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Intentando allanar el camino de la concertación, el Presidente dijo estar dispuesto a aceptar cualquier tipo de mediadores y observadores internacionales. El vicepresidente Álvaro García Linera, esperanzado en que los prefectos de oposición responderían favorablemente a la convocatoria, propuso esta mañana consensuar un “paquete de decisiones” que permitan salir de la crisis política, que incluya el referéndum revocatorio.
Pero la oposición en el Senado respondió a la invitación del Ejecutivo sancionando en tiempo récord el proyecto de ley de revocatoria de mandato de las máximas autoridades nacionales y departamentales que fuera presentado por el propio Presidente y que ya fue aprobado en detalle por la Cámara de Diputados.
Los legisladores de la oposición, que tienen mayoría en el Senado, ratificaron el proyecto en grande, aprobaron en detalle cada uno de los artículos a paso acelerado, sancionaron la norma y la enviaron al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación. Argumentan que ha llegado la hora de que el pueblo decida quién tienen la razón en el entuerto político actual, o el gobierno o la oposición.
Si el Presidente no promulga o veta la norma en un plazo de 10 días, el Vicepresidente y el Congreso podrían dar luz verde al referéndum. Si Morales no aprueba la ley daría una imagen de gran debilidad política.
El senador del MAS Félix Rojas dijo que la bancada oficialista está de acuerdo con el proyecto de ley de revocatoria de mandato, pero no considera prudente ni oportuna su sanción en un momento en el que se hacen esfuerzos por concertar. Ahora el país exige que se reanude el diálogo, pero si se sanciona este proyecto perjudicaremos cualquier acercamiento político, explicó.
El senador Antonio Peredo (MAS) comentó que la oposición busca poner al Presidente en un “desbalance” frente a lo que ocurre en el país. “Frente a la ilegalidad con la que se llevan adelante los referéndums en los departamentos, quieren entregarle al Presidente una papa caliente; buscan una confrontación abierta entre el gobierno y los prefectos”, dijo.
Según la norma sancionada este miércoles en el Senado, para revocar el mandato del Presidente y del Vicepresidente se requiere que los votos en su contra en el referéndum superen el 53,7%. Si ambas autoridades pierden el mandato se convocaría de inmediato a elecciones generales.
La maniobra de la oposición tiene la intención de bloquear cualquier intento oficialista de aprobar leyes de convocatoria a los referéndums constitucional, para ratificar la Constitución Política del Estados aprobada por la Asamblea Constituyente, y dirimidor para fijar un límite a la propiedad agraria (5 mil 0 10 mil hectáreas).
Antes del “madrugón” de la oposición, García Linera informó en la mañana que el gobierno de Estados respetará el principio de la no intervención en asuntos internos, expresó su pleno respaldo a todas las autoridades elegidas democráticamente en Bolivia e instó al diálogo. Luego de reunirse con el segundo Mandatario, el embajador Philip Goldberg propuso que la OEA, países amigos, Iglesia Católica o la instancia que elijan las partes enfrentadas podrían mediar en el diálogo.Volver atrás
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Las visiones del Vicepresidente
En la última conferencia de prensa del vicepresidente escuchamos su discurso cuyo contenido no corresponde a la realidad boliviana; si pretende adjudicar a nuestro país sus aseveraciones, la cosa es grave: Son visiones o peor aún ilusiones fuera de foco que están encandilando al vice.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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