Bolivia: Los conflictos sociales y el crecimiento económico en 2024

En el año 2024, la economía boliviana atravesó muchas dificultades, marcado por un incremento en los conflictos sociales que han afectado negativamente al sector productivo y al bienestar de la población. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el año pasado se han presentado 563 hechos de conflictividad, registrándose en mayor intensidad los conflictos de índole económico, social y político. Por departamento, la mayor cantidad de los problemas sociales se presentaron en La Paz (146), Santa Cruz (113) y Cochabamba (77). El bloqueo fue la medida de presión más veces aplicada en Bolivia con 166 eventos, lo que representa el 29,5% del total, seguido por las marchas con 142 sucesos.

Los bloqueos de carreteras, las huelgas y las movilizaciones, lejos de resolver las problemáticas que motivaron su origen, han desfavorecido la situación económica, generando pérdidas millonarias. Según reportes oficiales del gobierno central, los conflictos sociales y bloqueos prolongados (por más de 40 días) registrados en 2024 generaron pérdidas económicas de aproximadamente USD3.000 millones, afectando principalmente al sector agropecuario, la industria, el comercio y el transporte. Las interrupciones en la cadena de suministros han provocado el encarecimiento de productos, desabastecimiento en mercados y la paralización de diversas actividades productivas.

Uno de los sectores más golpeados ha sido el agropecuario. Los bloqueos han impedido el transporte de alimentos desde las regiones productoras hasta los centros urbanos, generando pérdidas para los productores y un aumento en los precios para los consumidores. De igual manera, la industria y el comercio sufrieron grandes perjuicios debido a la falta de insumos y la imposibilidad de distribuir sus productos.

El sector del transporte también ha sido víctima de estas medidas de presión. Conductores de carga pesada y transporte público enfrentaron cuantiosas pérdidas por la imposibilidad de operar con normalidad. Esta situación no solo genera perjuicios económicos, sino que afecta la vida cotidiana de miles de ciudadanos que dependen del transporte para sus actividades diarias.

Si bien es cierto que las protestas y movilizaciones son derechos legítimos en una democracia, es fundamental encontrar mecanismos de expresión que no perjudiquen al desarrollo económico ni a la transitabilidad de la población. Es importante considerar el diálogo y la negociación previa, donde las organizaciones sociales y el gobierno establezcan mesas de trabajo antes de recurrir a medidas extremas como los bloqueos. La mediación y el consenso pueden generar soluciones más efectivas y sostenibles.  En la era actual denominada “Era digital”, las redes sociales y los medios digitales, pueden ser utilizados como alternativas más eficaces para visibilizar las demandas, sin afectar directamente la economía.

La conflictividad social en el país demostró ser un freno para el aparato productivo, que juntamente con otras variables, desaceleraron el crecimiento económico. Es así que, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que en 2024 Bolivia crecería al 1,7% y el Banco Mundial estimó 1,4%, menor al nivel alcanzado en 2023.

Si bien es legítimo que la población exija sus derechos, los bloqueos de carreteras y otras formas de protesta que afectan a la economía terminan perjudicando a los mismos sectores que forman parte del conflicto. Es urgente un cambio de estrategia en la forma en que se expresan las demandas sociales, priorizando el diálogo y la búsqueda de soluciones sostenibles. Solo así se podrá garantizar un desarrollo económico estable sin afectar los derechos de toda la población.