Asambleístas del MSM y de otras fuerzas aliadas al oficialismo rechazan la injerencia del Congreso

Los asambleístas del MAS se cuadran ante Evo y se olvidan de la Constituyente "originaria"

Redacción Bolpress

Durante meses, los representantes del MAS defendieron ante la derecha el carácter "originario" de la Asamblea Constituyente, una pelea de términos que prácticamente consumió dos tercios de las deliberaciones. Luego, un acuerdo político modificó la ley de convocatoria a la Asamblea y fijo, desde afuera, nuevas reglas para la Constituyente. De un soplido perdió la Asamblea su atributo "originario" y "refundacional". Algunos representantes protestaron, pero todos los masistas prometieron acatar callados las disposiciones adoptadas en el Congreso.

La ley de ampliación de sesiones de la Asamblea Constituyente sancionada en el Congreso y promulgada por el Presidente Evo Morales el 4 de agosto (figura en la Gaceta Oficial con el número 3728) es producto de un acuerdo político que fija nuevas reglas del juego a la Constituyente. La norma debe ser acatada sin chistar por los asambleístas, coinciden congresistas de izquierda y derecha.

La norma instruye el respeto de los informes de mayoría y minoría, y la incorporación del texto constitucional de minoría en el debate en detalle. En general, la norma define cómo deberán trabajar los asambleístas para la aprobación de sus informes en las comisiones y en la plenaria. Cuando conocieron la norma muchos asambleístas, incluida la presidenta del ente Silvia Lazarte, anunciaron que desconocerían esta "usurpación" de funciones e intento de "tutelar" a la Asamblea.

El Presidente Evo Morales se reunió hasta la madrugada de hoy con los asambleístas de su partido y logró convencerlos de que acepten las nuevas reglas. Los asambleístas decidieron acelerar el trabajo de redacción de la nueva Carta Magna para presentarla y aprobarla antes del 14 de diciembre.

Los constituyentes dejaron de lado la primera fase de la Constituyente, que culminó el 6 de agosto, y ahora asumen el compromiso de redoblar esfuerzos para aprobar la nueva Carta Magna. La bancada masista aceptó la nueva norma y prometió que adecuará su reglamento interno a la disposición del Congreso.

El Movimiento Sin Miedo (MSM), principal aliado del gobierno, aceptó la fecha de ampliación, es decir el 14 de diciembre, el presupuesto, pero desconoció el resto de la ley referido al sistema de aprobación de los artículos. En tanto, el representante del bloque político que apoya al MAS en la Asamblea Félix Cárdenas (Patria Insurgente) reiteró que el “Legislativo no puede poner ninguna regla” al trabajo de la Asamblea y anunció que existe la propuesta de plantear “el cierre del Congreso”.

Se crearán tres comisiones: la Comisión de Comunicación y Difusión para hacer conocer los cambios en la nueva Constitución, integrada por Marco Carrillo, René Navarro y Rosario Ricaldi; la Comisión de Concertación para buscar consensos entre las diferentes fuerzas políticas, integrada por Roberto Aguilar, Carlos Romero, Rebeca Delgado, Raúl Prada, Saúl Ávalos, César Cocarico, Rosario Ricaldi, Víctor Borda, Víctor Hugo Vásquez y Ramiro Guerrero, y la Comisión Técnica Jurídica que trabajará de manera interna depurando artículos duplicados y establecer la concordancia de los mismos, compuesta por los nueve jefes departamentales y la directiva de la bancada nacional del MAS.

El Presidente dio su respaldo a la directiva de la Asamblea y por ahora Silvia Lazarte sigue como presidenta de la Constituyente.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.