Corrupción en Bolivia: del puesto 123 al 133 en el ranking mundial

Redacción Bolpress

Los escándalos de corrupción —desde la compra de combustibles con sobreprecios hasta negocios opacos con el litio y ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico—, que permanecen sin aclararse en la actual gestión gubernamental, están pasando factura al país. Según el último informe de Transparencia Internacional, Bolivia ha caído del puesto 123 en 2019 al 133 en 2024 en el índice global de corrupción.

En los últimos años, las denuncias de corrupción en el sector público se han multiplicado. Aunque algunas han sido desestimadas por el gobierno, la mayoría no ha sido investigada a fondo por las instancias judiciales o legislativas correspondientes, lo que alimenta un clima de impunidad.

Uno de los casos más recientes involucra a la empresa Botrading, intermediaria en la compra de petróleo, diésel y gasolina desde Paraguay, que estaría vinculada a un esquema de negocios millonarios favoreciendo al círculo cercano al hijo del presidente Luis Arce y al empresario Eduardo Valdivia. Según denuncias publicadas en el medio digital argentino Letra P, la empresa habría adquirido combustibles a precios inflados. Este supuesto negociado fue facilitado por un cambio en el reglamento de contrataciones de YPFB, impulsado por el gobierno de Arce, que permite la compra de carburantes sin licitación ni precios de referencia.

El litio en la mira: audios comprometedores y negocios opacos

El 13 de marzo, el empresario boliviano Marcelo Claure acusó al presidente Luis Arce y a su hijo de “quebrar” el país con presuntos actos de corrupción. Claure mencionó un “audio” que comprometería a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del mandatario, y anunció que lo sometería a verificación en un laboratorio especial antes de divulgarlo.

El sector de Obras Públicas también está bajo escrutinio. Uno de los casos más sonados es el de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez, donde la empresa China Harbour Engineering habría pagado coimas a funcionarios de la ABC para adjudicarse el proyecto. En mayo de 2024, 12 implicados fueron sobreseídos y el caso se cerró tras la muerte no aclarada del testigo protegido, Felipe Sandy Rivero, ocurrida en Estados Unidos, según reportó el diario cruceño El Deber.

Sin embargo, estas y otras acusaciones son ignoradas o minimizadas por los principales medios de comunicación, que dependen de la pauta publicitaria del gobierno. Según denuncias, el Ejecutivo amenazaría con retirar la publicidad a aquellos medios que difundan información perjudicial para su imagen.

En este escenario de opacidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), encargada constitucionalmente de fiscalizar al Ejecutivo, incumple su rol. El oficialismo, liderado por el vicepresidente David Choquehuanca, evita o posterga indefinidamente las interpelaciones a los ministros. Incluso, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, censurado en 2023 por el caso de autos robados en Chile, fue reconducido en su cargo por el presidente Arce, en una decisión que ha generado controversia.


Fuentes:

https://eldeber.com.bo/pais/obras-publicas-ejecuto-bs-2000-millones-y-cinco-de-sus-entidades-tienen-denuncias_329323/

https://www.opinion.com.bo/articulo/escena-del-crimen/30-segundos-terror-teorias-detras-asesinato-capitan-policia/20250223000041967478.html

https://www.swissinfo.ch/spa/las-tensiones-en-el-oficialismo-agravan-las-agresiones-contra-periodistas-en-bolivia/88525499

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