El ex ministro de Gobierno Murillo ya está en Bolivia

Sonriente, enmanillado y visiblemente despreocupado, el exministro de Gobierno Arturo Murillo llegó a la ciudad de Santa Cruz, tras su deportación de Estados Unidos a la conclusión de una condena por lavado de dinero vinculado al millonario sobreprecio en la compra de agentes químicos en 2019.

A su llegada al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, vestía una chamarra de color negro y un pantalón plomo. Ni bien arribó a suelo boliviano fue aprehendido y notificado con las condenas y procesos que enfrenta por una serie de hechos de corrupción cometidos cuando ejercía el cargo de ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez.

Estuvo encarcelado desde mayo de 2021 en Estados Unidos, acusado de conspiración, junto a sus cómplices, para el lavado de dinero y sobornos, relacionados con la compra irregular de material antidisturbios en Bolivia.

Murillo cuenta con dos sentencias ejecutoriadas en Bolivia: La primera, por el denominado caso “Gases Ecuador”, que se refiere al ingreso irregular de armamento desde ese país en 2019. Su condena es de cinco años y cuatro meses.

La segunda, por el caso de los “gases lacrimógenos”, precisamente por el que fue condenado en Estados Unidos. Huyó al país del norte tras saberse ganador el MAS en las elecciones y poco después se conoció de su aprehensión.

También enfrenta otros procesos penales, como por las masacres de Senkata y Sacaba, donde fueron asesinadas más de 20 personas por impactos de bala en una operación policial-militar contra movilizaciones sociales.

Murillo desempeñó un rol central en el gobierno de Jeanine Áñez y fue uno de los principales responsables de la represión durante la crisis poselectoral de 2019.

“Unánimemente han dicho que lo ocurrido en Senkata y Sacaba fueron masacres, y uno de los autores principales, la persona que movilizó el operativo conjunto entre la Policía y los militares, es Murillo”, afirmó el abogado de las víctimas de Senkata, Thomas Becker.

Agregó que el exministro estaba a cargo de las fuerzas estatales en ese contexto y que su procesamiento es fundamental para garantizar justicia y evitar hechos de violencia en el futuro.

El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba (Cochabamba), una movilización de campesinos cocaleros que se dirigía hacia la ciudad fue reprimida por fuerzas policiales y militares, con un saldo de al menos 10 personas muertas y decenas de heridos.

Días después, el 19 de noviembre, en la zona de Senkata (El Alto), otra intervención armada contra manifestantes que protestaban cerca de la planta de YPFB derivó en la muerte de 10 personas y más de 70 heridos.

Ambos hechos fueron calificados como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante los operativos conjuntos ordenados por el gobierno transitorio de Áñez.

Murillo, quien estuvo al frente del Ministerio de Gobierno en ese periodo, es señalado por su responsabilidad directa en la coordinación de esas operaciones. (Con información de ABI)