Sala Constitucional de Santa Cruz rechaza acción popular contra DS 5503 y ratifica vigencia de la norma
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Santa Cruz.- La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz rechazó este viernes una acción popular presentada contra el Decreto Supremo 5503 y ratificó que esa vía no es competente para cuestionar la constitucionalidad de decretos, facultad que corresponde de manera exclusiva al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El tribunal denegó la tutela solicitada por el abogado Wilmer Juan Vásquez Flores, quien pidió que el decreto sea declarado inconstitucional y anulado.
Durante la lectura de la resolución, la presidenta de la Sala, Carla Arancibia, señaló que la acción popular no es un mecanismo de control normativo y que su alcance se limita a la protección de derechos e intereses colectivos frente a actos u omisiones concretas.
En la fundamentación, el vocal Alaín Núñez explicó que la Constitución y el Código Procesal Constitucional establecen de forma expresa que las acciones de inconstitucionalidad, abstracta o concreta, son las únicas vías para determinar si una norma es compatible con la Constitución. “El Tribunal Constitucional Plurinacional es el único competente para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de decretos”, afirmó.
Arancibia añadió que, si bien la acción fue admitida inicialmente conforme a la normativa y la jurisprudencia constitucional, tras la audiencia y el análisis de la documentación presentada se concluyó que los argumentos del accionante no cumplían los presupuestos de procedencia.
Indicó además que los supuestos derechos colectivos invocados no fueron claramente identificados ni debidamente fundamentados.
La acción popular estaba dirigida contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el TCP, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y otras instancias.
Con la decisión de la Sala, el Decreto Supremo 5503, que entró en vigencia en diciembre y que incluye, entre otras medidas, la eliminación de la subvención a los combustibles, se mantiene vigente.
La norma forma parte de un paquete de disposiciones adoptadas por el Gobierno en el marco de una declaratoria de emergencia económica, financiera, energética y social, y ha generado protestas y bloqueos en distintas regiones del país.
Mientras el Ejecutivo ha sostenido diálogos con varios sectores sociales, otros grupos mantienen las movilizaciones en rechazo al decreto.