Tras semanas de negarlo, Gobierno admite venta de gasolina de mala calidad
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La Paz.- El gobierno del presidente Rodrigo Paz reconoció que la gasolina distribuida en el mercado interno no cumplió con los parámetros de calidad, luego de semanas de negar denuncias del sector transporte, y atribuyó el problema a deficiencias en la infraestructura heredada de la administración de Luis Arce.
La admisión oficial se produjo en un contexto de creciente presión social, tras protestas de transportistas y reportes de mecánicos que alertaron sobre daños en motores, asociados a la presencia de residuos y sedimentos en el combustible, según testimonios difundidos por gremios del sector.
Del rechazo al reconocimiento público
A fines de enero, en pleno inicio de la crisis, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, aseguró que los carburantes comercializados cumplían con los estándares establecidos y defendió los controles estatales de calidad, descartando irregularidades en la distribución.
Esa posición fue sostenida por varias semanas por autoridades del sector, pese a las denuncias del transporte pesado, urbano y particulares, que ya advertían sobre fallas mecánicas generalizadas.
El 2 de febrero, sin embargo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reconoció públicamente el problema. “Evidentemente ha habido una gasolina de mala calidad”, declaró, y atribuyó el hecho a un problema técnico en el proceso de mezcla, que, según el Gobierno, ya estaría siendo corregido.
Las declaraciones marcaron un quiebre con la narrativa previa de YPFB, que había asegurado que la cadena de suministro operaba con normalidad y que el combustible distribuido era apto para su uso.
Disputa por responsabilidad política
En medio del cambio de discurso, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, explicó que la gasolina importada cumplía con las especificaciones técnicas, pero que se habría contaminado al ingresar a los tanques de almacenamiento en el país.
De acuerdo con la versión oficial, residuos acumulados durante la administración de Luis Arce reaccionaron con el carburante y el etanol, generando sedimentos que afectaron a los vehículos.
La explicación abrió un debate político sobre las responsabilidades, ya que la actual administración lleva cerca de tres meses en funciones.
Exautoridades y analistas del sector energético señalaron que ese periodo era suficiente para haber realizado una revisión preventiva de la infraestructura crítica.
“Si el problema estaba en los tanques, eso debió detectarse antes”, afirmó el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, en línea con otras voces críticas que cuestionan la gestión del control técnico en el sector.
Efecto económico y tensión social
La crisis de calidad del combustible ocurre semanas después del levantamiento de las subvenciones a los carburantes, aplicado en enero, una medida que incrementó el precio de la gasolina y elevó la sensibilidad social frente a su desempeño.
Asociaciones de mecánicos reportaron un aumento en la demanda de servicios de limpieza de inyectores y reemplazo de bombas de gasolina, aunque no existen cifras oficiales consolidadas sobre el alcance económico del problema.
La Confederación de Choferes de Bolivia exigió al Gobierno la implementación de un mecanismo de resarcimiento económico y advirtió con medidas de presión si no se atienden los reclamos. Dirigentes del sector señalaron que algunas reparaciones superan los 14.000 bolivianos por vehículo.
En paralelo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que envió comisiones técnicas a Paraguay para verificar la calidad del combustible en origen y reconoció limitaciones operativas para fiscalizar la distribución a escala nacional.