Ordenan la aprehensión del exministro César Siles por el caso Consorcio
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La Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión contra el exministro de Justicia, César Siles, implicado en caso Consorcio, por presunta manipulación de la Justicia, tras la filtración de un audio atribuido a una conversación suya con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, en que supuestamente instruía la destitución de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La orden contra el exministro fue emitida por la comisión de fiscales en base a últimos elementos colectados, señaló el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, al confirmar la orden de aprehensión y mandamiento contra el hasta el viernes, colaborador del presidente Luis Arce.
“En base a los últimos elementos que se han podido colectar, la comisión de fiscales ha emitido una resolución de aprehensión y un mandamiento contra esta persona”, confirmó Mariaca, en referencia a Siles.
Una vez ampliada la investigación contra Siles, el exministro afirmó que no huirá y que se defenderá de la acusación. “Yo no me voy a escapar, estoy acá en Bolivia; vamos a asumir defensa, con los descargos correspondientes cuando el Ministerio Público nos convoque”, dijo en un video en redes sociales el martes.
Cuatro aprehendidos
Desde que se desveló el supuesto consorcio, hace una semana, ya se encuentran detenidas cinco personas: el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, el presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Yván Córdova, el magistrado suplente Iván Campero, y ayer fueron aprehendidos el abogado José Ramiro Uriarte y la vocal Claudia Castro.
La investigación tiene como pieza central el teléfono celular del juez Lea Plaza, que fue secuestrado el 12 de junio, durante el allanamiento al Juzgado Público Mixto de Coroico. En el dispositivo se encontró la resolución de la acción de cumplimiento que ordenaba la inhabilitación de Coaquira.
A la fecha, la causa ha sido declarada en reserva por 10 días y el Ministerio Público anticipó que continuará con la toma de declaraciones a otras autoridades mencionadas en los audios.
Mientras tanto, sectores políticos exigieron al Gobierno y a las instancias judiciales que se garantice la independencia de poderes y que se sancione a todos los responsables, sean actores judiciales o políticos, que hayan intentado manipular la estructura institucional del país.