El modelo económico no está agotado, dice
Presidente denuncia que con bloqueos buscan acortar su mandato
La oposición y la “nueva derecha” usan el argumento de la justicia para desestabilizar al gobierno y buscan acortar su mandado con bloqueos que “perjudican y castigan al pueblo”, afirmó hoy el presidente Luis Arce en su discurso por el día del Estado Plurinacional.
“Los que se fijaron esta fecha para tratar de bloquear al país a su economía y a su normal desenvolvimiento sólo por intereses personales y electorales en las actuales circunstancias, lo que hacen es expresar su desprecio por el Estado Plurinacional”, dijo Arce en un acto desarrollado en Casa Grande del Pueblo.
Los bloqueos fueron convocados por organizaciones afines a Evo Morales quienes exigen la renuncia de los magistrados prorrogados y la convocatoria a elecciones judiciales.
En su discurso, Arce responsabilizó a la “derecha tradicional” y a la “nueva derecha” por el fracaso en las elecciones judiciales en 2023, porque “torpedearon” los consensos necesarios para convocar a ese proceso, pero que ahora “se esfuerzan por echarle la responsabilidad al Órgano Ejecutivo”.
“Nada indica que a estas corrientes políticas les interese mejorar la justicia. En realidad, buscan usar el argumento de la justicia para desestabilizar al gobierno y, si fuera posible, hasta acortar nuestro mandado”, dijo.
Desde marzo de 2023, la Asamblea Legislativa impulsó tres procesos de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pero estos no se concretaron por normativas viciadas que vulneraban preceptos constitucionales como el derecho a la libre expresión.
Además, se obvió el mandato constitucional de los dos tercios y en el último Proyecto de Ley 144, se suspendían todos los plazos procesales, por cuya razón, entre otras, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Por el fracaso legislativo, el TCP declaró la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros hasta la posesión de las nuevas autoridades. En rechazo de esta decisión, los seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron, desde inicios de mes, protestas en la capital del Estado, Sucre, y desde este lunes, un bloqueo de caminos.
Arce denunció un “boicot” impulsado por “diversos actores de la derecha y la nueva derecha” a quienes culpó por “demorar o rechazar la aprobación de créditos orientados al ensanchamiento del aparato productivo y resolver los problemas del pueblo boliviano”, y también
“tomar medidas de hecho para bloquear las exportaciones e importaciones, con lo que perjudican y castigan al pueblo”. “La Historia los juzgará”, advirtió.
El modelo “no está agotado”
En su discurso, Arce aseguró que el modelo económico no está agotado, y que por el contrario, se prevé reducir $us 1.300 millones en importaciones y mantener la política de subvención, como a los carburantes.
“No hay ningún agotamiento de nuestro modelo ni mucho menos se puede afirmar que está en su fase terminal. Esa es una construcción mediática que contrasta con la realidad. Tenemos dificultades que nos impiden estar mejor, no vamos a negar”, expresó.
Según su informe, la crisis internacional, la falta de inversiones desde 2014 y la “desastrosa” gestión del gobierno de facto de Jeanine Áñez fueron identificadas como factores de las dificultades que enfrenta la actual administración que, a pesar de esa situación logró niveles de crecimiento importantes.
Al segundo trimestre de 2023 Bolivia creció en 2,21 % aunque se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,71%; mantener la estabilidad de la moneda, controlar la inflación en un nivel del 3,60% y ejecutar una inversión pública de $us 4.274 millones.
“Nuestra respuesta a las dificultades, producidas por razones internas y externas, no es la receta neoliberal, sino la profundización de nuestro modelo en las condiciones actuales. Eso es inversión productiva para garantizar un país estable y digno”, destacó.
La industrialización con sustitución de importaciones es uno de los pilares de la actual administración con la construcción de más de 150 factorías en diferentes regiones de Bolivia. La idea es dejar de importar una importante cantidad de productos con producción nacional.
Con esta política se reducirá “la dependencia de productos extranjeros en al menos $us.1.300 millones anuales, monto que se quedará en el país en beneficio de los productores nacionales”, dijo.