Crisis del Tribunal Supremo Electoral

Raúl Prada Alcoreza

La crisis política adquiere sus perfiles pronunciados en la medida que la misma avanza de manera desbocada. La crisis política puede manifestarse de una u otra manera, de una u otra forma; aparecer, por ejemplo, en el desborde de la degradación ética y moral, manifestada en las conductas o en los manejos; pero, también puede aparecer en la crisis institucional, cuando las instituciones no funcionan como deben. Los cambios de gabinete fueron de los síntomas más patentes de los desbordes de la crisis; en el mismo tenor, también son síntomas de la crisis política las renuncias. En lo que respecta al Tribunal Supremo Electoral hemos asistido a dos renuncias consecutivas, la del vicepresidente y la de la presidente del Tribunal.

Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE. Explica que el estancamiento, en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena, es la razón que la llevó a renunciar. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, presentó hoy, mediante una carta, su renuncia irrevocable ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejerció la función como vocal nacional desde su designación en julio de 2015. «En calidad de presidenta del Tribunal Supremo Electoral he procedido con toda responsabilidad y empeño para que mis actuaciones se enmarquen en la norma e institucionalidad; sin embargo, en esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones, referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y, los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia razón por la cual debo presentar mi renuncia»1 .

La situación del TSE en la coyuntura se puede figurar como una rama perdida en la tormenta, haciendo alusión a la metáfora de la hoja perdida en la tormenta. Se trata de una rama del árbol del Estado. Sometido a presiones, cumpliendo hasta donde puede con sus funciones encomendadas por la Constitución, incumpliendo en otros casos; Tribunal desafiado a cumplir con la Constitución ante el intento de re-postulación del presidente, cuando la carta magna se lo prohíbe, además del referéndum de febrero de 2016, que dijo No a la reforma constitucional, que intentaba legalizar la reelección indefinida; el TSE ingresa, en esta coyuntura, a su mayor crisis, hasta el momento, con la renuncia a la presidencia del Tribunal, contando ya con la renuncia del vicepresidente del mismo Tribunal. Katia Uriona explica su renuncia, dice que es debido al estancamiento en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena. Sin embargo, al parecer, no solo se debe a este estancamiento la crisis del TSE. El vicepresidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” declara en una entrevista al periódico El Deber que «nosotros no amenazamos, nosotros haremos respetar la Constitución. Siempre hemos hecho respetar la Constitución». De esta declaración y del contexto de la crisis se puede colegir que el TSE ha estado sometido a presiones del ejecutivo, sobre todo de la jerarquía máxima. No es, obviamente, la primera vez que sucede esto, al contrario, ya hay una larga secuencia de intervenciones, opacas y ocultas, del gobierno al TSE; el ejecutivo a obstaculizado el desempeño del órgano de poder electoral. No lo considera independiente del ejecutivo, al contrario, cree que debe acatar las órdenes del gobierno, pues se trata de conducir el “proceso de cambio”; lo que justificaría la secuencia de injerencias. Una de las más destacables y anecdóticas injerencias se dio cuando el vicepresidente, ante los avances de los resultados del referéndum, declaró que faltaban las votaciones de los lugares más alejados del área rural, con lo que se invertiría la tendencia, constatada por la votación, donde ganaba notoriamente el No. A pesar de que el porcentaje y la votación que quedaba no alcanzaba para invertir los resultados, incluso en el caso de que toda la votación hubiera sido por el sí, pues los valores absolutos y relativos de esta votación de la población alejada, que faltaba contabilizar era menor al porcentaje y los valores absolutos de lo que quedaba cuantificar, como para invertir los resultados.

No estaríamos lejos de lo ocurrido si conjeturamos que parte de la causa de la renuncia de la presidenta del TSE se deba a las presiones del vicepresidente. Ahora bien, la crisis del Tribunal forma parte de la crisis política del régimen clientelar, si se quiere, hablando en los términos del discurso ideológico, de la crisis del “proceso de cambio”. ¿Por qué la forma de gubernamentalidad clientelar no acepta la independencia de los órganos de poder del Estado? Ciertamente, también hay que considerar la relación del régimen neoliberal con los poderes del Estado-nación; en este caso, tampoco se puede aseverar la independencia plena de los poderes, puesto que la injerencia también se dio, de una u otra manera, solo que quizás de una manera más solapada. Por ejemplo, cuando se efectuaron las privatizaciones, en la llamada “capitalización”, ninguno de los poderes del Estado hizo cumplir la Constitución de aquel entonces, transfiriendo, como se dice, a costo de gallina muerta las empresas estatales y haciendo concesiones onerosas a las empresas trasnacionales. Todos los poderes estaban prácticamente comprados; en el caso del régimen clientelar, todos los poderes están cooptados ideológicamente, en el mejor de los casos, clientelarmente, en los casos usuales. Sin embargo, el discurso de la “independencia de poderes” es recurrente en la formación discursiva liberal, incluyendo a su desprendimiento discursivo tardío neoliberal; en cambio, resulta una molestia en las gestiones y políticas implementadas en el “gobierno progresista”. A pesar de que en la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico se establece la independencia de poderes, en la práctica, el gobierno neo-populista nunca aceptó esa condicionalidad constitucional, pues considera que todos los poderes del Estado deben estar ajustados y apoyando al “proceso de cambio”.

La crisis del régimen clientelar tiene que ver entonces no solo con la crisis de convocatoria, que se da a un principio, que es compensada con la expansión de las redes clientelares, lo que lleva a una crisis de legitimidad, sino también con la incongruencia misma del ejercicio de poder con la estructura institucional establecida por la Constitución. Entonces a la crisis de legitimidad se suma la crisis del funcionamiento mismo de los aparatos de Estado; no coordinan mediante sus propias autonomías institucionales, sino que son subsumidas a las compulsiones del ejecutivo, que se convierte en el centro paranoico en el ejercicio del poder y en la práctica política. Concretamente, en lo que respecta a la crisis del TSE, al régimen clientelar, en la medida que se incrementa su deslegitimación, un Tribunal independiente le resulta peligroso, incluso le resulta un obstáculo un Tribunal más o menos independiente. Por eso las presiones, cuya secuencia va en aumento de intensidad.

La coyuntura actual puede caracterizarse como de un desborde de la crisis política del régimen clientelar, tanto por la acumulación de vulneraciones notorias a la Constitución, así como el desenmascaramiento del “gobierno progresista” como un gobierno más al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; pero, sobre todo, ahora, como un régimen que solo puede conseguir permanecer mediante el recurso de la violencia, una vez agotada la convocatoria, antes; incluso una vez agotada la cohesión lograda por las redes clientelares, después. Ante la derrota del referéndum por la reforma constitucional, la desesperación oficialista recurrió las maniobras más estrafalarias, como las del Tribunal Constitucional, que suspendió artículos de la Constitución, algo que no está en sus competencias, además de inventarse extravagantemente una interpretación antojadiza del Convenio de San José. Con esto pretende habilitar al presidente a la re-postulación indefinida, forzando no solo la Constitución y el Convenio de San José, sino también el buen entendimiento y la lógica. Sin embargo, para lograr la realización de esta maniobra requiere que el TSE habilite o reconozca la habilitación del presidente a su re-postulación. Algo que no parece del todo compartido por todos los vocales del Tribunal. Al parecer tres de los vocales de los siete parecían inclinarse a respetar la Constitución y los resultados del referéndum; por eso declararon que los resultados del referéndum son vinculantes. Que todo esto no salga a luz de manera clara, salvo las declaraciones mencionadas de los vocales, se debe a la situación en la que se encuentran: El Tribunal Supremo Electoral no es independiente, está prácticamente absorbido por las coerciones del ejecutivo, a pesar de sus resistencias y ciertos comportamientos congruentes, sobre todo técnicos. El gobierno no puede permitir que el debate salga a luz y se haga público; por eso su filtración, por así decirlo, se da de manera desplazada, dejando indicios de lo que ocurre.

La renuncia de la presidente del TSE equivale a un desmoronamiento del Tribunal; sin embargo, el ejecutivo, el Congreso y el órgano de poder judicial, se hacen a los desentendidos. Pretenden seguir adelante, incluso hay declaraciones desentendidas, como las emitidas por parte del presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Antonio Condori, quien negó que exista una crisis al interior del Órgano Electoral; dijo que la renuncia de Uriona es una eventualidad que se va a superar. «El hecho de que renuncie una autoridad no quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones primarias. El hecho que hayan renunciado autoridades no significa que se nos hunde toda la estructura, toda una experiencia en administración de procesos electorales». No hay que olvidar que Uriona fue una de las disidentes en la aprobación del Reglamento para las Elecciones Primarias, su renuncia se da a tres días de haberse presentado el calendario electoral; en un ambiente donde se cuestiona abiertamente la reelección del presidente 2.

Decir algo parecido a que no pasa nada y que todo sigue igual después de la renuncia de la presidenta del TSE es más o menos, exagerando, que tampoco pasa nada si renuncia el presidente del Estado. Aunque por razones totalmente distintas a lo que supone el que declara semejante interpretación, podría tener razón, teniendo en cuenta que los representantes y autoridades políticas no son indispensables; la maquinaria del poder seguiría funcionando, no solo porque otros ocuparían el lugar vacío, sino porque la máquina de poder funciona por inercia. De todas maneras, renuncie la presidenta del TSE o renuncie, de acuerdo con nuestro ejemplo, el presidente del Estado, lo que no se puede ocultar es la crisis política e institucional, que es precisamente lo que hace el presidente del Tribunal Departamental de La Paz. Ahora bien, la crisis del TSE es de magnitud, a tal punto que ya no puede funcionar si no se resuelven sus falencias, así como si no se resuelve el estancamiento señalado por la presidenta renunciante. Esto, cumpliendo, por lo menos, el minimum minimorum para que vuelva a funcionar, manteniendo las apariencias. Si se trata de resolver la crisis del TSE, se requiere mucho más; por lo menos, lograr su independencia de manera efectiva, no declarativa. Esto implica cambios estructurales y de la composición de este Tribunal. Sin embargo, esta condición indispensable para garantizar la imparcialidad y el desenvolvimiento electoral no se puede cumplir en un régimen clientelar, pues el funcionamiento de la economía política del chantaje no acepta ninguna independencia, ninguna imparcialidad, pues requiere la adhesión mediante el chantaje.

La crisis no parece solucionable en las condiciones de funcionamiento impuestas por los aparatos de Estado. Entonces, uno de los escenarios del desenlace político es que el deterioro continúe su marcha degradante. Otro escenario, mas bonancible, es que se logre, dependiendo de la correlación de fuerzas, por lo menos, corregir las falencias del Tribunal, logrando que el mismo cumpla con la Constitución y acate la voluntad popular, respetando y haciendo cumplir los resultados del referéndum. Aunque este segundo escenario no esté al alcance de la mano, no sea exactamente el más probable, es por el que se tiene que pelear, pues se trata de preservar los mínimos funcionamientos de la democracia formal. Si no ocurriera esto, si nadie respeta los resultados del referéndum, ni el oficialismo, tampoco la oposición, ni parte de las plataformas ciudadanas, entonces habríamos ingresado a otro agenciamiento, donde no se puede hablar del ejercicio de la democracia formal, incluso en sus márgenes más acotados. Ir a las elecciones en estas condiciones, no democráticas, desconociendo la voluntad popular, es ingresar a un juego perverso, ya no solo de apariencias, sino de forcejeos de mutuas imposturas. Pongámonos en el caso de que se de algo parecido, entonces gane el que gane estas elecciones, asentadas en el desconocimiento de la voluntad popular, no será legítimo. Sobre arenas deleznables no se puede construir una gubernamentalidad.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/10/22/katia-uriona-renuncia-la-presidencia-del-tse-197719.html.