¿Fracaso en Bonos Soberanos 2022?

El pasado 10 de febrero de la presente gestión, el Gobierno Nacional anunció en los mercados de capital internacionales la invitación a oferta de compra y canje de sus bonos soberanos, por un monto de $us 2.000 millones, los cuales contaban con vencimientos en 2022, 2023 y 2028. Dicha oferta fenecía el 23 de febrero a horas 09:00 am (hora New York), por lo que ya se conocen los resultados de la oferta de compra y canje los bonos emitidos en gestiones pasadas en mercados internacionales.

Esta oferta de compra y canje de bonos se encontraba ligada a una nueva emisión la cual se acordó el mismo 23 de febrero, siendo el monto emitido $us 850 millones.

En esa línea, muchos analistas y personalidades políticas aseveran que la operación financiera fue un fracaso, debido a que no se alcanzó a cubrir los $us 2.000 millones autorizados como límite en la ley, por otra parte, aseguran que los intereses de los bonos son onerosos y que se estaría incrementando aún más la deuda pública externa. En mi labor como economista, encuentro la necesidad de explicar esta operación financiera y responder la duda de que si fue o no un fracaso dicha operación.

En primer lugar, es importante señalar que un bono soberano es un instrumento de financiamiento el cual consta de un “papel” que se emite en los mercados internacionales y es comprado por inversores nacionales o extranjeros, a los cuales se les paga intereses periódicos (cupones) y se les debe cancelar el valor nominal del “papel” en una fecha de vencimiento establecida.

Dicho ello, Bolivia emitió bonos soberanos las gestiones 2012, 2013 y 2017, por montos de $us 500 millones, $us 500 millones y $us 1.000 millones, respectivamente, los cuales tienen como vencimiento los años 2022, 2023 y 2028, correspondientemente. ¿Qué quiere decir ello?. Por ejemplo, que la presente gestión se debe cancelar los $us 500 millones de la emisión de 2012.

Entonces. ¿Qué finalidad tenía la operación realizada este mes?; ¿Se debía cubrir el 100% de los $us 2.000 millones?, la respuesta es que dicha operación se enmarcaba en el manejo de pasivos, es decir, un canje de “papeles” donde solo se extiende el plazo de vencimiento hasta 2030. Movimiento que no solo realizó Bolivia, sino también países como Paraguay, Panamá, entre otros.

El hecho de que no se haya cubierto el 100% del monto autorizado para la emisión no es motivo de “criminalización” como señalan muchos colegas, ya que el objetivo como se mencionaba era el manejo de pasivos de los bonos con vencimientos más cercanos (2022 y 2023), por lo que se cubrió el 85% de la emisión “prioritaria” permitiendo al Estado honrar obligaciones a través de un mecanismo ampliamente aceptado.

Asimismo, es importante aclarar que si se revisan las cifras fiscales el sector público cuenta con la capacidad de pago del valor nominal de los bonos soberanos, sin embargo, en virtud a los objetivos planteados por el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, se realizó la ampliación de plazos debido a las prioridades de destino de los recursos para la inversión pública para un mejor desarrollo económico, a pesar del contexto internacional por el que atravesamos.

Aprovechando la mención del contexto internacional, el hecho de que el país haya sido aceptado en los mercados internacionales es de por sí un éxito y no así un fracaso. ¿Por qué?, actualmente vivimos en un panorama mundial donde aún persiste la incertidumbre por el Covid-19 y se presenta por otro lado conflictos entre Rusia y Ucrania. Por lo que los inversores son aversos al riesgo (rechazan el riesgo), no obstante, aceptaron continuar con la operación de bonos soberanos bolivianos, es decir, existe aceptación en los mercados internacionales y esto permite establecer una buena imagen del país frente a inversionistas extranjeros.

Por otra parte, la mayor tasa de interés a cancelar para los cupones de la reciente emisión realizada, no presentan una situación alarmante para las finanzas públicas del país, debido a que si revisamos las métricas de Organismos Internacionales como la CEPAL, señalan que los intereses a pagar por deuda serán considerados onerosos (bastante costosos) si estos superan el 3% del PIB, y el país viene pagando intereses de deuda en promedio 1% del PIB los últimos años, es decir, una tasa por debajo de los umbrales sugeridos por la CEPAL.

Asimismo, señalar que los intereses por los bonos de las emisiones 2022 y 2023 que ingresaron al canje o compra no serán servidos por el Estado, significando esto un gasto menos que prever para las finanzas del país, un aspecto positivo adicional de la emisión.

Finalmente, quisiera mencionar que la operación financiera realizada recientemente no significa mayor deuda para el país en lo que respecta al canje de la deuda de vencimiento próximo por nueva deuda con mayor plazo de vencimiento. Por lo que aseverar que Bolivia tuvo un fracaso en la emisión de bonos llega a ser una afirmación errónea.