Morales debe declarar el martes; la víctima pide investigar también a la fiscal y al Ministro de Gobierno

“Si alguien está dispuesto a venir, que está dispuesto a morir”. Esa frase es de uno de los seguidores leales del expresidente Evo Morales que se encuentra atrincherado en el Chapare, resistiendo una orden de aprehensión que una fiscal de Tarija dispuso en el marco de una investigación por un caso de trata de personas y estupro. La víctima, en cuyo nombre la Fiscalía de Tarija inició una investigación, no fue explícita en negar la paternidad de Morales, pero se declaró víctima del gobierno y de la fiscal que ahora acusa a Morales y pidió la inclusión como acusados de la misma fiscal y del actual ministro de Gobierno.

Morales fue citado, por edicto, para comparecer ante el juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la violencia a la Mujer el martes 14 de enero a las 9:30. El edicto judicial señala como imputados a Evo Morales y a la madre de la víctima, Idelsa Pozo, mientras que señala a Cindy S.V.P. como víctima.

El jueves la policía detuvo en Yacuiba, ciudad fronteriza con Argentina, al padre de Cindy, acusado de los mismos cargos que el expresidente.

Atrincheramiento en el Chapare, marcha en el altiplano.

Morales y sus seguidores rechazan el caso que fue desarchivado para desprestigiar al expresidente, a quien ellos mismos consideran el favorito para las elecciones generales de 2025.

El domingo, Morlaes afirmó que la denuncia en su contra por presunta trata de personas y abuso sexual presentada en Argentina fue rechazada. «Entonces, no hay ninguna demanda (…) Ya ganamos otra batalla jurídica a nivel internacional», dijo en su programa en radio Kausachun Coca.

Agradezco profundamente la adhesión de compañeros y compañeras de las cooperativas mineras de Cochabamba que llegan hasta el Trópico para acompañar la vigilia instalada y reforzar la seguridad.

Solo el pueblo salva a el pueblo y guardo un particular agradecimiento por todos los… pic.twitter.com/JearrE5lHG

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 9, 2025

El expresidente se “atrincheró” en Lauca Ñ, una población del Chapare cochabambino, principal bastión sindical y político, mientras que el altiplano, en la carretera que une las ciudades de Oruro y La Paz, sus seguidores protagonizan una marcha para exigir al gobierno medidas contra el alza de la canasta familiar, la escasez de dólares y contra el desabastecimiento de combustible, aunque según el gobierno el verdadero objetivo es buscar impunidad para Morales. La marcha no frenará las investigaciones judiciales contra el expresidente por delitos como trata y tráfico de personas, dijo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

Víctima: La fiscal y el ministro de Gobierno deben ser investigados

En sus primera aparición pública, Cindy S.V.P. denunció al canal de suscripción DNews que fue obligada a abandonar Bolivia junto a su hija y acusó al ministro de Gobierno y a la fiscal departamental de Tarija de participar en un entramado de amenazas y encubrimiento.

“Estoy en una situación de peligro, estoy en una situación de riesgo. Vengo escapando. Estoy siendo perseguida por el Gobierno de Arce, por el Gobierno boliviano. Estoy siendo perseguida por los policías, estoy siendo perseguida por la Fiscalía y soy la víctima”, dijo, pero a pesar de la insistencia del periodista no dio detalles sobre la presunta relación con Morales.

“Yo quiero decirle; pero no solamente a él, no solamente a este gobierno, a sus funcionarios… ellos me metieron en sus pugnas políticas; usaron mi caso, usaron mi nombre, usaron a mi familia para aperturar este caso, que yo no lo inicié, yo no lo aperturé, fue aperturado mediante un informe de la Fiscalía. Ellos lo armaron todo, involucraron a mis padres”.

“Con mentiras, con amenazas, nos hostigaron, todo este tiempo nos vienen hostigando con lo mismo. Yo les dije, que por favor no pongan en riesgo la vida de mi hija, pero ellos no hicieron caso. Y aún así, poniendo en riesgo la vida de mi hija, lo hicieron”, agregó en su contacto con DNews.

Cindy S.V.P explicó que su hija nació en 2016 y fue registrada en 2017, aunque este último hecho desencadenó una persecución en la que el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la ahora fiscal que lleva el caso, Sandra Gutiérrez, están implicados.

“En ese tiempo decidimos callar, porque ya dos niños habían desaparecido y yo no quería que eso pase con mi hija. Callamos todo ese tiempo. Pero en 2019, tanto el ahora Ministro de Gobierno como la fiscal departamental de Tarija, que [ahora] por todos los medios de prensa sale a decir que yo soy la víctima, que se tiene que investigar… Ella conoció a mi hija, ella la conoció cuando mi hija era más pequeña; ella la conoció físicamente, la vio, la tocó. Y de la misma manera, Eduardo del Castillo conoció a mi hija”, agregó Cindy.

¿Captura de Morales?

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que la Policía Boliviana cumple con la orden judicial y advirtió que las operaciones para ejecutar la captura se realizarán de manera planificada y sin caer en provocaciones.

El abogado de Evo Morales, Nelson Cox, rechazó la imputación formal presentada contra el expresidente por el delito de trata y tráfico de personas. Cox calificó el caso como «insostenible», argumentando que no existe una víctima denunciante ni pruebas que respalden las acusaciones. Según el abogado, la investigación carece de fundamentos legales y es un intento de desacreditar a Morales sin base sólida.

Además, reiteró que el proceso judicial en su contra carece de «prueba fáctica» y que se trata de un «caso armado» por el gobierno con fines políticos.

El jurista Franklin Gutiérrez señaló que la apertura del proceso contra Evo Morales fue asumida de oficio tanto por la Defensoría del Pueblo como por el Ministerio Público, dado que se trata de un delito de acción pública. Gutiérrez explicó que, al ser un supuesto delito de lesa humanidad, la acusación tiene carácter público, lo que obliga a las autoridades a iniciar la investigación sin necesidad de una denuncia formal. El analista también destacó que, aunque la defensa de Morales insiste en que no hay pruebas en su contra, la acción judicial sigue su curso por el interés del Estado en esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos de las víctimas.

La defensa acusó al gobierno de utilizar las instancias judiciales con fines políticos, apuntando a que el proceso judicial en su contra busca inhabilitar su candidatura para las elecciones de 2025.

¿Lawfare?

Un resumen del caso hecho por el Observatorio Lawfare señala que el caso retoma una investigación impulsada a finales de 2020 y ya había cerrada por una Resolución dada el 10 de diciembre de 2020, “por lo cual se estaría violando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (non bis in idem)”.

El delito Trata y tráfico de personas, y estupro (abuso de una menor de edad) fue presentado por un organismo público. En el caso:

A) La denuncia se origina en un informe realizado por personal de inteligencia de la policía mediante rastreo de redes sociales, sin denunciante, contra Evo Morales y otras dos personas. En el lapso de 2 horas, se emite una Resolución de imputación formal contra el expresidente Evo Morales y una Orden de Aprehensión. Estas acciones no se informan al supuesto denunciado, manejándose de forma secreta, además de no contar con el control jurisdiccional ante la autoridad judicial correspondiente, tal como lo señala el procedimiento penal boliviano. El equipo jurídico de Evo Morales, al tomar conocimiento de estas acciones judiciales ilegales, presenta una Acción de Libertad ante un juzgado del Departamento de Santa Cruz, el cual concede la tutela de esta acción al evidenciarse irregularidades en el procedimiento y deja sin efecto la orden de aprehensión.

B) La jueza que llevó adelante la audiencia sobre la Acción de Libertad, denunció que mientras se desarrollaba la misma, recibió una serie de amenazas en su contra y de su familia, si es que su accionar dejaba sin efecto la Orden de Aprehensión.

C) El Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa (suplantado en el cargo el 29 de Octubre por Roger Mariaca), declaró el 7 de Octubre de 2024: «Se ha dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso, entre ellos el señor Evo Morales, y los padres de la víctima para el día jueves 10 de octubre en la fiscalía departamental de Tarija para que presenten su declaración informativa”. Morales también fue señalado por el Ministro de Justicia, César Siles, de estar involucrado en una investigación por la posible «violación» de una menor, con quien habría tenido un hijo, y por crear una red de jóvenes de entre 14 y 15 años para tener a su disposición durante su Presidencia, a la cual llamó «Generación Evo». Esa denuncia también dice que los padres de la supuesta víctima «lucraron» con ella al entregarla al ex presidente a cambio de favores.

D) Recientemente, el 16 de diciembre, tomó estado público que por esta causa existe formalmente una orden de aprehensión, pedida por la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, por el delito de trata de personas agravada contra Evo Morales la cual aún no fue autorizada por el juez de garantías.