La asamblea de la paceñidad peleará porque los Poderes Ejecutivo y Legislativo se queden en La Paz

Los asambleístas paceños se repliegan

Redacción Bolpress

Una Asamblea de la paceñidad en la que participaron representantes políticos, organizaciones sociales e instituciones como la Prefectura y las alcaldías determinó hoy el repliegue de los 52 representantes del departamento de la Asamblea Constituyente si se persiste en el intento de trasladar los Poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre.

Las organizaciones sociales y políticas de La Paz firmaron un acta de compromiso de los constituyentes para la defensa de los dos poderes con sede en La Paz y dejaron abierta la posibilidad de un paro cívico. Por otro lado, se aprobó la convocatoria a un cabildo en la ciudad de El Alto para asumir medidas de hecho destinadas a defender La Paz como sede del Ejecutivo y del Legislativo.

Se determinó que los constituyentes instalen una huelga de hambre en Sucre, que se de inicio a una campaña mediática financiada por la Prefectura y municipios de La Paz y que se exija a los jefes de los partidos políticos que se pronuncien sobre la capitalía plena.

El alcalde paceño Juan Del Granado dijo que La Paz no va a tolerar más agresiones. Comentó que el repliegue paceño impide a la Constituyente seguir adelante porque significa que más de 2 millones de bolivianos no estarían representados. 

"Hemos exhortado, bajo las más diversas formas y tonos, y lamento decirlo, al parecer se ha subestimado el criterio de La Paz. Se ha subestimado nuestros argumentos y no se ha prestado la más mínima atención a lo que se ha dicho con tanta serenidad, franqueza, firmeza y pertinencia; y por lo mismo se acabó el tiempo de la exhortación y de la persuasión y ha llegado, lamentablemente, el tiempo de las decisiones y de la acción en defensa de la unidad nacional, del proceso constituyente, de la propia Asamblea y, por supuesto, de la irrenunciable identidad paceñista como sede de gobierno, como sede de los poderes Legislativo y Ejecutivo y como capital política de la República", dijo Del Grando.

Dos subcomisiones de la Constituyente intentaron que el traslado de la sede de gobierno sea tratado en el marco de la configuración del nuevo Estado. El diputado por Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi declaró que la disputa por la capitalía es un falso debate que se ha planteado por intereses que buscan el fracaso de la Constituyente. El legislador considera que en ningún momento se puso en duda la capitalía de Sucre y que en las últimas sesiones que le quedan a la Asamblea no es un tema a tratar ya que no existe razón para ello.

Colanzi responsabilizó de esta situación a grupos y a sectores que no desean que el país cuente con una nueva Carta Magna. "Quienes no quieren que el 6 de agosto deba salir una Constitución están viendo todas las maneras para que no salga ésta, buscan ‘patear el tablero’ como se dice vulgarmente, y en este cometido están grupos con muchos intereses como la ‘media luna’, grupos de La Paz e incluso sectores del gobierno que no han creído en la Constituyente", aseveró el diputado.

El Vicepresidente Álvaro García Linera propuso este fin de semana que un referéndum decida la disputa entre La Paz y Sucre y el presidente del Consejo Municipal de Sucre Fidel Herrera apoyó la propuesta.

Para que no exista divisiones y preservar la unidad nacional, Poder Democrático Social (Podemos) plantea un referéndum nacional para que la población en su conjunto decida, dijo este lunes el senador Carlos Borth. "Es conveniente reiterar una vez más la posición oficial de Podemos, la sede de los poderes no va a resolverse en el ámbito de la  Asamblea Constituyente, porque no tendrá dos tercios de votos ninguna de las dos posiciones, por lo tanto es un tema a consultarse en referéndum".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.