Shannon advierte que las relaciones diplomáticas bilaterales se han "dañado seriamente"

Echan a Goldberg y EE.UU. declara "persona no grata" al embajador Guzmán

(Agencias).- El Canciller David Choquehuanca notificó oficialmente al gobierno de Estados Unidos que el embajador Philip Goldberg fue declarado persona "non grata" por conspirar contra la democracia y la unidad de Bolivia. Acto seguido, el gobierno norteamericano declaró "persona non grata" al embajador de Bolivia en Washington Gustavo Guzmán.

El gobierno boliviano oficializó la expulsión de Goldberg mediante notas entregadas de manera simultánea al Departamento de Estado en Washington y al diplomático cuestionado en La Paz, quien deberá abandonar el país en un plazo máximo de 72 horas.

"En respuesta a las acciones injustificadas y en cumplimiento de la Convención de Viena, hemos informado oficialmente al gobierno de Bolivia sobre nuestra decisión de declarar persona non grata al embajador Gustavo Guzmán", informó el vocero del Departamento de Estado Sean McCormack.

Goldberg fue amonestado en varias oportunidades por su comportamiento poco transparente y por sus movimientos políticos imprudentes en momentos de alta tensión política que despertaron gran incertidumbre y susceptibilidad.

Goldberg solía reunirse con autoridades del Poder Judicial acusadas de corrupción y fue visto en Santa Cruz acompañado por un delincuente colombiano que ahora está preso en la cárcel de Palmasola. En una oportunidad se hizo la burla del Presidente Morales cuando éste propuso cambiar la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Días antes de que estallara la revuelta terrateniente en las tierras bajas del país, Goldberg se reunió con los prefectos de Santa Cruz y Chuquisaca, y también con líderes opositores de derecha de Tarija, Pando y Beni.

El gobierno de Bolivia tiene interés de mantener relaciones bilaterales y de cooperación con la potencia del norte, pero en base al respeto a la autodeterminación y a la soberanía nacional. "Queremos que designen a otro embajador, pero en la carta explicamos que seguiremos manteniendo relaciones comerciales", dijo Choquehuanca.

El responsable de la diplomacia norteamericana para América Latina Thomas Shannon afirmó que el gobierno boliviano cometió un "gran error" al expulsar a Goldberg, un "diplomático con un comportamiento impecable", y advirtió que esa decisión ha "dañado seriamente" las relaciones bilaterales.

El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana reiteró que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) montó una "estructura conspirativa" en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija; y en nombre de la "cooperación" golpeo sistemáticamente al gobierno a través de empresas y ONGs.

Usaid reclutó a varios políticos y economistas que ocuparon altos cargos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa. Con la información del Estado, estos burócratas complotaron durante todo este tiempo contra el gobierno nacional, denunció Quintana.

Javier Cuevas, ex ministro de Hacienda en los gobiernos de Goni y Carlos Mesa; Javier Rebollo, ex viceministro y director General del Tesoro; José Nogales, ex viceministro de Política Tributaria, y el ex director del INRA Juan Brun, entre otros, fueron contratados por Usaid para socavar la política económica del gobierno de Evo Morales y desinformar en torno al fenómeno mundial de la inflación.

Carlos Campero, uno de los operadores del "cuarto de guerra" de Sánchez de Lozada, se vinculó a Usaid para trabajar en temas de descentralización en apoyo a las prefecturas autonomistas, reveló el ministro Quintana.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.