Gobierno promulga ley para Elecciones Judiciales: confirma recursos y anuncia proceso para el 1 de diciembre
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El presidente Luis Arce anunció la promulgación inmediata de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Judiciales, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las instituciones del Estado y las organizaciones políticas durante la reunión del 10 de julio, convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). A través de sus redes sociales, Arce destacó que el Gobierno garantiza los recursos necesarios, por un monto de 183 millones de bolivianos, para llevar a cabo las elecciones judiciales programadas para el 1 de diciembre de 2024, asegurando así que las autoridades del Órgano Judicial sean elegidas directamente por el pueblo.
Oscar Hassenteufel, presidente del TSE, mencionó que podría haber un ajuste en la cifra solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero enfatizó que el camino hacia la democracia es fundamental. Esta ley marca un hito importante en la democracia boliviana al permitir que las autoridades judiciales sean elegidas mediante el voto popular, en concordancia con la Constitución Política del Estado.
La promulgación de la ley no estuvo exenta de controversias. El ministro de Justicia, Iván Lima, había señalado previamente que la falta de una firma crucial estaba retrasando el proceso legislativo. Rosario García, diputada del MAS, respondió que el documento llegó a su despacho con el tiempo insuficiente para completar la firma de todos los ejemplares requeridos, lo que generó un conflicto sobre la finalización del trámite legislativo.
Finalmente, tras la intervención de García para entregar la documentación necesaria, el presidente Arce confirmó la promulgación de la ley y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. La normativa suspende las elecciones primarias para el próximo ciclo electoral, y prepara el terreno para el proceso del 1 de diciembre, donde se elegirán las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.