Presidente admite conocimiento previo del caso “maletas” en medio de arrestos y críticas por inacción

La Paz/Santa Cruz.- El presidente Rodrigo Paz revelo el martes que el Gobierno contaba con información previa sobre el denominado caso “maletas”, una investigación por presunto tráfico ilícito que involucra a la exdiputada de CREEMOS Laura Rojas y al juez Hebert Zeballos. La declaración provocó cuestionamientos de legisladores opositores por la falta de una denuncia pública inmediata.

Las afirmaciones del mandatario coincidieron con la ampliación de las investigaciones judiciales que derivaron en la aprehensión de tres funcionarios judiciales en Santa Cruz, vinculados, según la Fiscalía, a una empresa de seguridad relacionada con el juez actualmente detenido.

“Esta información la manejábamos tiempo atrás, hemos ido generando los pasos adecuados para entender la primera estructura”, dijo Paz en una entrevista radial, al referirse al caso. El presidente sostuvo que la estrategia gubernamental buscó evitar “escándalos” y que será el sistema judicial el encargado de establecer responsabilidades penales. “La justicia tiene que demostrar con claridad sus procedimientos”, añadió.

Las declaraciones se producen casi dos meses después del ingreso al país, el 29 de noviembre de 2025, de un vuelo privado procedente de Estados Unidos que transportaba 32 maletas vinculadas con la ex diputada Rojas y el ciudadano uruguayo estadounidense Grabiel Juliano Leoni, de quien no se más información y no es mencionado en las investigaciones.

De acuerdo con la Aduana Nacional, el equipaje no fue revisado en su momento luego de que la exdiputada presentara un pasaporte diplomático, situación que actualmente es objeto de investigación administrativa y penal.

Tras la revelación presidencial, surgieron críticas desde la oposición. La diputada Lucero Justiniano, de la alianza Libre, afirmó que el presidente debió haber denunciado el caso cuando tuvo conocimiento de los hechos y pidió que la investigación se amplíe a todas las autoridades que manejaron información previa.

En el mismo sentido, la diputada Julieta Jiménez, de Unidad, señaló que el mandatario “se equivocó” al no informar públicamente ni activar acciones judiciales en noviembre.

Hasta el momento, el ministro de Gobierno, Eduardo Oviedo, no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre el alcance del conocimiento previo del Ejecutivo, pese a que el caso involucra controles de Aduana y de las fuerzas antidrogas. Este silencio ha sido señalado por distintos actores políticos como un elemento relevante en el debate público.

Nuevas aprehensiones

El caso se activó formalmente tras una alerta internacional relacionada con el vuelo privado que trasladó las maletas desde Estados Unidos. A partir de ello, la Fiscalía ejecutó el martes órdenes de aprehensión contra tres funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Según el fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, los detenidos son socios capitalistas y presuntos testaferros de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., vinculada al juez Hebert Zeballos. En un allanamiento realizado el 20 de enero, las autoridades hallaron cerca de 80 kilos de marihuana y maquinaria industrial para el procesamiento de droga. La Fiscalía indicó que la documentación encontrada en el lugar forma parte del cuadernillo de investigaciones.

Situación de los implicados

• Laura Rojas: La exdiputada y candidata a concejal permanece internada en una clínica privada de Santa Cruz bajo custodia policial. Su audiencia cautelar fue postergada por razones médicas, según su defensa. La Aduana Nacional confirmó que utilizó un pasaporte diplomático en su ingreso al país el 29 de noviembre, hecho que está bajo investigación.
• Hebert Zeballos: El juez y principal accionista de la empresa investigada cumple detención preventiva por 120 días en la cárcel de Palmasola.
• Roy Rony P. R.: El guardia de seguridad de la empresa, quien declaró no tener conocimiento de las actividades ilícitas, recibió 180 días de detención preventiva, una medida más extensa que la impuesta al juez.

Sectores afines al expresidente Evo Morales calificaron el caso como una señal de un presunto “narco-Estado”, mientras cuestionaron que el equipaje haya atravesado distintas instancias de control sin observaciones iniciales, hasta que se emitió una alerta internacional.