital señalan que estas firmas han concentrado históricamente una parte significativa de las importaciones de diésel y gasolina del país.

Uno de los aspectos más cuestionados en el debate público es la trayectoria de Mauricio Marañón, exgerente de Comercialización de YPFB, quien posteriormente pasó a desempeñarse como ejecutivo de Trafigura en Uruguay.

Si bien este movimiento no ha sido declarado ilegal, sectores políticos y analistas han señalado la necesidad de evaluar posibles conflictos de interés y reforzar los mecanismos de control institucional.

Denuncias por presunto sobreprecio

La controversia más reciente se originó a partir de una denuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado Rolando Pacheco denunció un presunto sobreprecio en una licitación para el suministro de crudo y condensado destinado al mercado interno.

Según la denuncia, una empresa nacional habría presentado una propuesta con un precio referencial de 9,10 dólares por barril, mientras que la oferta atribuida a Trafigura alcanzaría los 20,18 dólares por barril.

De confirmarse esa diferencia, el perjuicio económico estimado para el Estado sería de aproximadamente 4 millones de dólares mensuales. La denuncia se encuentra en etapa de análisis y no ha derivado, hasta el momento, en una determinación administrativa o judicial.

YPFB: proceso aún en evaluación

Ante las versiones difundidas, YPFB emitió una aclaración técnica en la que negó la existencia de un contrato vigente con Trafigura para este suministro específico. La estatal explicó que el proceso de selección contempla distintas modalidades logísticas, entre ellas: DAP Arica (Chile), con entrega en puerto marítimo. DAP Pocitos (Argentina), con entrega en punto fronterizo terrestre.

YPFB precisó que, en una de estas modalidades, Trafigura presentó el menor precio dentro de su categoría logística, pero subrayó que ello no implica una adjudicación automática. Los procesos, indicó la empresa, deben superar evaluaciones técnicas, jurídicas y documentales antes de cualquier contratación.

La estatal rechazó que exista un sobreprecio comprobado y sostuvo que las diferencias entre ofertas responden a variables como logística internacional, seguros y garantías de abastecimiento.

Un debate abierto

La coincidencia temporal entre los antecedentes judiciales internacionales de Trafigura y su participación en procesos de contratación en Bolivia ha reactivado el debate sobre los criterios de debida diligencia en las compras públicas de combustibles.

Mientras YPFB defiende la legalidad de sus procedimientos, legisladores y sectores de la sociedad civil reclaman mayor transparencia y escrutinio sobre los antecedentes de los proveedores estratégicos del Estado.

El proceso de licitación continúa en curso. Su desenlace no solo definirá un proveedor, sino también el estándar con el que Bolivia evalúa el historial internacional de las empresas con las que decide hacer negocios.