Justicia ordena a vicepresidente borrar videos y agrava disputas con el gobierno de Paz
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Santa Cruz.- La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó el pasado miércoles al vicepresidente Edman Lara eliminar publicaciones en redes sociales contra el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, una decisión que ahonda las pugnas y divergencias internas dentro del gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El fallo da la razón a Justiniano y a su hermano, el empresario maderero Diego Andrés Justiniano, quienes presentaron una acción de protección de privacidad alegando vulneración de sus derechos a la honra, reputación y dignidad por parte del vicepresidente.
La resolución ordena la eliminación inmediata de todos los videos y mensajes difundidos por Lara en TikTok y otras plataformas digitales, así como la notificación a las empresas de redes sociales para coordinar la supresión del contenido. El tribunal también exhortó a la Vicepresidencia del Estado a establecer protocolos formales de comunicación pública.
El conflicto se originó a fines de diciembre, cuando Lara acusó públicamente en TikTok al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, de presuntos vínculos con el narcotráfico. Aunque las acusaciones se dirigieron contra el viceministro, el ministro Óscar Mario Justiniano sostuvo que los señalamientos afectaron directamente su reputación personal y la de su entorno familiar y empresarial.
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Diego Andrés Justiniano es director ejecutivo de Exomad Green, empresa exportadora de madera, vicepresidente de la Cámara Forestal de Bolivia y accionista mayoritario del periódico El Deber. Ambos demandantes argumentaron que las publicaciones del vicepresidente tuvieron impacto directo en su reputación empresarial e institucional.
En la sentencia, el vocal Alaín Núñez señaló que existió daño a la honra, reputación y dignidad de los accionantes, mientras que la vocal Carla García afirmó que las autoridades públicas tienen una responsabilidad especial en el uso de redes sociales debido a su alcance e impacto.
Tras conocerse el fallo, Lara afirmó que no administra las cuentas donde circulan los videos cuestionados y acusó presiones sobre jueces y vocales, ampliando el conflicto hacia la cúpula judicial.
La decisión judicial se produce en un contexto de tensiones crecientes dentro del Ejecutivo, donde Lara ha mantenido enfrentamientos públicos con ministros del gabinete de Paz, y en medio de cuestionamientos persistentes sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia.