Gobiernos de Sudamérica repudian el golpe terrateniente en Bolivia

Redacción Bolpress

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y Paraguay expresaron su respaldo incondicional al proceso democrático boliviano. Lula da Silva y Cristina Fernández no reconocerán a ningún golpista que pretenda sustituir al legítimo gobierno constitucional de Bolivia. Hugo Chávez apoyará movimientos armados si Evo Morales es derrocado. El secretario general de la OEA dijo que los autonomistas no tienen derecho de apoderarse de bienes públicos.

El presidente de Brasil Lula da Silva comunicó por teléfono al Presidente Evo Morales su apoyo a la institucionalidad democrática en Bolivia. El asesor para asuntos internacionales Marco Aurelio García informó que el gobierno de Brasil "no tolerará una ruptura del ordenamiento institucional boliviano, sobre todo porque ese ordenamiento fue recientemente refrendado por una manifestación del pueblo" en el referéndum revocatorio de mandato el 10 de agosto.

Eso significa que Brasil no reconocerá "a ningún gobierno que sustituya o pretenda sustituir al legítimo gobierno constitucional de Bolivia". El presidente de Venezuela Hugo Chávez y la mandataria argentina Cristina Kirchner ratificaron su pleno e incondicional respaldo al gobierno constitucional de Morales y tampoco aceptarán un quiebre democrático.

Solidario con Morales, el presidente Chávez expulsó hoy al embajador de Estados Unidos en Caracas Patrick Duddy, conminado a abandonar territorio venezolano en 72 horas. Además, advirtió que si Morales es derrocado o asesinado, la oposición derechista le daría "luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia".

Los gobiernos de Chile y Paraguay expresaron su preocupación por el desborde de violencia, deploraron la pérdida de vidas humanas y pidieron emprender un diálogo constructivo en bien de la democracia y la institucionalidad.

El gobierno de Cristina Fernández criticó "los graves hechos de violencia y sabotaje terrorista que se registraron en la hermana República de Bolivia, donde se han producido víctimas fatales, destruido bienes públicos y privados y afectados gasoductos que abastecen a países vecinos".

El gobierno argentino llamó a "los prefectos a frenar los actos de violencia en sus respectivos departamentos y convoca a los principales dirigentes políticos y sociales de aquel país para que eviten un agravamiento de la situación y retomen el diálogo".

Argentina "expresa su permanente disposición a colaborar en la búsqueda de una solución que garantice el pleno respeto de la democracia, la integridad territorial y la paz, valores que han guiado a la sociedad boliviana en estos últimos años en forma ejemplar en la región y el mundo".

Organizaciones internacionales apoyan a Bolivia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza repudió la violencia de grupos civiles que tomaron instalaciones gubernamentales y atacaron a las fuerzas armadas, "en una clara actitud de provocación y de agresión".

"No es aceptable para nadie el que, por mucho que se reclamen autonomías, determinados grupos se sientan con el derecho de apoderarse de bienes públicos", reflexionó Insulza.

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN) Freddy Ehlers censuró la violencia y llamó a las autoridades y a todas las fuerzas políticas a dialogar en resguardo de la democracia y en el marco del respeto a las normas constitucionales.

El presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR Chacho Álvarez manifestó su profunda preocupación por las actitudes divisionistas y separatistas de algunos sectores, y ratificó su solidaridad con Bolivia en "esta terrible situación de violencia".

La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la espiral de violencia desatada en departamentos del oriente y sur del país, y los cada vez más frecuentes ataques a organizaciones indígenas e instituciones que promocionan los derechos campesinos e indígenas.

El organismo llama a las autoridades nacionales, departamentales y locales a garantizar el respeto de los derechos humanos y cumplir con su deber legal de adoptar medidas razonables para prevenir más violaciones.

La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) condenó el acoso y los ataques a periodistas y medios de comunicación estatales, acciones que responden a un plan concertado y auspiciado por el imperialismo que busca, a través de la oligarquía boliviana, descarrilar el proceso democrático que encabeza el Presidente Morales.

"La Felap y sus organizaciones miembros están en permanente vigilancia ante los salvajes ataques a los que están siendo sometidos periodistas y medios de comunicación que rehúsan plegarse a los 'buitres' que pretenden engullirse a Bolivia, para mantener a las grandes mayorías de su pueblo en la más abyecta de las miserias mientras se apropian de su riqueza", declaró el periodista argentino Juan Carlos Camaño, presidente de la Felap.

El gobierno argentino pide a la comunidad internacional que se pronuncie a favor del respeto al orden constitucional y la integridad territorial de Bolivia; que condene las acciones violentas impulsadas por autoridades locales, así como todo intento de desestabilización de los gobiernos populares de Sudamérica elegidos democráticamente en elecciones libres.

Alvarez exhorta a todos los países miembros del MERCOSUR, y también a todos los estados hermanos de la región, a renovar su compromiso urgente con la paz en Bolivia, la recuperación del diálogo y la convivencia pacífica, la estabilidad política y el compromiso democrático, "sobre todo en un momento en el que estamos todos comprometidos en avanzar para profundizar la integración sudamericana, aprovechando la oportunidad histórica que nos confiere la región".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.