Retomar el rumbo

Andrés Solíz Rada

Si se afirma que el actual gobierno debe recuperar el rumbo, cabe preguntar ¿cuál rumbo? ¿El neoliberal de Sánchez de Lozada o el caótico de la UDP? Pensamos que Evo Morales debe retomar el que tenía su propio régimen el 1-5-06, fecha del Decreto de la 3ª nacionalización de los hidrocarburos, que unió al país al recuperar la cadena productiva del sector y abrió la perspectiva de nuestro desarrollo económico y despegue industrial.

Andrés Solíz Rada

Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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Su éxito dependía de su aplicación sistemática y coherente, en la perspectiva de que las petroleras  firmen contratos de operación en los campos en producción. Los campos en retención y exploración debían volver a YPFB, para su explotación directa o en sociedad, previa licitación pública. Debió tomarse, de inmediato, el control accionario de las empresas “capitalizadas” y de las que controlaban refinerías, oleoductos y depósitos de almacenamiento, que surgieron del descuartizamiento de la empresa estatal. El pago por la expropiación pertinente debió depender de auditorias y del resultado de juicios pendientes por estafas, contrabando y evasión impositiva cometidos por las compañías. 

La distorsión del Decreto convirtió los contratos de operación en contratos de producción compartida, de manera que las petroleras mantuvieron el derecho propietario sobre parte de nuestras reservas. Los resultados de las auditorias no sirvieron para penalizar sus irregularidades. A manera de ejemplo, YPFB que, en 1999 (Banzer-Quiroga), vendió a Petrobrás nuestras refinerías en 100 millones de dólares, las recompró en 400 millones, al incluir deudas contraídas por la empresa brasileña mientras las tuvo en su poder. Los contratos fueron firmados sin garantizar inversiones y sin precios diferenciados para el mercado interno. 

YPFB (a la que se descapitalizó con gastos de beneficencia) y la venezolana PDVSA conformaron 3 empresas mixtas: “Petroandina Exploración y Explotación”, “Petroandina Comercialización y Suministro” y “Petroandina-Gas”, para la instalación de una planta separadora de líquidos en Tarija. Ninguna funciona hasta ahora. Al desvirtuarse el  Decreto, las siguientes medidas de recuperación del patrimonio nacional, como la nacionalización de la fundición de estaño y de  los ricos yacimientos de Posokoni, no tuvieron el mismo efecto. Lo mismo ocurrió con el positivo contrato con Jindal (de capital hindú) para la explotación del hierro del Mutún. 

La pérdida del timón del gas y del petróleo impidió que los sectores excluidos de la sociedad, encabezados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), consoliden el frente unitario de defensa del país. Por el contrario, hizo rebrotar corrientes etnicistas disgregadoras, como los “Ponchos Rojos” de Achacachi (departamento de La Paz), y separatistas, como la Unión Juvenil Cruceñista (en el departamento de Santa Cruz de la Sierra). Un pequeño círculo de allegados al Presidente, que habla de modo arbitrario a nombre de los Movimientos Sociales, convirtió a ministros, parlamentarios y representantes oficialistas en la Asamblea Constituyente en figuras casi decorativas. 

Esta situación la viví personalmente como Ministro de Hidrocarburos, cuando se me ordenó pedir la renuncia del ingeniero Javier Escóbar Salguero, quien encabezó el equipo que elaboró los proyectos de Resoluciones Ministeriales para controlar el petróleo crudo, las refinerías y concretar la participación adicional del 32 % de la producción en favor de YPFB. De manera paralela, se me impuso el nombramiento de un nuevo viceministro del área. El Presidente de YPFB y un asesor de la empresa, con el respaldo de Evo Morales y del Vicepresidente Alvaro García Linera,  iniciaron la negociación de los futuros contratos con Petrobrás a espaldas del Ministro. La resistencia del núcleo palaciego a aplicar las referidas resoluciones precipitó mi renuncia. 

Hoy vivimos la tragedia del incremento cotidiano de la pugna del Occidente de Bolivia con los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Por lo anterior, o recuperamos el espíritu de la tercera nacionalización o la suerte de Bolivia estará en manos de los “Ponchos Rojos” y de la Unión Juvenil Cruceñista, respaldados por las ONGs y las petroleras, respectivamente.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.