55 años del Estatuto de la libertad de prensa

Se promulgó, exactamente, hace 55 años. Fue parte de un movimiento insurgente que, en la turbulenta década de los ’70, se radicalizó en toda la región. En Perú, el Estado desató una guerra mediática con la promulgación del Estatuto de la Libertad de la Prensa, en diciembre de 1969. En Chile, la sociedad cuestionó con vehemencia el poder imperial de los aparatos de información y entretenimiento. En medio de este torbellino, ningún magnate de los medios abandonó el campo de batalla sin presentar resistencia.

En Bolivia, 1970 marcó el inicio de una rebelión periodística contra el orden establecido. Fue en ese contexto que se logró la promulgación del Decreto del 19 de febrero, un hito que otorgó históricos derechos a los trabajadores de la prensa. Con ello, emergió una insubordinación creciente dentro de los medios privados, sofocada finalmente el 21 de agosto de 1971 con el arresto y el exilio de decenas de periodistas.

Ese estallido de resistencia ocurrió en una época de crisis global. La Guerra Fría (1945-1991) alcanzaba su punto de máxima tensión. América Latina hervía en conflictos. En Cuba, la Revolución se consolidaba. En Perú, el general Juan Velasco Alvarado impulsaba políticas antiimperialistas (1968-1975). En Chile, Salvador Allende guiaba a su pueblo hacia el socialismo (1970-1973). Desde 1964, el oscuro Plan Cóndor empezaba a volar.

En ese panorama convulso, la prensa comercial se encontraba en el epicentro del huracán social.
Bolivia no fue ajena a esa efervescencia. Bajo el gobierno de Alfredo Ovando (1969-1970), la agitación social cobraba fuerza. Las secuelas del movimiento guerrillero del Che en 1967 y las masacres mineras de 1965 y 1967 estremecían a los obreros y a la clase media urbana.

Apoyo crítico

El entonces codirector del matutino Presencia, Alberto Bailey Gutiérrez, evocaba el espíritu de la época: la nacionalización de la Gulf, la democratización del Estado, la profundización de la libertad de expresión, la desmilitarización de las minas, la libre vigencia de los sindicatos y la lucha contra la pobreza eran las banderas que movilizaban a diversos sectores.

Tras asumir el poder el 26 de septiembre de 1969, y con el afán de ganar respaldo popular, Ovando derogó la Ley de Seguridad del Estado y los decretos antisindicales. Siguiendo la senda del gobierno peruano, el 17 de octubre nacionalizó la transnacional Gulf.

Ante esa ola de transformaciones, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP) —hoy Federación—, encabezados por Andrés Soliz Rada, adoptaron una postura de «apoyo crítico» al régimen.

Sin embargo, el gobierno requería un respaldo aún más amplio para consolidarse.

La creación de un semanario

“¿Qué hacemos? ¿Un boletín? ¿Algo más ambicioso?” Estas preguntas revoloteaban en la mente de Alberto Bailey cuando asumió el cargo de ministro de Informaciones, Cultura y Turismo. En un principio, se barajó la creación de una Agencia Boliviana de Noticias, un proyecto que avanzó, pero que al final se desmoronó.

Bailey, no obstante, persistió. Luego de intercambiar ideas con periodistas y colegas del gabinete, concibió un nuevo plan: la fundación de un periódico. “Recuerdo con claridad el apoyo y las ideas del ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz”, rememoraba. “Más tarde, él jugó un papel crucial en la elaboración y perfeccionamiento del decreto”.

Cuando el proyecto del semanario tomó forma, Bailey y Quiroga convocaron a Soliz para afinar detalles. “Andrés nos respaldó en todo, su apoyo fue determinante”, afirmaba Bailey. Tres décadas y media después, Soliz ratificaría aquellos recuerdos.

El decreto 19F-70

Así, el 17 de febrero de 1970, el directorio del STPLP, “angustiado por la función poco orientadora de la prensa nacional”, elevó una petición al ministro de Informaciones con cinco reivindicaciones clave: 1) La promulgación de un decreto que prohibiera la circulación de periódicos los lunes, permitiendo a los trabajadores de la prensa un descanso dominical remunerado y la posibilidad de editar su propio semanario; 2) el alquiler de los talleres del ex-periódico La Nación; 3) La “concesión” del 50 por ciento de las páginas editoriales a los periodistas asalariados; 4) la “inamovilidad” de los periodistas por razones de discrepancias ideológico-políticas, y 5) la creación del “impuesto” del 1 por ciento sobre el avisaje de las empresas con destino a los comités sindicales de los medios.

El 19 de febrero, el régimen de Ovando aprobó el Decreto N° 09113, donde 1) se prohibió a los dueños de los medios el despido de periodistas “a causa de sus opiniones”; 2) se concedió el descanso dominical “obligatorio”; 3) se autorizó la edición de un semanario de los periodistas, y 4) se aprobó la columna sindical, que aún tiene plena vigencia.

Cárcel y exilio

La medida causó revuelo entre los dueños de los medios. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) —organización patronal— criticó al gobierno a escala global.

Los “obreros de la prensa”, empero, nunca se rindieron. Como espartanos, lucharon hasta el final. De acuerdo al periodista Daniel Rodríguez, publicaron centenares de columnas sindicales en todos los diarios. Editaron su semanario Prensa, que en cinco meses fue clausurado.

Bajo el gobierno de Juan José Torres (1970-1971), cooperativizaron El Diario, ocuparon varios “medios reaccionarios” y se sumaron a las políticas del proletariado.

Pero, el golpe de Estado de Hugo Banzer, con bala, cárcel, represión y destierro, restituyó el orden mediático establecido.

55 años después, los actos de Alberto Bailey Gutiérrez, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Andrés Soliz Rada y los periodistas de la época continúan presentes en la memoria de los asalariados de la información.