Bolivia tras el acuerdo: Una COB revitalizada y un gobierno con «preaviso»
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Apenas dos meses después de su juramentación, el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta su primera y más severa prueba de gobernabilidad. La abrogación del Decreto Supremo 5503, forzada tras semanas de masivas protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), ha dejado al Ejecutivo en una posición de debilidad política prematura, lo que en el argot político se conoce como un «gobierno pato cojo». Mientras el oficialismo intenta reposicionarse anunciando un nuevo decreto que preserve el núcleo económico del paquete, las fracturas internas y las demandas sociales exponen la fragilidad de su proyecto.
El discurso de medianoche del presidente Paz, grabado junto a su gabinete, buscó proyectar control y continuidad. Defendió el legado del 5503 como un instrumento que «cumplió su objetivo» de evitar el «colapso de la patria» y ahorrar 10 millones de dólares diarios, atribuyendo las carencias a los bloqueos que, según él, costaron el doble. Su anuncio de un nuevo decreto para «consolidar las conquistas» y de una comunicación directa con las bases para sortear a los «malos dirigentes» revela una estrategia de recentralización del relato.
Sin embargo, este mensaje fue inmediatamente contrapesado y casi desautorizado por su propio vicepresidente, Edmand Lara. En un video dirigido explícitamente a Paz, Lara calificó la abrogación no como una simple advertencia, sino como un «memorándum de preaviso de despido» proveniente del pueblo movilizado.
Su admonición – «si no se trabaja con el pueblo, es mejor no ocupar el cargo» – y su agradecimiento a las bases movilizadas evidencian una grieta profunda en la coalición de gobierno. Lara, quien se atribuye el traslado del voto «evista» que llevó a Paz a la segunda vuelta, parece reclamar su peso político y distanciarse de un estilo de gobierno que percibe alejado de los acuerdos preelectorales.
La COB celebra una victoria
Para la COB y su secretario ejecutivo, Mario Argollo, el acuerdo es una victoria clara. «La abrogación de este maldito decreto 5503», declaró Argollo, celebrando el objetivo central de la movilización: tumbar una norma considerada inconstitucional y «entreguista». El dirigente defendió la transparencia del proceso frente a críticas de sectores radicales, subrayando que la presión social es la herramienta legítima del pueblo.
No obstante, el triunfo no es absoluto. La permanencia del «gasolinazo» y las medidas económicas en el nuevo decreto muestra los límites de la negociación. Además, la escena de Ponchos Rojos agrediendo el vehículo de Argollo en El Alto es un síntoma de la fractura dentro del propio movimiento social. Sectores radicales, que corean consignas como «queremos la renuncia [de Paz]», rechazan el acuerdo y mantienen bloqueos, desafiando la autoridad de la dirigencia de la COB y obligando a la intervención policial. Esto revela que el descontento social, una vez desatado, es difícil de contener dentro de los cauces de un pacto.
La derecha: Alivio aconómico y crítica por ineptitud política
Desde el sector que respaldó a Paz como el «mal menor», las reacciones son de alivio mezclado con frustración. Samuel Doria Medina, figura clave tras bambalinas, celebró que «siguen vigentes los mecanismos necesarios para resolver la crisis» y que «lo más importante para la estabilización se mantiene», atribuyendo el conflicto a errores en la «redacción y difusión» del decreto.
Siempre he creído que un acuerdo es mejor que una guerra.
Con el preacuerdo logrado entre el gobierno y la COB, nos podemos ahorrar mucho sufrimiento.
Lo bueno es que siguen vigentes los mecanismos necesarios para resolver la crisis. Lo más importante para la estabilización se…— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) January 11, 2026
En cambio, la crítica más mordaz viene de voces como la del periodista Carlos Valverde, quien en redes sociales tildó de «estupidez política» perder una batalla ante «la institución menos creíble del país» (refiriéndose a la COB), por no haber buscado previamente el apoyo del «parlamento opositor no radical». Su mensaje resume el desencanto de un sector que esperaba un gobierno técnico y eficaz, no uno que revitalizara a su principal antagonista histórico.
Perder así, con la institución (si llega a serlo) menos creíble del país; solo por no acercarse al parlamento opositor no radical, es una estupidez política; busquen apoyo, las elecciones ya pasaron. Es tiempo de gobernar, no de “resucitar” la COBhttps://t.co/sdK01Hr0Tt
— Carlos Valverde B. (@CFValverde) January 11, 2026
Un gobierno debilitado en vísperas de nuevas pruebas
El balance a dos meses es contundente: Rodrigo Paz llega debilitado a su primer gran desafío. Subestimó la capacidad de reacción del movimiento social y sobreestimó el capital político automático del millón de votos heredados. Su intento de gobernar por decreto y por encima del diálogo chocó con la realidad boliviana, donde la calle sigue siendo un poder constituyente.
Ahora, el gobierno debe navegar un panorama complejo: redactar un nuevo decreto que satisfaga mínimamente a una COB expectante, gestionar la abierta disidencia de su vicepresidente y contener la radicalización en sus flancos. Todo esto en vísperas de las elecciones subnacionales, que se perfilan como un plebiscito anticipado sobre su gestión. En ellas, con los sectores populares tradicionales aún marginados de la contienda, una derrota oficialista podría consolidar su condición de «pato cojo» y definir el resto de su mandato.
Bolivia sale de esta crisis con un gobierno herido, una oposición social revitalizada y la misma pregunta de fondo sin resolver: ¿cómo construir un modelo económico estable sin fracturar el frágil tejido social y respetando los marcos constitucionales? El «memorándum de preaviso» ya fue entregado. La respuesta del gobierno definirá si se confirma el despido político o si logra, contra pronóstico, reconducir su mandato.