Arranca el juicio oral contra Áñez y otros siete implicados en el caso Golpe de Estado I, piden sentencia de 20 años
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Luego de casi cuatro años de investigación del denominado caso “Golpe de Estado I”, ahora ingresa a la etapa de juicio oral con la presencia de los principales acusados: Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, quienes llegaron la mañana de este jueves al Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz con un fuerte resguardo policial para garantizar su seguridad.
“Vamos a pedir la pena máxima, a los efectos de que bueno se pueda sentar un precedente para que nadie pueda lesionar el Estado social democrático. Se debe establecer que la víctima es el Estado Plurinacional de Bolivia, la población (…). Vamos a pedir 20 años”, dijo Jorge Nina abogado de la exdiputada Lidia Patty.
El traslado de los acusados se activó desde la madrugada, una cápsula de seguridad partió a las 05h00 con Camacho desde el penal de Chonchocoro (Viacha), Pumari salió de San Pedro (centro paceño) a las 05h48 y la exsenadora fue trasladada a las 06h11 del Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
El caso “Golpe de Estado I” se activó tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, a finales de 2020. En este proceso son investigados Áñez, Camacho, Pumari y otras cinco personas.
Los excomandantes militares Williams Kalimán y Carlos Orellana, el comandante policial Yuri Calderón y el exministro Luis Fernando López, quienes fueron declarados “rebeldes”, además del exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández.
La Fiscalía investigó las reuniones y acciones sostenidas por algunos sectores y personajes políticos, entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, que derivaron en la destitución del expresidente Evo Morales, que más adelante desencadenó las masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
El ministerio Público colectó un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados.
Asimismo, se tienen 133 pruebas documentales entre informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, entre otras que sustentan la acusación formal y demostrarían la participación individualizada de los sindicados.