¿Redistribución y descentralización?
El Gobierno Central maneja 63% de los ingresos
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Los impuestos y regalías alimentan las finanzas del Estado y de estos recursos casi 63% está en manos del Gobierno Central. Esa parte, la más grande, no estaría incluida en la discusión principal del Pacto Fiscal, advierte la Fundación Jubileo, de la Iglesia Católica en Bolivia.
“El momento en que se definan nuevos usos y destinos de los recursos públicos se tratarán solamente los que administran las gobernaciones y los gobiernos municipales. Si se suma sus recursos, llegan a menos de 30%; es decir que se debatirá sobre la tajada más pequeña”, afirmó el equipo técnico de la Iglesia Católica, con sede en la Paz.
Si se trata de debatir una reforma al sistema fiscal se tendría que incluir el resto de los beneficiarios, en especial del Nivel Central, que tiene en sus manos la mayor porción de los recursos, refiere en torn o a la polémica sobre el demorado Pacto Fiscal entre el gobierno central y los subnacionales con participación de la sociedad civil.
Además, recuerda, el Nivel Central también tiene tuición sobre los recursos de la Renta Dignidad, Fondo de Promoción a la Inversión en Hidrocarburos y el Fondo Indígena.
RETRASADO Y CON MENOS FONDOS
En principio, el Pacto Fiscal debía realizarse como parte del proceso constituyente para adecuar la asignación de los recursos conforme a la nueva Constitución y durante el periodo de la denominada bonanza económica, que era una oportunidad propicia para realizar reformas fiscales y asignar de mejor manera los grandes recursos recibidos para destinarlos hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
Este proceso fue relegado por mucho tiempo y ahora se llevará adelante en un contexto con recursos que están en caída.
En todo caso, la agenda fiscal sigue siendo un tema pendiente. Aún es fundamental darle una mejor orientación a los recursos públicos hacia la construcción de una economía más sostenible, reducir inequidades, viabilizar el ejercicio de las autonomías departamentales (con recursos recurrentes), y que todos tributen de acuerdo con su capacidad económica; para lo cual se requieren cambios o reformas estructurales de la actual arquitectura fiscal en su totalidad; es decir, un Pacto Fiscal integral, que considere también al Nivel Central y no solamente a los gobiernos subnacionales.
En síntesis, la orientación del Pacto Fiscal que dirige el Gobierno sería un espacio para revisar los gastos o prioridades de los gobiernos subnacionales, se analizarían maneras para mejorar el aprovechamiento de sus recursos y alternativas de financiamiento; pero sin mayor discusión en relación de los recursos nacionales y su utilización.