Gobierno alerta que cívicos cruceños desataron una guerra contra la Constitución

(ABI). – El portavoz presidencial Jorge Richter alertó este viernes que el comiteismo de Santa Cruz desató una guerra en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) al exigir una amnistía en favor del exícivico Luis Fernando Camacho, con el fin de dejar en la impunidad las masacres de Sacaba y Senkata, los hechos de violencia y el golpe de Estado de 2019.

“Lo que nos están pidiendo es que violentemos la Constitución Política del Estado, el comiteismo ha desatado una guerra contra la Constitución y ahí el mayor incordio, para ellos, es la figura del presidente Luis Arce que no les ha permitido que puedan vulnerar la Constitución, que se puedan bañar en la impunidad, como han estado habituados en el tiempo pasado, y que puedan quedar sin ser investigados y juzgados aquellos delitos que cometieron durante el golpe de Estado de 2019”, afirmó Richter en declaraciones a Bolivia TV.

El pasado miércoles, en el marco de los reducidos cabildos realizados en las capitales de departamento, el Comité Pro Santa Cruz exigió al Gobierno que apruebe una ley de amnistía o perdón en favor del excívico Luis Fernando Camacho, quien guarda detención preventiva por el golpe de Estado de 2019 en el penal de Chonchocoro, en Viacha (La Paz), desde el 30 de diciembre de 2022.

Al final de la crisis de 2019, que derivó en las masacres de Sacaba y Senkata, Camacho confesó que su padre, José Luis, “cerró” con los policías y militares para que no cumplan su rol constitucional de resguardo de la democracia y sugirieran la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

Acostumbrado a dar ultimátum con advertencias, el Comité cruceño amenazó con impulsar un referendo de revocatoria de mandado en contra del presidente Luis Arce si no obtiene una respuesta favorable a su exigencia en un plazo de 30 días.

Richter señaló que estos “plazos perentorios seguidos de una amenaza o conminatoria” son parte de “la conducta del comiteismo, de la Gobernación y de los sectores radicales que han tomado Santa Cruz”.

Y en esa lógica, esos sectores realizan sus exigencias sin considerar las posibilidades legales o si son permitidas por la Constitución Política del Estado.

“Su amenaza hoy se llama revocatorio porque es una figura constitucional y estamos de acuerdo con esto, pero su argumento ¿cuál es? Los argumentos y las exigencias pasan porque tengamos que violentar la normativa, la Constitución, los acuerdos internacionales, los convenios de defensa de los derechos humanos, los compromisos ante el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Impedientes) de no dejar que prescriban todos aquellos delitos cometidos en las masacres de Senkata y Sacaba”, señaló.

En efecto, la recomendación número 10 del GIEI señala que se debe “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos” cometidos durante los hechos registrados entre septiembre y diciembre de 2019.

Desde la perspectiva del portavoz, con esta nueva advertencia el comiteismo pretende “acortar el mandato” del presidente “ya sea por el camino violento, como lo viene intentando desde el año 2021, 2022 e inicios de 2023, o por la vía de la figura de un revocatorio de mandato que posiblemente no tienes expectativas para ganarlo, pero sí quieren movilizar a la gente, tenerla en apronte”.

Señaló que en la eventualidad de que se realice el referendo de revocatoria de mandato y que el comiteismo coseche una nueva derrota, volverá a sus planes de desestabilización y enfrentamiento.

“Si pierden un eventual revocatorio ¿cuál es la conducta que van asumir, gente que de forma permanente y reiterada está inmiscuida y patrocinando la inestabilidad en nuestro país? en esa perspectiva un revocatorio no cambia absolutamente nada, si ellos salen de ahí derrotados, como es muy previsible, seguirán con sus acciones desestabilizadoras, movilizadores de confrontación, de enfrentamiento, de violencia y de tensión”, alertó.

Y esa movilización, según Richter, tendrá por objetivo “arrebatar el poder para poner (en la presidencia) a una persona que les sea funcional, que les garantice la impunidad ante los hechos de los cuales ellos son responsables: las masacres de Senkata y Sacaba, el golpe de Estado, los heridos a bala en la represión brutal y sangrienta que llevaron a cabo en noviembre de 2019”.