El blindaje de Evo
Andrés Solíz Rada
Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.
El gobierno de Evo Morales es censurado por reemplazar a la República de Bolivia por un Estado plurinacional de 36 inviables naciones indígenas; equiparar los símbolos patrios con otros de índole local y étnico; no haber creado, con las reservas de litio, hierro y gas, empresas estatales corporativas, capaces de garantizar financiamientos autónomos; instalar un régimen autoritario que traslada detenidos a la sede de gobierno, sin respeto a las jurisdicciones departamentales; tolerar abusos del indigenismo sobre los derechos humanos y el ordenamiento jurídico vigente; adquirir sin licitación el avión presidencial, por 38 millones de dólares; ocasionar, por la negativa gestión de YPFB, que el país se convirtiera en importador de gasolina, GLP y diesel; y acentuar el sometimiento a los intereses geopolíticos de Chile y Brasil.
:: Más detallesPublicado el 2010-08-29 a horas 16:18:47
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(PL).- Como los libros, que redimen y calman, los cerros paceños permiten gozar parte de lo espectacular de la naturaleza mientras resguardan a quienes pululan por la ciudad sede del gobierno boliviano. Alguien que nació por estos lares contaba que al atravesar en tren las pampas argentinas, comprendió el valor de las majestuosas formaciones pétreas y hasta la ventaja de tenerlas, cual amigas protectoras, en el andar diario.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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