Encuesta de UNITEL refleja opinión de cuatro ciudades, no del conjunto del país

Los resultados de una encuesta difundida por UNITEL, que reportan un 65% de aprobación a la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira y un 68% de percepción de que el país va en la “dirección correcta”, corresponden a un estudio realizado en cuatro ciudades del eje central y no son representativos de la opinión nacional.

El estudio fue realizado por Ipsos-CIESMORI para UNITEL y se levantó el 26 de enero en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz y El Alto. Según la información publicada, la encuesta se basó en 400 entrevistas y consigna un margen de error de ±4,9%.

En uno de los titulares, UNITEL informó que el presidente cuenta con un 65% de aprobación “según estudio”, mientras que en otro señaló que “el 68% de los bolivianos en el eje central” considera que el país avanza en la dirección correcta.

Aunque ambos titulares se refieren al mismo ejercicio de medición, su presentación editorial otorga a los resultados un peso interpretativo que excede el alcance del universo efectivamente consultado.

El margen de error se aplica únicamente al grupo encuestado y no subsana las limitaciones del diseño del estudio, como la cobertura geográfica o el método de selección de los entrevistados, factores clave para determinar si una encuesta es representativa a nivel nacional.

El argumento de respaldo basado en la existencia de millones de usuarios activos en redes sociales no constituye, por sí mismo, un marco muestral válido. Una población amplia en entornos digitales no garantiza que una muestra extraída exclusivamente por ese medio refleje la diversidad demográfica, socioeconómica y territorial del país.

Bolivia cuenta con una población cercana a los 12 millones de habitantes, de los cuales entre el 30% y 35% reside en áreas rurales. Estos segmentos, junto con cinco departamentos fuera del eje central, Tarija, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Beni y Pando, no están incluidos en el estudio difundido, lo que limita su capacidad para describir la opinión pública nacional.

El tamaño de la muestra, de 400 casos, no constituye por sí solo el principal factor restrictivo. El límite central radica en el diseño del levantamiento, concentrado en áreas urbanas con acceso a internet, lo que excluye de manera estructural a sectores con menor conectividad o alfabetización digital.

Los resultados pueden interpretarse, con cautela, como una medición del clima de opinión entre usuarios urbanos de redes sociales en las principales ciudades del eje central. Sin embargo, no permiten afirmar que esas percepciones representen al conjunto de la población boliviana ni establecer conclusiones de alcance nacional.

La publicación no detalla otros elementos metodológicos relevantes, como el método de selección de los encuestados, el nivel de confianza ni eventuales ajustes de ponderación, información necesaria para una evaluación independiente del peso estadístico de los resultados.

En contextos de alta sensibilidad política, la diferencia entre una medición sectorial y un indicador nacional resulta clave. En este caso, los datos existen y son verificables dentro de su universo, pero su alcance es limitado, y su presentación como señal amplia del rumbo del país va más allá de lo que la metodología del estudio permite sostener.