Denuncia penal por sobreprecio de $4 millones mensuales, van 24 horas de silencio del Gobierno
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La Paz.- Legisladores presentaron este martes una denuncia penal contra autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un presunto sobreprecio de alrededor de 4 millones de dólares mensuales en la compra de crudo, mientras el presidente Rodrigo Paz y su gobierno mantienen silencio público sobre el caso, que coincide con crecientes tensiones políticas en el Ejecutivo.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por los diputados Claudia Herbas y Rolando Pacheco, de la alianza opositora Alianza Popular, quienes sostienen que el sobreprecio se originó tras el cambio de proveedor de la firma local Botrading S.A. a la comercializadora internacional Trafigura. Según los legisladores, el presunto sobrecosto ascendería a 48 millones de dólares anuales.
De acuerdo con la documentación presentada, el contrato anterior fijaba un margen adicional, o “premio”, de 9,10 dólares por barril, mientras que el nuevo acuerdo elevaría ese monto a 20,88 dólares por barril, más del doble.
La denuncia incluye al presidente de YPFB, Yussef Akly, y a otros funcionarios, por los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contrato lesivo al Estado, según los legisladores.
Hasta este martes, YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Presidencia no habían emitido comunicados públicos que refuten las cifras ni expliquen las razones del incremento en los costos de adquisición de crudo, de acuerdo con una revisión de canales oficiales y medios locales.
El caso se da en un contexto político sensible, luego de que el presidente Paz y el vicepresidente Edmand Lara, distanciados por desacuerdos internos, coincidieran en un acto religioso oficial en la ciudad de Oruro, durante la celebración del aniversario departamental.
Ambos participaron del Te Deum y se saludaron brevemente en público, en un gesto observado por analistas como una señal de contención institucional en medio de la controversia.
Lara había advertido días antes que no encubriría eventuales hechos de corrupción y anunció que evaluaba acciones legales vinculadas a la denuncia contra YPFB, mientras sectores de la oposición intensificaron los pedidos de fiscalización.
Desde la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado, Diego Ávila, informó que la investigación sobre el presunto sobreprecio será asumida por una comisión legislativa de la verdad, descartando por el momento la conformación de una comisión especial adicional.
Otras legisladoras, como la diputada Patricia Patiño, solicitaron la destitución del ministro de Hidrocarburos y de las máximas autoridades de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de procesos penales, alegando reiteradas faltas de respuesta a pedidos de informe relacionados con la compra de combustibles.
Los documentos difundidos por medios locales que comparan los contratos con Botrading y Trafigura no han sido verificados de manera independiente por organismos externos, y los contratos completos no se encuentran disponibles íntegramente en portales oficiales de transparencia, lo que impide evaluar otros factores que podrían incidir en el precio final, como condiciones logísticas, calidad del crudo o plazos de entrega.
Analistas y legisladores han pedido una auditoría técnica independiente para determinar si las diferencias de precios responden a condiciones comerciales justificadas o si podrían constituir un daño económico al Estado, en un momento en que Bolivia enfrenta presiones fiscales por el costo de las subvenciones a los combustibles.