Empresarios y Gremiales no quieren controles destinados a evitar la elevación de precios

Empresarios, sectores productivos, gremiales y transporte pesado exigieron al Gobierno la abrogación de la Disposición Adicional Séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que ordena la realización de controlers para evitar la elevación de precios por ocasionar una “inseguridad jurídica total” para diferentes sectores.

“Solicitamos al poder Legislativo y Ejecutivo, corregir este error funesto para la producción y el abastecimiento a la población nacional, abrogar la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613”, dice un pronunciamiento de una reunión interinstitucional realizada hoy en Cochabamba en la que participaron representantes de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la Confederación de Gremiales de Bolivia (Confenal Gremiales), Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Cámara de Exportadores de Bolivia (Cadex), Cámara Nacional de Industria Oleaginosa (Caniob), Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Unión de Productores Bananeros del Trópico de Cochabamba (Uniban), entre otros.

La Ley 1613 del Presupuesto General del Estado para la gestión 2025 establece en su disposición adicional séptima que «Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las
entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos,
a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los
precios de los mismos».

Además agrega que «todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida
por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural».

Según los empresarios, la falta de dólares fue el “detonante” de una escalada de precios en diversos productos importados y nacionales y que a esto se sumó el desabastecimiento de carburantes.

“Las autoridades, en vez de buscar soluciones de fondo aplican la intervención y el amedrentamiento que lejos de resolver la escasez de productos la profundiza, prueba de ello es que las últimas acciones no han resuelto la falta de arroz y aceite”, dicen.

Sin Embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que esa disposición no va en contra de los gremiales. los gremiales no llevan en cantidades voluminosas y no hacen contrabando a la inversa, los gremiales importan, ¿no? Entonces, comercializan bienes importados, no aquellos que están queriendo salir fuera del país, por lo tanto, eso va a quedar claro en esas mesas de trabajo”, explicó en Bolivia Tv.

Combustible y alimentos producidos en Bolivia son desviados a países vecinos en lo que se denomina el contrabando a la inversa, por su costo. Por ejemplo, el 4 de enero, se interceptó un amión con 4.000 galones de gasolina de contrabando de origen Boliviano. El 31 de diciembre fueron decomisaron tres mil kilogramos de carne de cerdo y 220 sacos de yuca, alimentos valorados en 147 mil bolivianos.

Para frenar el contrabando de alimentos de Bolivia a otros países, el gobierno dispuso la movilización de más de 8.000 militares a las fronteras, decisión a la que se oponen los comerciantes que se benefician con los precios más elevados en otros países.