Amnistía internacional pide investigar las masacres de Sacaba y Senkata

Amnistía Internacional (AI) pidió investigar la violencia que estalló el año pasado en Bolivia, que dejó un saldo de por lo menos 35 muertos, 833 heridos y múltiples violaciones a los derechos humanos, desatando una crisis política, social y económica que se agravó con la pandemia de coronavirus.

El pedido de investigación está incluido en el documento “Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia», en el que documentó la represión a manifestantes y el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las protestas posteriores a los fallidos comicios del pasado 20 de octubre, que quedaron anulados.

La represión a la que Amnistía Internacional se refiere es la que ocurrió después que Jeanine Añez se autoproclamara presidenta en noviembre de 2019.

«En el marco de esta crisis post electoral se han perpetrado violaciones de derechos humanos, las que incluyen la represión de manifestaciones, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad», dice el documento.

En Sacaba y Senkata fuerzas combinadas de policía y militares reprimieron a las protestas sociales dejando el saldo de al menos 33 muertos. A esos enfrentamientos AI le dedica un capítulo de su informe.

AI dice que desde que se inició la crisis post electoral la protesta social se convirtió en el vehículo por el cual diversos movimientos manifestaron su apoyo o descontento frente a los hechos políticos que se produjeron en el país.

Además, en el contexto de la pandemia del COVID-19, el gobierno adoptó medidas, como los decretos 4199, 4200 y 4231 a través de los cuales, “con la justificación de enfrentar la pandemia, pretenden silenciar a aquellas personas que cuestionen sus políticas”, agrega el documento.