Área: Economía >> Empresa
Actualizado el 2007-08-22 a horas: 23:01:44
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Secuestran un radio enlace ilegal de Canal 20 de Vinto en Cochabamba

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sittel) secuestró el radio enlace de Canal 20 de Vinto en Cochabamba por transgredir la Ley de Telecomunicaciones, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y oficiales de los Juzgados Primero y Segundo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la de Cochabamba.

“En cumplimiento a las Resoluciones Administrativas Regulatorias 2007/1849 y 2007/2068, la Sittel secuestró la parte receptora de un radio enlace del Canal 20 - Piñami de Comunicaciones, por usar indebidamente el espectro electromagnético entre sus estudios y la cabecera de red de Interac Tv, sin contar con la correspondiente licencia”, indica la resolución de la Superintendencia del área.

Sittel investiga el caso desde diciembre de 2006 y comprobó que la estación televisiva en cuestión utiliza “sin autorización” un radio enlace entre sus estudios de la Calle 25 de Mayo y la cabecera de red de Interac Tv, ubicada en la avenida Perú esquina Tadeo Haenque. El 5 de abril de 2007, Sittel pidió a Canal 20 Piñami de Comunicaciones cesar inmediatamente sus emisiones en el radio enlace indicado.

La propietaria de la estación televisiva es Marianela Montenegro, ex candidata a la jefatura departamental del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Acusaron a la ministra de Justicia Celima Torrico de estar detrás de la acción de la Superintendencia.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.

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