La brasileña pediría 200 millones de dólares por las dos refinerías

Petrobrás da tres días de plazo para que el Estado atienda su última oferta

Redacción Bolpress

El Estado boliviano asumió el control de la comercialización interna y externa de dos productos derivados de la refinación de petróleo y expropió a Petrobras Refinería al menos 70 millones de dólares en ingresos extraordinarios producto del aumento internacional de precios del petróleo.

Desde 2004 se clasifica en Bolivia los productos derivados del petróleo en regulados y no regulados por el Estado. Entre los regulados están la gasolina especial, premium, la gasolina de aviación, el diesel oil, el jet fuel y el kerosén, comercializados fundamentalmente en el mercado interno. Los productos no regulados son el crudo reconstituido, los aceites, los lubricantes y asfaltos destinados al mercado externo. Con el decreto No. 29122 el Estado asume el control de la comercialización interna y exportación de dos subproductos de la refinación: el crudo reconstituido y las gasolinas blancas. 

Según el decreto, se entiende por crudo reconstituido a los “excedentes de mezcla de crudo reducido y otros cortes de hidrocarburos pesados no procesables con gasolinas livianas en diferentes porcentajes, para permitir su transporte por ductos”, en tanto que gasolina blanca en un “producto estabilizado de la destilación atmosférica con punto final de destilación -ASTM D-86- menor o igual a 330 grados Fahrenheit”.

El ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas explicó que en mayo de 2005 el ingreso estimado obtenido por la comercialización de los productos no regulados ascendió a 132 millones de dólares. “Desde esa fecha los precios subieron considerablemente a medida que aumentó el precio del petróleo a nivel internacional. La refinería administrada por Petrobrás obtuvo un ingreso extraordinario por encima del margen de refinación contemplado por la superintendencia es de 4.81 dólares el barril”.

En 2006 Petrobrás Refinería exportó por un valor de 229 millones de dólares con un ingreso extraordinario de 70 millones de dólares año, es decir 5,8 millones de dólares mensuales o 194 mil dólares diarios. “A partir del DS 29122 estos ingresos extraordinarios pasan al Estado a través de YPFB”, precisó Villegas.

Villegas dijo que el crudo reconstituido es el producto no regulado que genera mayores ingresos y aproximadamente del 87% del valor comercializado. El ex ministro Andrés Soliz Rada informó en su momento que el negocio con petróleo reconstituido redituaría 10 millones de dólares y alrededor de 200 millones de dólares el negocio de derivados no regulados.

La medida "es un empujoncito más para que Petrobrás acceda a vender las refinerías. El sí ya está dado, Petrobrás va a vender, lo que no está claro es en cuanto, pero ya sin el derecho a la comercialización de estos dos productos, pues ya no hay mucho interés por parte de Petrobrás, ya no le quedaría mucho a Petrobrás como ganancia, que son 75 millones de dólares anuales, que ahora van a beneficiar al Estado boliviano", declaró Villegas en una entrevista con la periodista Amalia Pando.

La decisión del gobierno de Morales no agradó a algunos sectores brasileños. En una nota de prensa de la embajada de Brasil se afirma que la medida perjudica y puede inviabilizar el la negociación, por lo que el gobierno de Brasil no puede dejar de remarcar el impacto negativo que éste y cualquier otro gesto unilateral puede tener en la cooperación entre los dos países. El Brasil no puede seguir tratando al Presidente Evo Morales como a un amigo, cuando él toma medidas que perjudican a las empresas brasileñas y a la economía del país, dijo el senador brasileño Eduardo Acevedo. Según algunos legisladores, fue una decisión inoportuna ahora que se negocia el valor de las refinerías.

En respuesta a la decisión gubernamental, Petrobras presentó este lunes su oferta final para la venta de las refinerías Guillermo Elder de Santa Cruz y Gualberto Villarroel de Cochabamba, privatizadas en el gobierno de Jorge Quiroga y espera una respuesta en tres días. Pasado el plazo la petrolera recurriría a las cortes internacionales y en la medida de lo posible a la justicia boliviana. Se especula que la empresa pide unos 200 millones de dólares mientras que Bolivia ofrece 60 millones.

"Si no tenemos acuerdo buscaremos todas las formas legales para cuidar las inversiones de Petrobras, apelaremos a la justicia internacional, al arbitraje y a la justicia boliviana", dijo el Presidente de Petrobras, Sergio Gabrieli.

El Vicepresidente Álvaro García Linera comentó que la compra de las refinerías es tan solo una parte pequeña del conjunto de buenos negocios y de buenos tratos entre Bolivia y Brasil. "El negocio con Brasil y Petrobras es gigante y las refinerías son una parte", afirmó. El viceministro de Coordinación Héctor Arce descartó que las relaciones entre Bolivia y Brasil hayan sufrido algún deterioro, pues el reciente decreto es parte del proceso gradual de la nacionalización de los hidrocarburos. Se supo que el Presidente Morales llamó a una reunión de emergencia al Ministro Villegas para evaluar el ultimátum de Petrobras.

Ante rumores de desabastecimiento de gasolina, particularmente en la ciudad de Santa Cruz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que se mantiene el cupo asignado de 13.120.000 litros, el cual será incrementado el mayo a 13.510.025 litros."YPFB garantiza el abastecimiento de todos sus productos, especialmente la gasolina", informó el presidnete de YPFB Guillermo Aruquipa.

Volver atrás

temas << Juicio de responsabilidades >>

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.