La deuda del Estado con las wawas bolivianas

Las violaciones a infantes en Bolivia grafican lo más grotesco que puede tener nuestra sociedad. Es una clara representación de la ausencia estatal y de su desinterés por el cuidado de nuestra niñez. Las noticias sobre estos hechos son desgarradoras.

El caso más reciente es el del niño de Yapacaní. Este menor fue abusado sexualmente durante dos años por cuatro hermanos que vivían cerca a su casa. Lo grave de su caso es que, a pesar de reiteradas denuncias, las entidades del Estado no actuaron ni efectiva ni inmediatamente. Lamentablemente, el niño murió producto de una enfermedad transmitida sexualmente.

Estos hechos se repiten todos los días. Se calcula que cada día siete niñas/os son víctimas de violación. Estos datos solamente registran las denuncias puesto que hay muchos casos que no son reportados. Las cifras reales son más elevadas.

Una reflexión pertinente es pensar en todo el doloroso proceso que atraviesan las víctimas de violación y sus familias. Las víctimas, además del trauma, deben someterse a procesos de recuperación largos y tortuosos. La familia debe asumir y sufragar todo el proceso jurídico (abogados y litigación), así como la recuperación psicológica de la víctima. La lentitud del Poder Judicial se convierte en otro obstáculo infranqueable, con lo cual hay en términos prácticos una denegación de justicia.

Las wawas están en una situación de indefensión y el Estado boliviano es cómplice. La injusticia ha sido institucionalizada y las autoridades y funcionarios públicos no cumplen con su deber. La impunidad es una consecuencia de esta inacción. Un ejemplo que grafica esta situación. Es el caso de Valeria (nombre ficticio) quien fue asaltada sexualmente hace más de ocho años en el municipio de Potosí y cuyo caso sigue irresuelto. Marcelo Thenier Lopez la violó desde sus 5 años de edad. Al cumplir siete años, el caso salió a la luz. Luego de varias dilaciones y dos años después de la comisión de los hechos fue emitida una orden de aprehensión. Toda esa lentitud e inacción le dieron el tiempo suficiente a Thenier López para huir de la justicia. El abogado Oscar Baldiviezo, que representaba a Valeria, y que trabajaba en la Defensoría del Niño en Potosí estuvo totalmente despreocupado del caso. Como resultado de esta inacción, el expediente se archivó de forma irregular, habiéndose declarado en rebeldía.

Siete años más tarde de ese archivamiento y gracias a la gestión de colectivas feministas como Mujer de Plata, el proceso se reactivó. Aunque la reactivación muestra las penurias de la justicia boliviana. Si bien se consiguió la “alerta roja”, las autoridades conminaron a la madre que ella averigüe el paradero del violador para su detención. Es decir, que la familia además de sufragar el proceso jurídico debe buscar al violador y entregarlo a la policía. Esta es la realidad detrás del discurso usual de las autoridades sobre “el peso de la ley”. En términos prácticos hay indiferencia de los funcionarios y cinismo de las autoridades.

Hay una gran deuda con la niñez boliviana. Una violación deja secuelas muy graves a las/los menores. En estos últimos siete años, Valeria trata de llevar una vida normal. Sin embargo, el estrés, la ansiedad y el miedo se ha apoderado de su vida. Como sociedad tenemos que exigir enfáticamente una reforma judicial. Debemos contar con un Poder Judicial que proteja a las víctimas y un Estado que promueva políticas públicas que apuesten por crear un ambiente sano para nuestras wawas.