Tras 17 días de mentiras, estalla crisis por gasolina de mala calidad y alto precio; exigen resarcimiento
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Lo que comenzó como denuncias aisladas terminó en bloqueos, protestas nacionales y un conflicto abierto con el transporte. Tras semanas de negarlo, el Gobierno admitió que gasolina de mala calidad fue distribuida en el mercado interno, mientras crecen los reclamos por daños mecánicos, resarcimientos económicos y responsabilidades políticas.
El reconocimiento oficial llegó después de que YPFB defendiera durante 17 días la calidad del combustible. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, terminó admitiendo que “evidentemente ha habido una gasolina de mala calidad”, marcando un giro en el discurso gubernamental.
La explicación posterior del Ministerio de Hidrocarburos, que atribuyó el problema a la contaminación del carburante en tanques con residuos de gestiones anteriores (MAS), no logró contener el conflicto.
La explicación abrió un debate político inmediato. Analistas y exautoridades del sector energético señalaron que la actual administración lleva cerca de tres meses en funciones, un periodo que consideran suficiente para haber realizado revisiones preventivas de infraestructura crítica.
“Si el problema estaba en los tanques, eso debió detectarse antes”, afirmó el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, en línea con otras voces que cuestionaron los controles técnicos aplicados durante el inicio de la gestión.
Bloqueos y micros parados
En Santa Cruz, federaciones de mototaxistas instalaron al menos ocho puntos de bloqueo indefinidos en el Norte Integrado, paralizando rutas clave y exigiendo la presencia del ministro Mauricio Medinaceli.
Las protestas se extendieron a La Paz, Oruro, Cochabamba y otras regiones, involucrando a choferes, mototaxistas y trabajadores de delivery. Mientras el Gobierno llamó al diálogo y anunció estudios técnicos, los sectores movilizados denunciaron que no existen soluciones concretas ni mecanismos claros de compensación.
El impacto mecánico ya es cuantificable. En Santa Cruz, más de 150 micros permanecen fuera de servicio y otros 50 están en revisión, con reparaciones que superan los 35.000 bolivianos por unidad.
Dirigentes del sector denunciaron que incluso vehículos nuevos resultaron afectados y que los talleres identificaron la formación de “carbonilla” por la presencia de componentes no declarados en el combustible.
Miles de motos dañadas
A esto se suma el daño a miles de motocicletas. Representantes del transporte estiman que entre 2.000 y 3.000 motos sufrieron fallas, mientras los mototaxistas reportan gastos de reparación que oscilan entre 200 y 1.000 bolivianos, un golpe directo a ingresos diarios ya deteriorados.
La crisis se agrava por el contexto económico. Tras el retiro de la subvención, la gasolina subió de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro y el diésel de 3,72 a 9,80, lo que intensificó la percepción de pagar más por un combustible defectuoso. Dirigentes denunciaron que, pese a conocer el problema, el producto siguió siendo comercializado.
Con ultimátums fijados y advertencias de nuevos ampliados y medidas de presión, el conflicto dejó de ser técnico para convertirse en una prueba política para el Gobierno, que enfrenta cuestionamientos sobre control, transparencia y capacidad de respuesta ante una crisis que sigue escalando.