¿Bolivia está quebrada?
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El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha quedado como una estructura vacía. Llegó al poder con un amplio respaldo popular, pero hoy está sumido en una fuerte crisis que hace que muchos comiencen a contar los días en los que todavía seguirá al mando del país.
El presidente, Luis Arce, era considerado como uno de los artífices de la estabilidad económica vivida entre 2005 y 2019, pero ahora la falta de carburantes y dólares parecen mostrar problemas al mando de un país. “Yo era ministro de Economía, no de Hidrocarburos”, dijo Arce, según quien “nos habíamos estado comiendo el gas y ése es el principal motivo que explica todo lo que sucede en el país; el país vivía del gas, pero no se cuidó la nacionalización”.
“Queremos aclarar a muchos políticos que claramente tienen la intención de generar zozobra en nuestro país; (y) hablan de que nuestro país está quebrado. Bolivia no está quebrada, tiene una economía que sigue generando inversión pública”, dijo el presidente en una conferencia de prensa.
Según el gobierno, se ha priorizado la inversión pública como motor de desarrollo, enfocando recursos en proyectos de infraestructura y programas destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Sin embargo, los datos revelan que en 2023 la ejecución presupuestaria en inversión pública alcanzó un 66%, aunque en 2024 ese porcentaje bajó al 57% de una inversión pública que fue programada en $us. 4.274 millones.
Esta caída en la ejecución presupuestaria es una de las consecuencias de la disminución gradual de los ingresos hidrocarburíferos ha generado problemas de solvencia y liquidez en el sector público, dificultando la implementación completa de los proyectos planificados. Según datos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la renta petrolera bajó de 2.657 millones de dólares en 2020 a 1.635 millones de dólares en 2024. El 2025 se prevé que esos ingresos bajarán a 1.502 millones de dólares. El descubrimiento de Mayaya Centro-X1, un megacampo en el norte de La Paz, permitirá mejorar los ingresos, aunque todavía hace falta el desarrollo de nuevos pozos y la construcción de un ducto que permita la producción de hasta 10 millones de metros cúbicos de gas y de hasta 1.000 barriles de petróleo por día.
Entre tanto, Bolivia, considerada hasta hace unos atrás una de las potencias gasíferas de la región y el país con hoy la mayor reserva de litio en el mundo, atraviesa por una falta de liquidez, que según el gobierno es transitoria. La escasez de combustible, con largas filas en las estaciones de servicio y alertas del sector agropecuario por posibles pérdidas en la cosecha, evidencian los problemas del gobierno para gestionar los recursos y asegurar el abastecimiento básico.
Un análisis de Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, entre las causas de la escasez de carburantes está la subvención al precio de los carburantes, que demanda el tres por ciento del Presupuesto General del Estado, el contrabando masivo de ellos a países vecinos, el elevado consumo de carburantes en más de 600 mil vehículos indocumentados, además del uso indiscriminado de la gasolina y el diésel subvencionado en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Pero la crisis va más allá de la falta de combustibles. La escasez se extiende al dólar, dificultando las importaciones y afectando a sectores productivos clave. En ese campo el Banco Central de Bolivia (BCB) dejó de publicar los boletines en los que se informaba sobre el nivel de reservas internacionales del país.
Según los indicadores oficiales, a pesar de las dificultades económicas globales, Bolivia ha logrado mantener una inflación que algunos consideran baja, aunque el 9,97% registrado en 2024 es el nivel más alto desde 2019. Por otra parte, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el crecimiento económico de 2024 apenas llegará al 1,17 por ciento del PIB, el menor nivel desde la pandemia del Corona en 2020. En julio del pasado año, Arce había denunciado que había “un boicot, hay (un) estrangulamiento económico desde la Asamblea Legislativa” que no aprobaba créditos necesarios para el manejo económico del país.
La oposición, aliada a los parlamentarios del ala “evista” bloquearon la aprobación de más de mil millones de dólares, recursos que estaban destinados a la inversión pública. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que la oposición se debía a que la deuda externa ya bordeaba el “muy preocupante” nivel de 30.000 millones de dólares. Según el ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la deuda pública consolidada a septiembre de 2024 alcanzaba al 45,1 % del producto Interno Bruto del país, un nivel que se encuentra todavía debajo del 50% recomendado como límite por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mientras que la deuda externa del país bajó del 33 % del PIB en 2020 al 26,8 % del PIB en 2024.
Si todos esos problemas no fueran suficientes, las intensas lluvias del inicio de año provocaron inundaciones devastadoras que dejaron el saldo de al menos 42 muertos, 186 mil familias afectadas, además que provocaron cuantiosos daños a la infraestructura, principalmente puentes y carreteras.
Aun así, el presidente asegura que “como Gobierno, vamos a seguir dando soluciones a nuestro país y todos los problemas que estamos enfrentando”.
Pero la confianza en el presidente cae. Según una encuesta realizada en octubre de 2024 por Ipsos-Ciesmori en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, el 94 % de la población cree que “las cosas en el país van en dirección incorrecta”.
Pero la economía es solo una parte del problema. Denuncias de corrupción cuestionan la transparencia del gobierno, minando su legitimidad y generando desconfianza en las instituciones. Si en 2019 Bolivia ocupaba el puesto 123 entre 180 países en el índice de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, hoy ha caído al puesto 133. Hasta enero de 2025, seis ministros del gobierno han caído en desgracia por cargos de corrupción, siendo el último Alan Lisperguer, exministro de Medio Ambiente y Agua, destituido por denuncias de enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada.
Mientras tanto, la familia del presidente es objeto constante de críticas y especulaciones en las redes sociales donde es involucrada en casos de corrupción relacionados con negocios como el litio y los carburantes. Una de las denuncias fue formalizada ante la Fiscalía General del Estado por el diputado Héctor Arce, quien denunció a Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. “Yo creo en mis hijos, no están metidos en esas cosas”, respondió el presidente Arce en diciembre.
Lejos de terminar, aparecieron nuevas denuncias. El 13 de marzo el portal argentino Letra P denunció “un escándalo de corrupción que involucra a la familia del presidente Luis Arce y a una dinastía empresaria de su entorno más íntimo: los Valdivia”. Según el artículo existe un esquema de corrupción en el cual se compra combustibles a precios inflados, “lo que habría generado ganancias ilícitas para un círculo de poder ligado al hijo del presidente y al empresario Eduardo Valdivia”.
Además. Bolivia enfrenta problemas estructurales de institucionalidad. La justicia está en entredicho, con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ya han terminado su gestión, pero se “autoprorrogaron” en el cargo. Este tribunal emite fallos decisivos para el país de manera tan extraña y selectiva que cuestiona la imparcialidad del sistema judicial. El 21 de marzo, el TCP declaró fundada una nulidad presentada por un diputado contra el presidente del Senado, anulando una sesión parlamentaria donde se había cesado a los mismos magistrados “autoprorrogados”. Sin embargo, la sentencia no afectó otras decisiones tomadas en esa misma sesión, como un crédito millonario y una amnistía, demostrando que solo se anula lo que no conviene al gobierno.
La capacidad del Parlamento para legislar y fiscalizar al gobierno también ha sido severamente limitada. En junio de 2023, el parlamento aprobó la censura al ministro de Gobierno (Interior), pero este fue ratificado en su cargo, dejando al legislativo sin poder fiscalizador efectivo.
A esta situación se suma un control creciente sobre los medios de comunicación, al punto que se habla de la existencia de un grupo de periodistas, analistas y medios que se han puesto al servicio del gobierno, en parte debido a la profunda crisis económica. En un caso difundido en las redes sociales, un periodista aparentemente le reclama a una ministra por un pago acordado. Otros periodistas denuncian que, al publicar notas críticas contra el gobierno, sus medios son sancionados con una reducción de la publicidad, vital en el contexto actual.
La base social del MAS, partido que ganó las elecciones de 2020 con el 55 % de votos, también se ha debilitado significativamente. La cooptación de dirigentes sociales por parte del gobierno ha silenciado las protestas y ha generado una separación entre los líderes y sus bases. Denuncias de prebendarismo pesan sobre muchos de estos dirigentes, quienes han sido acusados de traicionar a sus representados en busca de beneficios personales. En el último congreso de la influyente Federación de Mineros, el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, cercano al presidente Arce, fue abucheado por los participantes. El gobierno mantiene la tendencia, que ya venía desde el gobierno de Evo Morales, de crear organizaciones paralelas para controlar el panorama social, generando un sistema de lealtades clientelares.
Los seguidores de Arce, quien llegó al poder apadrinado por Evo Morales, están en una especie de guerra fratricida contra los seguidores del líder cocalero, dejando al país cuasi paralizado. De hecho, las más grandes movilizaciones sociales contra el gobierno de los últimos cuatro años fueron organizados por el MAS, pidiendo la resolución de los problemas económicos y protección para Evo Morales, contra quien se reactivaron denuncias de una relación con una menor de edad. En el entorno de Morales se denunció persecución judicial, el llamado “lawfare”, debido a que se considera que las denuncias ya fueron investigadas.
La pugna política incluyó la dirección del MAS y la nominación de candidatos a las elecciones de 2025. El denominado ala arcista, conformada por los seguidores del presidente, se ha consolidado en el control del partido, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconociera a Grover García, un cercano a Arce.
Como resultado, muchos militantes del MAS han salido del partido. El 24 de febrero centenares de seguidores de Evo Morales quemaron las banderas azules, símbolo del MAS desde 2002 para plegarse al Frente para la Victoria, un minúsculo partido que en las elecciones de 2020 solo obtuvo el 1,55 % de los votos.
En el MAS quedan principalmente funcionarios públicos, muchos de ellos considerados “puraj-huyas” (doble caras), es decir, personas sin compromiso con los ideales del movimiento, pero que disfrutan de las mieles del poder.
Con su legitimidad cuestionada y agobiado por los problemas, el gobierno convocó a un “Encuentro por la Estabilidad y la Democracia “, reunión a la que no acudieron los principales líderes políticos del país. “Rechazamos todo intento de desestabilización y acortamiento de mandato del gobierno legal y legítimamente constituido, cuya gestión concluye el 8 de noviembre de 2025, y de socavar el orden democrático y constitucional vigente”, dice el cuarto punto de la declaración.
El ex ministro de Justicia, Iván Lima Magne admitió que fue un error que él junto a Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno se enfrentarán a Evo Morales, asegurando que Arce los cuidó y protegió bien al mantenerlos en sus cargos pese a la exigencia de su destitución; el ex Ministro de Justicia terminó admitiendo que incluso no supieron cuidar las formas de referirse a Morales con tal de cuidar y defender al presidente. Esta admisión revela la profunda división interna del gobierno.
El futuro del gobierno para los meses que restan de su gestión parece sellado. Los partidos políticos comenzaron a organizarse para las elecciones generales previstas para agosto de 2025, a la que por primera vez en 20 años el MAS del presidente Arce llegará sin ser el favorito. Una encuesta de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz le da apenas 2 % de la intención de votos. Evo Morales, que se considera a sí mismo como el gran favorito de las elecciones, no es tomado en cuenta por algunas de las encuestadoras, mientras que los otros partidos de la oposición hablan de unidad, pero no logran ponerse de acuerdo para formar un bloque de unidad del que ellos mismos hablan como necesario.
En este gobierno ya casi nadie habla del «proceso del cambio», el discurso con el que llegó al poder en 2020.