Silencio del Gobierno ante denuncia de sobreprecio millonario en compras de crudo de YPFB

 La Paz.- El Gobierno no respondió públicamente a una denuncia difundida por el canal RED DTV, según la cual la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaría pagando un presunto sobreprecio de alrededor de 4 millones de dólares mensuales en la compra de crudo, tras reemplazar como proveedor a la firma Botrading S.A. por la comercializadora internacional Trafigura.

La denuncia se basa en una comparación entre el contrato N.º 48, firmado el 15 de febrero de 2024 entre YPFB y Botrading, y el informe de selección de proveedor YPFB N.º 19/2026, fechado el 13 de enero de 2026, mediante el cual la petrolera estatal adjudicó la provisión de crudo a Trafigura bajo la modalidad de invitación directa, según copias de documentos exhibidas por RED DTV.

De acuerdo con esos documentos, el contrato con Botrading establecía un “premio” —el margen adicional pagado sobre la cotización internacional del barril— de 9,10 dólares por barril en la estación Pocitos, en Yacuiba, y de 18,41 dólares por barril en la terminal de Sica Sica, en Arica (Chile).

El informe de selección de 2026 fija en cambio premios de 20,88 dólares por barril en Pocitos y de 22,82 dólares por barril en Arica a favor de Trafigura, lo que representa un incremento significativo frente a las condiciones del contrato anterior, según la comparación realizada por el medio.

Con una demanda estimada de 715.000 barriles de crudo para la terminal de Arica, la investigación calcula que el costo por concepto de premios habría sido de 13,16 millones de dólares bajo las condiciones de Botrading, frente a 16,36 millones de dólares con Trafigura, una diferencia superior a 3,1 millones de dólares para el mismo volumen.

En la estación Pocitos, donde el informe menciona una demanda mensual de 50.000 barriles, el costo por premios pasaría de 455.000 dólares con Botrading a aproximadamente 1,04 millones de dólares con Trafigura. Sumados ambos casos, el sobrecosto mensual alcanzaría cerca de 4 millones de dólares, según el cálculo de RED DTV.

Hasta este lunes, YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Presidencia no habían emitido comunicados públicos que desmientan las cifras difundidas ni que expliquen las razones del incremento en los premios por barril, de acuerdo con una revisión de portales oficiales y reportes de medios locales.

La autenticidad de los documentos difundidos no ha sido verificada de forma independiente por organismos externos, y los contratos completos no se encuentran disponibles íntegramente en portales oficiales de transparencia, lo que impide evaluar otras cláusulas comerciales relevantes, como condiciones logísticas, seguros, calidad del crudo o plazos de entrega.

El único alto funcionario que se pronunció públicamente fue el vicepresidente Edmand Lara, quien anunció el domingo que presentará una denuncia por presunto daño económico al Estado contra el presidente de YPFB, Yussef Akly, basándose en las diferencias de precios señaladas por RED DTV.

“Vamos a presentar una denuncia por daño económico al Estado. No se puede permitir que se pague más del doble de premio por el mismo crudo”, dijo Lara en declaraciones recogidas por el portal Oxígeno.bo, en las que instó a la Fiscalía a abrir una investigación y al presidente Rodrigo Paz a pronunciarse sobre el caso.

Botrading y Trafigura han enfrentado previamente cuestionamientos en Bolivia y en el extranjero. En 2025, la Fiscalía boliviana abrió una investigación contra Botrading por presuntos sobreprecios en la importación de diésel y gasolina. En el ámbito internacional, Trafigura ha reconocido conductas ilícitas en operaciones petroleras y acordó el pago de sanciones millonarias en Estados Unidos por casos de corrupción vinculados a sobornos.

La denuncia difundida por RED DTV se centra exclusivamente en la comparación de los premios pactados con ambos proveedores y no analiza otros factores que podrían incidir en el precio final del crudo, como condiciones de financiamiento, variaciones en la calidad del producto o cambios en los costos logísticos y en el contexto del mercado internacional.

Analistas citados por medios locales han pedido una auditoría técnica independiente para determinar si las diferencias observadas responden a condiciones comerciales justificadas o si podrían configurar un sobreprecio con impacto fiscal.

Mientras el vicepresidente impulsa acciones legales y sectores de la oposición hablan de un nuevo escándalo en la estatal petrolera, la falta de una respuesta oficial por parte de YPFB y del Ejecutivo mantiene abierta la controversia sobre la conveniencia y legalidad de los actuales contratos de suministro de crudo.

 

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