Exsacerdote acusado de pederastia queda libre, sobrevivientes bolivianos exigen juicio en rebeldía
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La justicia uruguaya dejó en libertad al exsacerdote Juan José Sant’Anna, acusado en Bolivia de agresiones sexuales contra niños y adolescentes del internado Ángel Gelmi de Tapacarí, tras rechazar su extradición por considerar prescritos los delitos, una decisión que desató la indignación de sobrevivientes y los llevó a exigir que sea procesado en rebeldía por crímenes sexuales imprescriptibles contra menores.
Sant’Anna fue detenido el 26 de septiembre en la ciudad uruguaya de Salto, a partir de una alerta roja de Interpol, y permaneció casi dos meses y medio bajo custodia mientras Bolivia tramitaba su extradición. Un juez uruguayo rechazó finalmente el pedido y ordenó su liberación, al concluir que los delitos imputados habrían prescrito conforme a la legislación de ese país.
Uruguay había otorgado inicialmente 40 días para que Bolivia envíe la documentación de respaldo y luego amplió el plazo por 45 días adicionales, con énfasis en información relativa a la edad de las víctimas.
La causa se remonta a 2005, cuando el entonces sacerdote llegó a Tapacarí para dirigir el ala masculina del internado Ángel Gelmi, donde convivían 72 menores de entre 7 y 17 años, en su mayoría de familias en situación de vulnerabilidad.
Relatos de los abusos y reacción de la Iglesia
Los abusos salieron a la luz en octubre de 2007, cuando una religiosa encontró a un niño llorando y él le confesó que el sacerdote lo “molestaba mucho”, lo que dio paso a un proceso de contención y entrevistas con apoyo psicológico que permitió identificar más víctimas.
Testimonios y cartas recogidos entonces describen un patrón reiterado: Sant’Anna llevaba a los menores a su cuarto, cerraba la puerta con llave y los agredía sexualmente; algunos sobrevivientes relataron que los dormía con alguna sustancia antes de atacarlos.
Las denuncias motivaron la intervención del entonces arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, quien reconoció públicamente el caso y pidió perdón el 7 de noviembre de 2007. Pese a ello, el acusado huyó en 2011 y fue declarado rebelde, y en 2010 llegó a admitir los hechos ante un periodista uruguayo, al decir que las acusaciones eran ciertas y que se sentía “muerto”, aunque permaneció en libertad durante años.
Exigencias de las víctimas y camino jurídico
Tras la decisión de la justicia uruguaya, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) reclamó que se reactive en Bolivia el proceso en rebeldía contra el exsacerdote. Su vocero, Pedro Lima, recordó que Bolivia y Uruguay son parte del Estatuto de Roma, que considera la violencia sexual contra menores como una forma de tortura y un delito de lesa humanidad, figuras que se consideran imprescriptibles y que, a su juicio, permiten reencuadrar el caso.
La organización plantea que la causa sea recalificada como violación de infante, niño o adolescente con agravantes, con la mira puesta en una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Con una eventual sentencia ejecutoriada en Bolivia, la CBS busca que se solicite nuevamente la extradición de Sant’Anna, esta vez sobre la base de cargos considerados imprescriptibles en el derecho internacional, abriendo un nuevo frente judicial entre ambos países y manteniendo vigente el reclamo de justicia de las víctimas.