Máquinas del ecocidio y de la subalternidad

¿Cómo funcionan las máquinas del ecocido, que son las máquinas del poder, máquinas de guerra y máquinas extractivistas, máquinas de muerte de la geopolítica del sistema-mundo capitalista? Las máquinas de poder funcionan contra las resistencias; las máquinas ecocidas, funcionan contra los ecosistemas, los ciclos vitales, la vida. Las máquinas extractivistas de la economía-mundo capitalista funcionan contra los ciclos planetarios de largos procesos minerales, hidrocarburíferos y de asombrosa cristalización simétrica. Se trata de máquinas de muerte; el sistema-mundo capitalista solo puede desarrollarse inscribiendo y hendiendo sus marcadas huellas ecológicas, es decir, destruyendo los ecosistemas. Su desarrollo, que ideológicamente se legitima, en el imaginario institucionalizado, como desarrollo y crecimiento económicos, no corresponde más que a la realidad apocalíptica de la muerte planetaria, dilatada por los ritmos mismos del capitalismo y sus ciclos largos.

Quizás una ilustración esquemática ayude a representar este desarrollo del capitalismo. Primero, se prepara el terreno, en palabras teóricas, se conforman las condiciones de posibilidad económicas para la construcción del modo de producción capitalista. Esto es, se cosifican las relaciones sociales, se convierten a los bienes comunes en cosas, después en mercancías; paralelamente, se erige la ideología, es decir, la fabulosa máquina de fetichización generalizada. Una vez conformadas las condiciones de posibilidad económicas, a través de los procesos inherentes a la economía política generalizada, por lo tanto, a la economía política restringida a los límites de lo que el discurso moderno llama economía, la “ciencia de la producción, distribución y el consumo”, en términos más restringidos, la “ciencia del mercado”, se edifica la logística y la infraestructura de lo que el discurso marxista ha denominado el modo de producción capitalista. Siguiendo con la metáfora estructural, después o, mas bien, en el transcurso, se erige la arquitectura del modo de producción capitalista. Y en el mismo transcurso, paralelamente, se conforma lo que el mismo discurso marxista denomina superestructura jurídico-política.

Cuando el modo de producción capitalista se consolida, sobre todo mundialmente, pues así funciona, en todo el orbe tomado por la economía política generalizada, ya parte de los ecosistemas han sido desmantelados; empero, todavía el planeta conserva sus apariencias “naturales”, mejor dicho, ecológicas, a pesar de las redes de nichos ecológicos demográficos de las sociedades humanas, la red comunicacional, sobre todo física, las redes de transportes marítimos, terrestres y aéreos. Sin embargo, es en la etapa tardía, cuando el modo de producción capitalista generalizado, que ha desterrado a los otros modos de producción, cuando este modo de producción de la valorización abstracta avanza demoledoramente, de manera desmesurada, desequilibrando al máximo los ecosistemas y los ciclos vitales, convirtiéndose en una verdadera amenaza para las sociedades humanas y las formas de vida en el planeta. La constatación de lo que decimos aparece en los alcances que ha tomado lo que se llama eufemísticamente “cambio climático”, alcances que se aproximan a los umbrales mismos de lo que figurativamente nombramos apocalipsis, apocalipsis planetario y de crepúsculo de la civilización moderna, que se clausura, empero, pretende llevarse a las formas de vida del planeta, en su propio desaparecer.  

Para lo que nos compete y nos preocupa, en este ensayo, nos focalizamos en lo que pasa en la Amazonia y la extensión complementaria del Chaco del sudeste de Sud América.  Por eso pasaremos a una descripción publicada, que pueda, ahora, ilustrarnos empíricamente sobre lo que pasa. Se trata de una denuncia y relato de lo que sucedió antes y durante la propagación de los incendios en la Amazonia brasilera.

Contratación de operadores de motosierra y motoqueros, creación de pistas de aterrizaje clandestinas y mucho más. Los hechos escandalosos que reveló la revista brasileña Globo Rural ocurridos el «Día del Fuego» en la Amazonia. Así pasará a la historia el tristemente célebre 10 de agosto de este año, cuando comenzó un suerte de incendio simultáneos encendidos en forma mancomunada por productores rurales de la región norte de Brasil, que consumieron miles de hectáreas del «pulmón del mundo». Según la revista, la organización del «Día del Fuego» empezó en el grupo de Whatsapp «Jornal A Voz da Verdade» (Diario La Voz de la Verdad). El grupo fue creado por João Vgas el 17 de agosto de 2016 y tiene 246 participantes, entre productores rurales, expropiadores de tierras y comerciantes del municipio Novo Progreso, en la provincia de Pará. De ellos, 70 aprobaron los planes del «Día del Fuego», y entonces crearon el grupo «Sertão» – referencia al nombre del establecimiento de Ricardo de Nadai, creador de este segundo grupo. Hasta el final de los preparativos, el grupo llegó a tener 80 participantes. El objetivo principal del grupo era incendiar matas y tierras estatales, y hacer avanzar el fuego hacia la Floresta Nacional Jamanxim, una reserva de 1,3 millones de hectáreas. Su objetivo era alcanzar la Tierra del Medio, escenario de los mayores conflictos de tierras en Brasil. La revista Globo Rural relevó que al menos cuatro miembros de ese grupo ya fueron presos por crímenes ambientales. Antes de provocar el fuego, varias áreas fueron previamente desmatadas. Globo Rural entrevistó a un operador de motosierra que afirmó que «nadie se quedó sin tarea». Personas fueron traídas de otras regiones de la Amazonia e incluso del Nordeste para realizar la acción ilegal. El procedimiento de este tipo de acción criminal es primero desmotar y después quemar. Esta acción predatoria de la naturaleza contó incluso con pistas de aterrizaje clandestinas para desembarcar gente para la destrucción de la floresta. El 10 de agosto, motoqueros contratados por el grupo atizaron el fuego en los márgenes de la ruta BR-163. Todavía no se sabe si este grupo puede haberse organizado con otros grupos. Sin embargo, todos vieron el resultado: una nube de humo que cubrió el país, y hasta pudo ser vista desde satélites. La misma nube que cubrió San Pablo e hizo atardecer a las tres de la tarde.

El 7 de agosto, tres días antes de esas quemas, el fiscal local Gustavo de Queiroz Zenaide avisó lo que estaba por ocurrir al gerente ejecutivo del Instituto brasileño del medio ambiente (Ibama) de la localidad de Santarém, Roberto Fernandes Abreu, a través de un oficio. Este aviso vino a través de un documento oficial protocolado por el Ibama de Santarém el 8 de agosto. En él Gustavo escribe: «productores rurales planifican realizar una quema en la región del municipio de Novo Progresso el 10 de agosto de 2019 como forma de manifestación». A pesar de todo esto, durante todo el período, el gobierno de Bolsonaro intentó negar la existencia de las quemas, siendo luego desmentido por las nubes de partículas y hollín que cerraron los cielos de San Pablo. La política de Bolsonaro de deslegitimar los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués), o intervenir el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), no solo encubre sino defiende los intereses de estancieros, apropiadores de tierra y latifundistas. Él y sus ministros, defensores de que el calentamiento global no existe, en el fondo, por su verborragia irracional, tiene un programa bien claro y extremadamente comprensible por cualquier persona racional: transformar todas las riquezas nacionales en ganancia capitalista, tirar a la basura el futuro del país, el futuro de la juventud, atacar a los pueblos indígenas, fortalecer los asesinatos en el campo, la persecución a los Sin Tierra y terminal con los derechos de los trabajadores.

La transformación de esa realidad pasa por un cambio radical de la sociedad en que vivimos. No hay conciliación histórica posible entre una producción volteada hacia la ganancia – cuya dinámica inexorable es la acumulación capitalista – y cualquier cosa parecida a la utilización racional y ambientalmente correcta de los recursos. Solo la organización de una sociedad emancipada de las garras del capital, y por lo tanto con base en los productores libremente asociados podrá superar la explotación predatoria de la naturaleza, la crisis ambiental y la miseria social a la que estamos sometidos[1].

La descripción no podría ser más elocuente, teniendo en cuenta los detalles mismos de la organización de la destrucción de los bosques amazónicos. La incumbencia y complicidad operativa del gobierno de Jair Bolsonaro se hace patente en el comportamiento político del ejecutivo, pero también en la modorra de los órganos de poder del Estado. La única que reacciona ante las atrocidades del ecocidio es la sociedad brasilera, el pueblo brasilero y los pueblos indígenas amazónicos, además de los institutos de investigación científica. En contraste, se evidencia con mayúsculo descaro el cinismo grotesco de un gobierno sin horizontes, además de los estratos más conservadores y recalcitrantes de la estructura social brasilera. Se hace patente el despropósito de destruir para obtener las ganancias anheladas por estos estratos de una burguesía sin escrúpulos, que apuestan al goce inmediato, goce banal, por cierto, de la obtención de ganancias y hasta de super-ganancias, a costa de la desaparición misma de los ecosistemas, las formas de vida, los ciclos vitales integrados del planeta.  

Estamos, como dijimos antes, ante los síntomas mismos no solo del apocalipsis, sino también ante el desborde descomunal de la decadencia. De la decadencia generalizada en todos sus niveles y planos de intensidad; el institucional, sobre todo, estatal, el relativo al funcionamiento de la economía-mundo, en plena dominancia del capitalismo financiero y especulativo; el de los campos sociales, manifestado en la asombrosa descohesión social, entre sus síntomas, el desprecio a la vida. La decadencia del sistema-mundo cultural de la banalización generalizada; el derrumbe ético y moral. Además, se evidencia lo que podemos nombrar mediocridad generalizada, sobre todo en los perfiles de los personajes de las castas políticas gobernantes.

El problema no solo es que se ha llegado a grados demasiado intensos de la crisis múltiple social, política, cultural y económica, sino que los efectos irradiantes parecen irreversibles. La muerte de las especies y de los seres orgánicos, la muerte de los ecosistemas, la muerte misma de la humanidad de la humanidad, de las sociedades humanas, aunque en una tortuosa dilatación; la muerte de los horizontes, que se pliegan hacia adentro, hacia un centro abismal, que aparece como agujero negro; muertes que patentizan lo irreversible de estas fatalidades, de estas tragedias, de este vaciamiento de la potencia creativa de la vida.  

Ahora bien, lo que pasa en la geografía política de Bolivia no es distinto de lo que pasa en Brasil, salvo las singularidades del acaecer particular en las formaciones sociales diferenciales. Que Evo Morales exprese el perfil simbólico de la convocatoria del mito, encarnada en la simbolización del poder convocante del caudillo, y Jair Bolsonaro exprese el perfil deslucido y gris de un  anacrónico fascista criollo, hace solo a la diferencia de las formas de presentación de los mismo, del desenvolvimiento demoledor de la geopolítica del sistema mundo capitalista en la extensión diferencial de las periferias y de su evolución, en algunos casos, a lo que se denomina, por la burocracia mundial, “potencias emergentes”. Ambos presidentes, uno, de un país anclado en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, el otro, de un país que se vanagloria, en sus estratos elitistas, de ser “potencia emergente”, son los dispositivos simbólicos, en el teatro político, del demoledor desarrollo capitalista, en la modernidad tardía, cuando domina el mundialmente capitalismo financiero y especulativo.

Otra descripción, esta vez de lo que acaece en Bolivia, es ilustrativa empíricamente de la destrucción ecológica para dar lugar al desarrollo desigual capitalista en la geopolítica del sistema-mundo moderno. La descripción publicada parte de las metas propuestas por la forma de gubernamentalidad clientelar del “gobierno progresista”. Para seguir con las consecuencias desastrosas de la persecución anodina de estas metas, por personajes políticos gobernantes, que, a pesar de que se reclamen “progresistas” y hasta “socialistas del siglo XXI”, es más, partidarios del “socialismo comunitario”, son, efectivamente, operadores de las estructuras de poder dominantes en el orden mundial, el imperio, y agentes encubiertos de las empresas trasnacionales extractivistas.

El Gobierno plantea llegar a 13 millones de hectáreas cultivadas en 2025, cuando el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras advertía, en 2012, señaló que las áreas agrícolas disponibles en el país serían de sólo 8,9 millones de hectáreas. La observación pertenece al investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, quien observa que la medida beneficiará a los agroindustriales y que el engrosamiento de la frontera agrícola implica destruir terrenos de vocación forestal. “El estudio Compendio Agropecuario 2012, publicado por el Ministerio, señala que el total agrícola disponible (es decir la sumatoria de la superficie cultivada, barbecho, descanso y tierras con potencial agrícola) alcanza a 8,9 millones de hectáreas, es decir, sólo el 8,1 por ciento del territorio nacional”, señala Ormachea. El investigador, con base en el estudio del Ministerio, añade que si a estos 8,9 millones se restan las tierras que ya están siendo cultivadas y aquellas en barbecho o descanso, las tierras con potencial agrícola se reducen a la mitad, es decir a 4,5 millones. Ormachea resalta que en la medida en que la política gubernamental acordada con los agroindustriales está destinada a la producción de biocombustibles, es decir a potenciar los cultivos de caña de azúcar y soya, las tierras con potencial agrícola en Santa Cruz, Beni y Pando alcanzan a sólo 2 millones de hectáreas. “Como se puede inferir, una ampliación de la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas supone sobrepasar ampliamente estos límites, por lo que el incremento de la frontera agrícola se expandirá a áreas de clara vocación forestal del uso del suelo, que incluyen los territorios indígenas, seguramente con resultados productivos de muy corto plazo, pero no sustentables a futuro; lo que ocurre hoy en la Chiquitanía expresa esta obsesión gubernamental”.

Ormachea señala que Bolivia se sitúa entre los países con menores rendimientos agrícolas de la región y con distancias abismales con relación a la productividad alcanzada por los países desarrollados. En el período comprendido entre 2005/2006 y 2016/2017, es decir durante el “proceso de cambio”, los rendimientos promedio anuales apenas sufrieron un muy ligero incremento de 4,76 toneladas métricas por hectárea a 4,96. Se requieren, por tanto, políticas públicas orientadas a mejorar sustancialmente la productividad”. El investigador plantea que, considerando la propuesta gubernamental de lograr 13 millones de hectáreas para producir 45 millones de toneladas métricas hacia 2025, en realidad se retrocede en productividad, pues se alcanzaría un rendimiento de sólo 3,46 toneladas métricas por hectárea. “Gran regalo del MAS para celebrar el bicentenario de Bolivia, a costa, obviamente, de sus bosques y su biodiversidad”.

El estudio cuantifica 90 mil kilómetros cuadrados como la totalidad de superficie agrícola disponible. Unos 27.500 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie cultivada. Hay otros 45 mil kilómetros cuadrados con potencialidad agrícola. La mayoría está en Santa Cruz, con 15 mil kilómetros cuadrados. Pando tiene 6 mil. Algo más de 9.500 kilómetros están reservados como zonas de descanso[2].

Otra descripción empírica también ayuda ilustrativamente a comprender los alcances de la fenomenología apocalíptica de la destrucción capitalista, sobre todo, en una de las periferias de la geopolítica del sistema-mundo moderno. Se enfoca la trágica situación en el Chaco húmedo boliviano, sobre todo en la geografía administrativa denominada Chiquitana.  

El incendio de magnitudes en la Chiquitanía ha destapado el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha negado que se haya dado permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo contradicen a esa repartición del Gobierno central. Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados al régimen de Evo Morales, que desde 2006 se vienen organizando para lograr tierras en los valles, oriente y Amazonía del país. Las resoluciones beneficiaron a grupos como la Comunidad Intercultural agroecológica Marcelo Quiroga Santa Cruz adjudicada con 650 hectáreas de tierra y la Comunidad Agropecuaria Intercultural El Quebracho con 1.350 ha, ambas en San Miguel de Velasco; la Comunidad Intercultural Alborada logró 1.551 ha en San Ignacio; los interculturales Pampa Grande con 1.350 ha en San Rafael. Posteriormente, en marzo, el INRA volvió a dotar de tierras fiscales a estas comunidades colonizadoras, aprobando la entrega de 26.157 ha para la Federación de Interculturales de Santa Cruz, a fin de consolidar los asentamientos en las provincias Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco de Santa Cruz. Otro documento muestra la lista de 26 comunidades afiliadas a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, que se beneficiaron con resoluciones de asentamientos por más de 60 mil hectáreas a un promedio de 1.500 ha por comunidad, en un proceso que abarcó desde febrero a abril de este año.

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjo el incendio que hasta la fecha no ha podido ser sofocado, aunque la magnitud y cantidad de focos de calor redujeron 80 por ciento, quedando 142 puntos reportados. “Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero, no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos”. Sin embargo, el documento de aprobación de asentamientos para la Central Única de Campesinos de Santa Cruz incluye al municipio de Roboré, donde se presume comenzó el siniestro que hasta hoy ha provocado la pérdida de 1,1 millón de hectáreas y mantiene 30 incendios activos en la zona de la Chiquitanía. Entre Pailón, Roboré y San José de Chiquitos figuran nueve comunidades beneficiadas con terrenos para la expansión de la frontera agrícola. En Roboré, específicamente, se encuentran la Comunidad Campesina Agroforestal Aguas Claras y la Comunidad Tupac Amaru, esta última cercana a Tucavaca, donde a fines de 2018 hubo resistencia para el ingreso de colonizadores a la zona por existir ahí una reserva natural. Mientras desde el régimen de Evo Morales se rechaza el tema de asentamientos, los activistas y cívicos cruceños desplazados en la Chiquitanía han verificado que existe tala de árboles y apertura de caminos. También se muestran en imágenes carteles de las comunidades interculturales con nombres como “San Lorenzo”, “Miraflores”, hasta “Comunidad Evo Morales”. El director del INRA también anunció dar cumplimiento a la “pausa ecológica” que decretó el mandatario del Estado Plurinacional. “Se ha suspendido absolutamente todo, así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado”.

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias. Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios afectan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez. La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía, desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales. El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las diez normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas. Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013, que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019, que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos. “Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista, que supone la liquidación de los bosques nacionales”. La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil. La Chiquitanía, en un mapa elaborado por esa organización, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a Puerto Suárez, con esta región amazónica en medio, caracterizada como “área de expansión agrícola”.

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos. “De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”. El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales meses antes. El anterior decreto 26075 de 2001, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 agregó la figura de “tierras comunitarias” y también incluyó a Beni en los permisos de “quemas controladas” o “chaqueos”, que ya se daban en Santa Cruz. Con el siniestro de la Chiquitanía, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonía en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales. Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos[3].

Lo sugerente de estas descripciones empíricas es que nos muestran las correlaciones y vinculaciones entre dispositivos jurídicos y políticos con los desplazamientos de la destrucción ecológica. Por otra parte, es importante anotar, que proporcionalmente, la magnitud de la destrucción de la Amazonia es relativamente mayor en Bolivia que en Brasil. El aditamento, un tanto distinto a lo que ocurre en Brasil, es que el gobierno boliviano se presenta como “defensor de la Madre Tierra”, aunque, ciertamente, desde el conflicto del TIPNIS y la evidencia de la Cumbre de Naciones Unidas de Cancún se ha caído la careta; en cambio, el gobierno fascista criollo brasilero se presenta descarnadamente tal como es, incluso en sus propios discursos desnudos y provocadores. Empero, este contraste complementario nos muestras que es inocuo tratar de diferenciar a los gobiernos por la forma ideológica con la que se presentan, pues, al margen de que esto tenga efectos en la convocatoria discursiva a los pueblos, se trata de dispositivos discursivos diferenciales al servicio de lo mismo, el funcionamiento de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, en su etapa tardía y de dominancia del capitalismo financiero y especulativo.

En Bolivia, se ha tratado de presentar los incendios como un accidente, en el mejor de los casos, como un descontrol del chaqueo, que estaba normado como “quema controlada”, en el peor de los casos, en su forma grotescamente manipuladora, como una extensión casual de los incendios dados en el Brasil y en Paraguay. Sin embargo, esta versión oficialista cae por su propio peso, pues no puede ocultar ni las políticas extractivistas del gobierno, tampoco sus dispositivos jurídicos, leyes, normas, reglamentos, que alientan la ampliación de la frontera agrícola, incluso avanzando en áreas de vocación forestal. Por otra parte, no pueden ocultar lo que efectivamente ha ocurrido, la entrega de tierras a “comunidades” de colonizadores, mal llamados “interculturales”, además de las concesiones dadivosas a la burguesía agroindustrial de la soya y también, en su desenvolvimiento, del añorado biocombustible, acompañado por la promoción de los transgénicos.

En otras palabras, observando lo que ocurre en Sud América, en la álgida coyuntura de crisis ecológica del presente, lo que acaece en la Amazonia, tanto brasilera como boliviana, así como en la Amazonia peruana, además de lo que acaece en el Chaco paraguayo, corresponde a los costos de muerte ecológica del desarrollo del capitalismo en su etapa tardía, es decir, financiara, especulativa y desbordadamente extractivista. Que se den perfiles de gobierno distintos, en rostros diferentes de presidentes, no sugiere otra cosa que el desenvolvimiento destructivo del capitalismo puede darse en distintas versiones políticas.

Conclusiones

1. Las máquinas ecocidas, que son las máquinas capitalistas, además, en su contexto mayor, máquinas de poder, despliegan, en plena modernidad tardía, cuando se combinan barrocamente, una vinculación perversa de tecnologías de última generación con la destrucción atroz de las formas de vida en el planeta, son máquinas de guerra sofisticadas de la civilización moderna contra la vida.
2. El funcionamiento de estas máquinas corresponde a la heurística depredadora del sistema-mudo capitalista, sobre todo, en la etapa de la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y demoledoramente extractivista.
3. La crisis ecológica es planetaria, no está focalizada en algunas regiones o espacios cardinales del planeta. La diferencia radica en que, desde la perspectiva de la geopolítica sistema-mundo capitalista, las regiones de las periferias tiene que pagar, fuera del desarrollo desigual y combinado y la desigualdad diferencial de los términos de intercambio, además de la proletarización generalizada de sus poblaciones, con la destrucción sistemática e irreparable de sus bosques y de sus suelos.
4. En Brasil, el proceso de la destrucción ecológica, que, obviamente comenzó antes, y comprometió a los “gobiernos progresistas” del PT, ha cobrado una desmesura descomunal en el gobierno de Jair Bolsonaro. En Bolivia, en la tercera gestión de los gobiernos de Evo Morales Ayma, también denominado “progresista”, la desmesura descomunal de la destrucción ecológica cobra apocalípticamente magnitudes escalofriantes.
5. La alianza de los gobiernos del PT fue desplazándose, paulatinamente, con los distintos estratos de la burguesía, primero con la burguesía industrial, lo que es comprensible, después, con los estratos burgueses mas bien especulativos. El gobierno de Jair Bordonero, a pesar del perfil desnudamente fascista criollo, puede leerse como continuidad de lo que se venía proyectando, a pesar de la diferencia en las políticas sociales, de salud y del trabajo. En otras palabras, las gestiones corrosivas de los últimos gobiernos del PT cavaron la sepultura del proyecto “progresista”. En circunstancias catastróficas de crisis múltiple del Estado, en el contexto coyuntural del derrumbe ético y moral del proyecto progresista, emerge, casualmente, un personaje altamente anacrónico, de los estratos de la lumpen-burguesía, aliada, por cierto, a los estratos recalcitrantemente conservadores de la oligarquía “café con leche”.

6. La alianza del gobierno de Evo Morales con los estratos más conservadores de la burguesía boliviana, sobre todo con los estratos más depredadores, patentiza no solamente el decurso de la genealogía del poder del “gobierno progresista”, sino la fatalidad ineludible del circulo vicioso del poder y del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

NOTAS

[1] Leer Escándalo: cómo se organizaron las criminales quemas en la Amazonia.  https://www.laizquierdadiario.com/Escandalo-como-se-organizaron-las-criminales-quemas-en-la-Amazonia?utm_content=buffer38388&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR2nNkuHaKiRbqsmn7Y_VVznyCfjcGQ0SzIaWHx7iDW9lv6YJLDlj6_uOtk.

[2] Leer Cedla: Gobierno pasa por alto sus cifras para la frontera agrícola. https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190903/cedla-gobierno-pasa-alto-sus-cifras-frontera-agricola.

[3] Leer Siniestro de la Chiquitanía destapa masiva distribución de tierras del oriente para interculturales. http://www.visorbolivia.com/noticia/5656.