Respondiendo a falacias sobre el Proyecto de Presupuesto 2022

Después de que hace un par de semanas se presentara en conferencia de prensa el proyecto del Presupuesto General de Estado (PGE) 2022 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en octubre pasado, se han oído algunas voces cuestionando el mismo con argumentos completamente falsos y técnicamente equivocados, característica que, sin embargo y lamentablemente, pareciera tornarse común en el frente de analistas de oposición al gobierno nacional, por lo cual es preciso realizar las siguientes puntualizaciones.

Primero, es importante aclarar que el Presupuesto no alcanza a más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) como erróneamente indican Carlos Armando Cardozo, Gonzalo Chávez y Antonio Saravia. Si se quiere ser precisos, el Presupuesto consolidado significa el 78% del nivel del PIB nominal estimado para la gestión, ratio que es además el más bajo de los últimos tres años. Además, la comparación del presupuesto que realiza Saravia con otros países no corresponde dadas las características particulares del país, donde el Estado es el principal actor de la economía.

En este sentido, es preciso entender que la magnitud del presupuesto y su comportamiento en los últimos años está asociado al rol fundamental que desempeña el Estado en la economía nacional en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, particularidad que no es nueva, aunque pareciera que para Antonio Saravia sí, pues la muestra como un descubrimiento en su reciente artículo, aunque de una forma errónea, refiriéndose al gobierno y no al Estado.

Desde 2006, con la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, se ha hecho énfasis en el nuevo rol que asumía el Estado, que tras el período de privatizaciones había quedado reducido y no había generado respuestas a las diferentes necesidades de la población, cuya mayoría se sumía en la pobreza y la desigualdad. El Estado se convierte en el actor fundamental en la economía y se inicia así la aplicación de un modelo y políticas que trajeron positivos resultados para el país en general y la población en particular, traducidos en los diferentes indicadores de progreso macroeconómico y en la mejora de la calidad de vida de la población, especialmente de la más vulnerable. Los niveles de pobreza y desigualdad descendieron de forma importante en el país, logro incluso destacado por organismos internacionales y expertos y académicos del exterior.

No obstante, el hecho que el Estado asuma la dirección de la economía no implica de ningún modo el aislamiento del sector privado, el cual, por el contrario, es respetado y fomentado por el Estado. De la misma forma, el tamaño del Presupuesto 2022 no significa el acaparamiento del sector público y la exclusión del sector privado en la economía, como equivocadamente señalan Chávez y Saravia. De hecho, si se considera la identidad macroeconómica fundamental, el sector privado tiene un amplio espacio para realizar inversiones y generar ahorro en el país. Igualmente, es preciso aclarar que del total de bienes y servicios producidos en la economía, contenidos en las 35 actividades económicas del PIB, el Estado no produce todos, gran proporción es producida por el sector privado.

Asimismo, es importante destacar las diferentes medidas del gobierno nacional para el fortalecimiento del sector privado en el país. Además de aquellas implementadas a lo largo de la última década y media, recientemente en el marco de la reconstrucción de la economía se aplicaron varias medidas como la exención del IVA a la importación y comercialización de bienes de capital; se firmó el acuerdo con el sector cañero para la compra de etanol en 2022 que incentiva al sector y promueve la sustitución de importaciones; también se pueden citar los diferentes programas de apoyo a sectores productivos específicos; así como los créditos SIBOLIVIA, cuyo fideicomiso fue elevado en jornadas pasadas a Bs1.261 millones, y que además flexibilizó las condiciones de acceso a estos recursos con garantías no convencionales. Estos programas en su conjunto benefician a micro, pequeños, medianos y grandes productores del sector privado del país.

En relación a los componentes del PGE 2022, uno de los elementos fundamentales es la inversión pública, que se ha constituido en uno de los principales instrumentos de la política fiscal por su efecto multiplicador en el crecimiento de la economía y la generación de empleo. En esa línea, el PGE 2022 prevé un fuerte incremento de la inversión pública, en 25% respecto al presupuestado en 2021, el cual será orientado principalmente al sector productivo (42,5% de participación). Así, la inversión pública contribuirá particularmente al proceso de industrialización, con énfasis en la sustitución de importaciones, y a garantizar mejores bienes y servicios, y mayor acceso a éstos para la población boliviana. Igualmente, se aclara que esta inversión no solo va dirigida a empresas estatales, que fortalecen el aparato productivo nacional, sino también al resto de los niveles de gobierno, como los municipios y las gobernaciones.

Por su parte, se espera un incremento de apenas 4% de los gastos corrientes, los cuales se explican principalmente por el sostenimiento del pago de salarios a importantes sectores como educación y salud, y por los gastos de operación de las empresas estatales, que finalmente garantizan la provisión de servicios y bienes necesarios para la población y mejoran la capacidad productiva del país.

Del 19% del presupuesto asignado a sueldos y salarios, más del 50% corresponden al pago a los sectores de educación, salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, el restante se dirige a universidades, gobiernos subnacionales, administración central y otros. Por lo cual, la insinuación de que el 50% del presupuesto en sueldos y salarios se orienta al nivel central es completamente falsa.

Sobre los ingresos, pareciera que analistas como Antonio Saravia y Jaime Dunn ignoraran o minimizaran la relación existente entre los ingresos tributarios y el desempeño de la actividad económica, al realizar insinuaciones de presión tributaria e incluso de creación de impuestos. Se aclara que el incremento de las recaudaciones previstas para 2022 está relacionada al mayor dinamismo esperado de la actividad económica. Asimismo, en relación a los ingresos por operaciones, que tienen una participación mayor incluso que las recaudaciones en el PGE, se aclara que en esta partida se aprecia el aporte de las operaciones de las empresas públicas y no sólo en las recaudaciones de hidrocarburos como erróneamente sugiere Saravia.

Por lo tanto, el proyecto del PGE 2022 se enmarca en el modelo económico vigente en el país, el cual considera como fundamental el papel del Estado en la economía, promoviendo de esta forma la continuidad del proceso de reconstrucción de la economía, la industrialización, la sustitución de importaciones y el fortalecimiento productivo, y la redistribución de los ingresos. Finalmente, el Presupuesto no acapara la economía nacional; el sector privado tiene un amplio espacio y es fomentado por el gobierno nacional para contribuir al proceso de recuperación de la economía boliviana que está en marcha.