Aislamiento internacional del gobierno de facto de Bolivia

El gobierno de facto de Bolivia que comenzó, en noviembre de 2019, con el respaldo abierto de Estados Unidos y Brasil, que impulsaron y avalaron el Golpe de Estado, y el apoyo menos decidido de los países miembros del Pacto de Lima, se encuentra, a diez meses de mediocre administración, aislado y sin ningún apoyo de la comunidad internacional al incumplir los acuerdos de ser “gobierno de transición” y “convocar a elecciones en mayo de 2020”. Su incapacidad para gestionar las crisis de la pandemia, de la economía y de la política se ha visto más ensombrecida por las denuncias de corrupción en la compra de respiradores e insumos médicos de China y España y en las empresas estatales YPFB, ENTEL y BOA así como los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Salud Pública, Gobierno y Defensa.

Recientemente la Ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, tuvo que retirar su nombre como postulante a la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ante la falta de respaldo de los países miembros de la entidad y ante su inminente salida después de las elecciones del 18 de octubre, habiendo pretendido ser funcionaria de ALADI por al menos tres años. Longaric se caracteriza en su gestión por un discurso conservador proestadounidense, impugnador de los procesos de integración como ALBA, UNASUR y CELAC y de repudio a los gobiernos de Cuba, Irán, con los que rompió relaciones, y de Venezuela, apoyando al autoproclamado y fracasado Juan Guaidó.

Asimismo, funcionarios de la Cancillería han sido sindicados de ser partícipes de los hechos de corrupción de compras de insumos médicos en el exterior y está siendo procesados en la justicia.

El aislamiento internacional se produce paralelamente al rechazo que recibe internamente el gobierno de parte de los mayoritarios sectores sociales populares y medios de todas las regiones del país por su ineficiencia, los intentos de prorrogarse en el poder y las acciones de persecución, detención, amenaza y violencia contra dirigentes sociales y políticos opositores.

Desde el Golpe de Estado las tensiones diplomáticas con otros países fueron permanentes. Primero con México porque el presidente Andrés López Obrador dio asilo y seguridad a Evo Morales ante los riesgos y peligros para su vida por el asedio militar y policial; después con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que recibió al exgobernante boliviano como refugiado político y enfrió totalmente las relaciones con el régimen boliviano.

Posteriormente se presentó un altercado con la representación de España cuando funcionarios de seguridad diplomática de la embajada de ese país fueron interceptados por policías y civiles cuando aquellos pretendían recoger a su embajadora de la sede diplomática mexicana, donde se encontraba de visita. Esta situación está vinculada a la negativa del gobierno boliviano de otorgar visas de salida a exministros de Evo Morales que se encuentran asilados  en la Embajada de México desde noviembre de 2019.

Por otra parte, el régimen de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no tiene embajadores en ningún país del mundo debido a que los nombramientos de estos cargos diplomáticos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma que tiene representación mayoritaria del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS). La Asamblea Parlamentaria fue amenazada hace algunos meses por los comandantes de las Fuerzas Armadas cuando se negó a aprobar ascensos a generales, que está también bajo su jurisdicción.

Los soportes internacionales últimos del gobierno son el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien fue protagonista central del Golpe de Estado al anunciar, sin respaldo serio y documentado, que se había producido fraude electoral en los comicios del 20 de octubre de 2020, y la administración de Donald Trump y el Departamento de Estado que, ante el posible triunfo electoral en primera vuelta, el 18 de octubre, de los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, intentará impulsar una nueva ruptura institucional.

Por su parte, las misiones de la Unión Europea (UE) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que están apoyando al Tribunal Supremo Electoral, se han comprometido a enviar observadores de las elecciones y del proceso de recuperación de la democracia en Bolivia.