Carreteras despejadas tras crisis por DS 5503, mientras BID llega con oferta de financiamiento
2 min. 
La Paz.- Las carreteras de Bolivia quedaron expeditas este martes tras casi siete días de bloqueos vinculados al rechazo al Decreto Supremo 5503, en coincidencia con la llegada al país del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, para revisar proyectos de inversión y discutir apoyo financiero al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), según fuentes oficiales.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes que no se registran puntos de bloqueo, un día después de que el Gobierno comenzara a socializar el Decreto Supremo 5516, emitido tras un acuerdo alcanzado el domingo con la Central Obrera Boliviana (COB).
El conflicto se había intensificado durante casi una semana, alcanzando en su punto más crítico más de 70 bloqueos, de acuerdo con datos oficiales.
El Decreto 5516, publicado dentro del plazo de 48 horas comprometido con la COB, abroga el Decreto 5503, calificado por sectores sindicales como “inconstitucional”, y mantiene la eliminación de la subvención a los combustibles, además de ratificar programas sociales, el incremento del salario mínimo nacional y algunos bonos. El lunes aún persistían bloqueos, principalmente en Cochabamba, ante la expectativa de la norma.
En paralelo, el viceministro de Planificación del Desarrollo, José Luis Llanos, confirmó que Goldfajn llega este martes a Bolivia, donde se reunirá con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete económico para analizar apoyo financiero y técnico a proyectos del PDES, y el miércoles 14 sostendrá encuentros con empresarios en Santa Cruz.
Llanos señaló que, tras 15 años, un presidente del BID vuelve al país con interés en la planificación y en financiar programas regionales.
La visita ocurre mientras el debate político sobre los bloqueos sigue abierto. En la Asamblea Legislativa, el diputado Carlos Alarcón impulsa desde diciembre un proyecto de “Ley Antibloqueos” que propone penas de hasta 20 años de cárcel para bloqueos violentos y garantías legales para fuerzas del orden, iniciativa que permanece en comisión y no guarda relación directa con los decretos recientemente abrogados, según el propio legislador.