DS 5503 pone a Bolivia frente a una nueva encrucijada

Veintidós años después de que la «Guerra del Gas» unificara al pueblo boliviano en una lucha que derrocó a un gobierno y abrió las puertas al «Proceso de Cambio», una nueva y poderosa ola de movilización social sacude al país. La paradoja es histórica: aquel movimiento que llevó al MAS al poder y transformó el Estado ha encontrado, en su fase de aparente declive, un nuevo catalizador de unidad popular. Pero esta vez, la unidad se levanta *contra* el gobierno que emerge de las cenizas de ese mismo proceso.

El triunfo electoral de Rodrigo Paz en la segunda vuelta de 2025, marcada por la exclusión del sector de Evo Morales, pareció cerrar un ciclo. Analistas y actores del Comité Cívico Pro Santa Cruz declararon al MAS «fuera de la historia». Sin embargo, el nuevo gobierno, que llegó con un discurso moderado y promesas de mantener subsidios, ha activado en apenas meses una resistencia de magnitudes inéditas desde 2003. El detonante: el Decreto Supremo 5503, un «Paquete Integral de Estabilización» emitido en diciembre, que declara una Emergencia Económica y Social, pero que en realidad intenta restaurar un modelo económico que se consideraba ya superado en la historia boliviana.

La grieta constitucional

Además de los efectos del «gasolinazo» –la suspensión del subsidio al diésel y la gasolina–, el corazón del conflicto radica en lo que amplios sectores jurídicos y políticos denuncian como una fractura constitucional. El decreto, fundamentado en la Ley de Gestión de Riesgos, ha sido utilizado para implementar medidas de profundo calado estructural sin el filtro de la Asamblea Legislativa.

Expertos constitucionalistas señalan al menos tres fisuras graves:

1. El texto introduce modificaciones tributarias, exenciones y un «Régimen Extraordinario de Promoción de Inversiones» que otorga estabilidad jurídica reforzada a contratos. Materias que, por principio constitucional, requieren deliberación parlamentaria.
2. Faculta al Banco Central a gestionar líneas de financiamiento externo y *swaps* con respaldo de activos del Estado, un mecanismo que podría equivaler a contratación de deuda pública sin el control previo de la Asamblea, vulnerando el Artículo 158 de la CPE y rozando la inalienabilidad de los recursos naturales.
3. La figura de la emergencia, que no suspende la Constitución, es empleada para legislar en áreas estratégicas, desplazando al órgano deliberativo por la vía del decreto.

Esta lectura no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Voces tan disímiles como el vicepresidente Edmundo Lara, parlamentarios de LIBRE, y líderes de opinión de la derecha mediática como Carlos Valverde o Amalia Pando, han coincidido en señalar el carácter cuestionable del marco legal del DS 5503. La denuncia de inconstitucionalidad se ha convertido en un raro punto de convergencia en un país históricamente polarizado.

DS 5503: Gobernar sin ley, sin control y con un texto insostenible por sus errores

De la protesta sectorial a la «lucha nacional»

Si el marco legal es el combustible, la chispa la ha proporcionado el impacto social inmediato. Pero lo que comenzó como protestas contra el alza de combustibles ha mutado rápidamente. Bajo el liderazgo reconstructor de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por Mario Argollo, el movimiento ha logrado articular un discurso que trasciende la lucha de los asalariados al grito de “Bolivia no se vende”.

«Esto tiende a volverse una revolución», afirmó Argollo, en una declaración que encapsula la escalada. La COB ha logrado unir en las calles a mineros, campesinos, fabriles y –signo crucial– a juntas vecinales de El Alto, el símbolo histórico de la insurgencia urbana. Con cerca de 60 puntos de bloqueo a nivel nacional y la amenaza de una incorporación masiva desde los barrios, la protesta ha adquirido una dimensión territorial y social que recuerda los momentos álgidos de crisis política boliviana.

La batalla por el relato

Un giro estratégico fundamental en este conflicto es la batalla comunicacional. El gobierno y gran parte de los medios tradicionales (radio y TV) han insistido en un relato que reduce las protestas a «minorías efectivas» que impiden el trabajo, legitimando el paquete económico como necesario.

Frente a esto, el movimiento popular ha desplegado una ofensiva digital sin precedentes. Sindicatos, analistas afines y colectivos producen y viralizan contenido en redes sociales, realizan transmisiones en vivo, y desglosan los alcances del decreto más allá de los combustibles: privatizaciones encubiertas, beneficios a grupos económicos concentrados y un ajuste fiscal regresivo. El histórico cerco mediático que favorecía al gobierno de turno se ha visto severamente debilitado por esta efervescencia digital, amplificando voces críticas y diversificando el flujo de información.

Un panorama fragmentado y un futuro incierto

El gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en una encrucijada. Su exigencia de que la COB presente «propuestas por escrito» y retorne a mesas de diálogo choca con la firmeza de un movimiento que solo acepta la abrogación total del decreto y que ya suma, entre sus demandas, la renuncia del ministro de Trabajo. La negativa judicial a una acción popular en Santa Cruz solo ha alimentado la narrativa de un sistema de justicia cooptado, profundizando la desconfianza.

Mientras, en regiones como Tarija, las movilizaciones adquieren otra capa: defensores ambientales se alzan contra operaciones de Petrobras en la reserva de Tariquía, amparadas en las mismas decisiones ejecutivas, mostrando cómo el descontento se ramifica.

Más allá de las trincheras

Veintidós años después, Bolivia vuelve a estar unida por el rechazo, pero en un escenario infinitamente más complejo. El «Proceso de Cambio», agotado por la corrupción, las fracturas internas y la pérdida de legitimidad, dejó un vacío que un gobierno de transición tecnocrática no ha podido llenar. El DS 5503, en su intento por imponer un shock de estabilización con el sello de los grupos de poder económico, no solo reactivó el conflicto social, sino que logró lo improbable: reunir, en una crítica plural pero concertada, a la vieja guardia sindical, a sectores populares desencantados, a analistas de centro y a una parte de la oposición política tradicional alrededor de la defensa de la Constitución.

El país no está únicamente frente a un debate económico sobre subsidios o inversión. Está ante una disputa sobre los límites del poder ejecutivo, la vigencia del Estado de Derecho y los mecanismos legítimos de transformación. Como bien apunta la reflexión final de nuestro insumo, la convivencia exigirá sacar la cabeza de las trincheras y reconocer esta complejidad.

La pregunta que flota sobre los bloqueos y las exigencias de renuncia es si las fuerzas políticas y sociales serán capaces de construir, desde este nuevo punto de fractura, un diálogo que reconstruya los puentes institucionales, o si Bolivia se encamina hacia una prolongada y peligrosa ingobernabilidad. La respuesta aún se escribe en los caminos bloqueados y en las redes sociales.