La autonomía golpista y fallida con pies de barro se derrumbará ante la ley y la historia, presagia García Linera

El Vicepresidente llama al pueblo a detener a los “golpistas de traje y camisa” de Santa Cruz

Redacción Bolpress

No hay ningún problema si el grupo de personas autodesignadas como gobernador y asambleístas legislativos del “gobierno autónomo” de Santa Cruz usa esos nombres como una asociación privada. Pero si en algún momento estas personas autonombradas intentan ejercer sus cargos con facultades de derecho público estarán llevando adelante un golpe de estado al Congreso Nacional y se convertirán, “sin tapujos”, en golpistas que intentan asesinar a la democracia, advirtió el Vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso Alvaro García Linera.

En aplicación del estatuto autonómico aprobado el 4 de mayo en una consulta desconocida por el gobierno y la comunidad internacional, las dirigencias políticas de Santa Cruz instalaron una asamblea legislativa provisional, crearon un Consejo Departamental de Comercio Exterior y Exportaciones que busca revertir las restricciones a la exportación de aceite, estudian la aprobación de un salario mínimo departamental de mil bolivianos y un seguro médico departamental, en abierto desacato a las leyes y a las autoridades nacionales constituidas.

En un mensaje a la nación, el Vicepresidente García Linera enfatizó que no existe ningún otro órgano legislativo en Bolivia paralelo al Congreso Nacional y que las autoridades departamentales se denominan prefectos, según la Constitución Política del Estado (CPE) que todos los ciudadanos bolivianos dignos y las autoridades naciones han jurado defender, acatar y cumplir.

Si algunas personas de Santa Cruz pretenden suplantar las funciones de instituciones democráticas, en ese instante violentarán, agredirán, matarán e intentarán destruir el pacto de hermandad que se llama Constitución Política del Estado, advirtió García Linera.

En su calidad de presidente Nato del Congreso, García Linera advirtió a los autonomistas cruceños que la CPE y las leyes son más fuertes que “su capricho y soberbia” y que sus instituciones y entes apócrifos con pies de barro se derrumbarán ante la ley y la historia. El pueblo se defendió del golpismo militar y también sabrá defenderse del golpismo “de traje y camisa”, aseguró el Segundo Mandatario.

Pidió a los ciudadanos cruceños, pandinos, tarijeños y benianos que lucharon democráticamente por sus autonomías que no apoyen a los “violentos destructores” de las instituciones democráticas ni a los “golpistas” que quieren destruir la Constitución. Ningún ciudadano digno ni autoridad libre y democrática puede ni debe obedecer las decisiones de un ente apócrifo.

García Linera opina que la autonomía es una causa justa y no un abuso o destrucción de la institucionalidad. Todos los bolivianos debemos garantizar su victoria en el marco de la ley y la constitución, pero la autonomía sólo puede nacer constitucionalmente. El mandatario admite que no puede haber nueva CPE sin incorporar de manera plena y “sin mezquindades” la autonomía departamental, pero también esta claro que la autonomía no puede avanzar sin CPE porque así ocurre sería una autonomía golpista y fallida que no responde a los intereses del pueblo que votó por ella.

El gobierno reiteró que no permitirá que ninguna acción ilegal surta efecto y advirtió a quienes actúan al margen de la ley que tarde o temprano, como cualquier autoridad o funcionario público, tendrán que responder por sus actos ante la justicia. “El golpismo congresal no va a pasar y las autoridades garantizaremos el cumplimiento de la CPE”, dijo García Linera.

El presidente del Congreso convocó a las cuatro fuerzas políticas a trabajar por la reconciliación para conciliar la CPE con los estatutos y no jugar al “golpismo congresal”, e invocó a los autonomistas a que reflexionen y dejen actitudes agresivas y acudan al diálogo.

El Poder Ejecutivo plantea un pacto nacional con el fin de preservar la unidad de la patria, incorporar las autonomías departamentales por la vía legal y redistribuir los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Tito Hoz de Vila (Podemos) desestimó la convocatoria de García Linera porque la propuesta oficialista no es creíble. "El gobierno coquetea a los prefectos, les hace creer que quiere diálogo y les serrucha el IDH; después a los partidos políticos les pide hablar y los encierra en la Vicepresidencia y los cerca en el Congreso; ahora otra vez con los prefectos un coqueteo y saca un Decreto Supremo para que no usen las regalías". Además, para que se instale el diálogo, necesariamente tiene que participar la Iglesia Católica, dijo.

Hoz de Vila recordó que la actual crisis política que atraviesa el país es culpa de la tozudez del MAS que siempre se opuso a elaborar de manera consensuada una constitución "como la gente", y así "no vivir todo este despelote que estamos viviendo hoy día en el país".

Según el senador de Podemos Carlos Bohrt, García Linera hizo un análisis excesivamente duro y crítico en relación a la Asamblea Departamental y a lo que ocurre en Santa Cruz y luego convoca al diálogo al
Congreso. El gobierno no puede continuar con la práctica de agredir verbalmente al interlocutor y luego convocar al diálogo, recomendó.

Bohrt dijo estar dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo con la condición de que el Vicepresidente concrete la convocatoria, diga a quiénes convoca y cuál es el temario a discutir.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.