Estos temas serán considerados la próxima semana en Guatemala, durante la segunda parte del programa TRACE Transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas), impulsado por Publish What You Pay-Noruega, con participación de delegaciones de Ecuador, Colombia, Bolivia y Guatemala y expertos de otros países.

Las observaciones coinciden con la baja de la cotización internacional del petróleo, en momentos en que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reajusta sus inversiones a 2.400 MM$us respecto de 3.000 millones programados el año pasado y de los cuales sólo ejecutó 2.050 millones de dólares, sin explicar las causas de los declives.

Igualmente se derrumbaron las previsiones del presidente Evo Morales sobre la renta petrolera del 2014, calculada por él en la campaña electoral en 7.000 MM$us, y que no sobrepasó los 5.600 millones.

El valor de la producción en el primer mes del 2015 bajó en 35 %, y la estimación del nuevo presidente de Yacimientos, Guillermo Achá, es que los ingresos por comercialización disminuirán a 4.500 MM$us este año, respecto de los 5.800 percibidos el 2014.

Para contrarrestar las caídas, YPFB planea mayor producción, de 60 a 70 millones de metros cúbicos diarios, monetizando con más intensidad aún las reservas de gas natural que quedan, levemente incrementadas.

Sin embargo, no se tienen nuevos mercados asegurados ni otros contratos firmados, ni acuerdos acelerados, al margen de dos recientes “ininterrumpibles” ya suscritos con Argentina y Brasil por cantidades precisas, y opciones para ampliar en mínima cuantía la exportación de gas licuado de petróleo (GLP), según el análisis de especialistas convocados por Jubileo hace tres semanas para la presentación de su más reciente estudio sobre la renta petrolera estatal.

COSTOS CONVERTIDOS EN INGRESOS

Mediante la ingeniosa transformación negociada hace nueve años, buena parte de los costos e inversiones reconocidas y por devolverse, se ha tornado en ingresos significativos para las empresas que efectúan los gastos, se advirtió, al tiempo que su crecimiento e ineficiencia erosionan la renta nacional.

El volumen e incremento de los costos recuperables declarados y obtenidos por las transnacionales “afectan al país en gastos e ineficiencia”, afirmó el economista del CEDLA, Carlos Arze en su último trabajo sobre la apropiación del excedente.

Al superar el incremento de la producción develan “una creciente ineficiencia productiva y económica de la operación en manos privadas”.

Por ejemplo, YPFB “compra activos usados a precio de nuevos: los activos son usados sin costo alguno por los titulares hasta que finaliza el contrato, no sólo hasta que se amortizan totalmente”, reveló.

“Bajo el eufemismo de una ‘adecuada recuperación de inversiones’ el capital petrolero oculta su naturaleza rentista”, previno por su parte Juan Carlos Guzmán en su trabajo sobre la renta de los hidrocarburos, que reunió a otro conjunto de especialistas.

“Más de la mitad de los costos recuperables incrementados en 17 % por año, corresponden a amortización de inversiones mientras los costos de administración y de personal crecieron anualmente en 62 y 25 %”, sin que haya un informe gubernamental que explique dichas tasas de crecimiento y participación, por lo que subsiste “la interrogante acerca de qué fenómeno da cuenta del incremento de los costos de producción”.

Los precios de producción ya incluyen una tasa de ganancia “normal” y salvo algunas excepciones, las empresas no sufren pérdidas en la producción sino, más bien, no obtienen las rentas, diferenciales y de monopolio, que obtendrían bajo las condiciones del monopolio internacional, describió Guzmán.

Así, la obtención de rentas es más favorable a las transnacionales que cualquier contrato a precios internacionales, razón demás para haber mantenido sus actividades a pesar de su persistente inconformidad: “obtienen más beneficios aquí, que en cualquier otro lugar en que las rentas son calculadas con precios internacionales”

Cada centavo retribuido a las empresas extranjeras es uno perdido para el país, y viceversa, pero esa pulseta va siendo ganada, según otros análisis, por las operadoras extranjeras: “El Estado y las petroleras pelean por cada dólar”, dijo hace siete meses el vicepresidente Alvaro García Linera: "Hay acuerdo en los ítem grandes (de las inversiones), pero viene el regateo por los ítem pequeños”.

Pese al tira y afloja, el gobierno reconoció 4.798 millones de los 4.931 MM$us reportados como recuperables entre mayo del 2007 y julio del 2014, habiendo observado 133 millones, por lo que resolvió reconocer para su pago el 97.2% de estos costos.

La renta de los hidrocarburos, de la que participan las empresas y el Estado, recordó la fundación católica Jubileo –que sugiere crear un fondo de ahorro para contrarrestar la volatilidad de los beneficios – es el resultado de los ingresos por comercialización de estos recursos naturales, menos los costos incurridos para su explotación y venta.

La porción de las empresas, “debido a la falta de información suficiente, no es posible calcularla”, dijo Jubileo, “aunque en investigaciones anteriores estableció que se aproxima al 15 % de los ingresos por la venta de hidrocarburos”, estimó su estudio efectuado por Célica Hernández y Raúl Velásquez.

Durante la polémica sobre las ganancias de las transnacionales, entre agosto y septiembre pasados, el presidente Morales afirmó que la participación extranjera promedia el 25 % del negocio. Luego, el vicepresidente Alvaro García Linera precisó que, en utilidades sumaba 10,9% y en costos recuperables 14,4%.

El 74, 7 % de la porción estatal estaba conformada en 50 % por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías, en 14,1% por la participación de YPFB y en 10,6% por patentes e impuestos para el Tesoro General de la Nación (TGN).

Quedó así oficialmente desterrado el efímero logro, vigente sólo algunos meses, de aumentar a 82 % la porción estatal y reducir a un 18 % la parte de las transnacionales, tan publicitada con la nacionalización del 2006.

Más grave aún, la apropiación estatal del valor de las ventas antes del pago de impuestos se redujo a sólo a un 64 % mientras que la retribución de las empresas se amplió al 36%, según la exposición de Carlos Arze:

La renta estatal suma 27.749 MM$us desde el 2006, según YPFB. Pero, sin referencia oficial actualizada a ingresos globales por ventas ni retribución de las transnacionales en costos recuperables y utilidades, las aproximaciones con base en cifras parciales de Yacimientos son diversas.

Al incluir tributos upstream-extracción y downstream-explotación, Jubileo encontró que el “government take” suma 30.400 MM$us a los que se agregarían 5.500 millones aludidos por Achá para la gestión 2014. El CEDLA presenta también variaciones en los dos componentes de la retribución:

PIERDE EL ESTADO, GANA EL GOBIERNO

Sin embargo del retroceso al 75-25 % admitido por el presidente Morales, que en los hechos llegaría a una relación 70-30 –si la retribución asciende a 11.000 MM$us sobre ingresos por más de 35.000 millones, según montos acumulados con base en informes oficiales – el gobierno central, por su parte, aumentó progresiva, sustancial y paradójicamente sus ingresos provenientes de hidrocarburos.

Por diversas vías, la administración del presidente Morales y sus ministros habría copado un 48 % del negocio, dejando en los hechos a regiones y universidades un 27 %, y a las transnacionales el 25 % indicado.

En efecto, del 18 % asignado en regalías el gobierno extrae 6 % para TGN mientras que del 32 % por IDH obtiene 17 % para el Fondo Indígena, compensaciones y transferencias (Policía, FFAA) y para el TGN nuevamente, a lo que se agrega el casi 25 % en participación de YPFB, patentes y otros impuestos (IEHD, IUE, IVA IT, etc.), sumando todo este conjunto el 48 % administrado por el Ejecutivo.

Tan sólo en participaciones e impuestos tuvo cerca de 7.000 MM$us, sin dar cuenta precisa de sus erogaciones, ni existir control social sobre su ejecución, incidencia y destino, al no haber norma que establezca lo que YPFB puede hacer con sus montos de participación.

¿SECRETISMO Y FRAUDULENCIA?

Transparencia y coherencia en la información oficial no han sido la norma sino la excepción, dando lugar a una justificada susceptibilidad pública acerca de la administración gubernamental de los recursos hidrocarburíferos, reflexiona el CEDLA en su evaluación de septiembre del 2014

La indudable falta de transparencia —sino de control— origina que la gestión de YPFB mantenga el secretismo característico de la contabilidad de las transnacionales, que les permite inflar ganancias presentando fraudulentamente supuestos costos de producción, agrega

Este Centro de estudios observa que la definición de costos recuperables incluye rubros cuya necesidad para la producción resulta discutible, y como el monto de las inversiones reconocidas resulta crucial, asume casi un carácter de “secreto de Estado”

En contravención a la norma que establece reportes semestrales, el informe oficial de los costos recuperables 2007-2013 y los efectivamente reconocidos y devueltos a las petroleras transnacionales no está disponible en las páginas digitales del Estado Plurinacional, según se comprueba al entrar a ypfb.gob.bo, por lo menos hasta el 18 de marzo del 2015.

Salvo cifras oficiales dispersas y confusas, rescatadas por la prensa especializada, centros de estudio y analistas en eventos del sector hidrocarburos, la información gubernamental conforma una especie de rompecabezas, deliberadamente trazado o no, para conocer más con opacidad que con transparencia las cuentas de los últimos nueve años con las operadoras trasnacionales y con el mismo Estado.

Hasta principios del año pasado, la web ypfb.gob.bo sólo mostraba costos reportados para los años 2007 y 2009, además de balances no actualizados.

Sorprendió por ello que semanas antes del último Congreso Gas y Petróleo efectuado en mayo del 2014, la página digital de Yacimientos incluyera los reportes de las gestiones 2010-2011 y 2012.

Sin embargo días después de la polémica de agosto pasado sobre los montos aprobados para su devolución a las transnacionales, fueron retirados la totalidad de los reportes sobre costos recuperables. La apertura había durado cinco meses.

Aún hoy, el sitio muestra la ausencia de los balances correspondientes a los últimos cuatro años (2011-2014) y continúan sin aparecer los reportes de costos hasta el 2012.

Las auditorías externas a estos costos por el bienio 2010-2011 debían haber concluido el octubre pasado y publicadas en noviembre, según anunció en septiembre la Presidencia de YPFB, pero no han sido difundidas incluso entrado el 2015.

Las autoridades anunciaron que la auditoría del 2014 se conocerá el 2017, en cumplimiento de un plazo de dos años para el examen externo. En comparación, en Brasil, Petrobras planea publicar sus resultados auditados de 2014 a fines de mayo –sólo necesita cinco meses– mientras recalcula las pérdidas derivadas de un escándalo de corrupción.

Diversos medios recordaron el 2014 que la legislación sobre Desarrollo Sostenible obliga a YPFB a publicar semestralmente y con carácter oficial, en su página web institucional y por escrito mediante comunicaciones oficiales, toda la información referida a los costos recuperables y al cálculo realizado para la determinación de la participación de YPFB y de las empresas en los beneficios de la actividad de hidrocarburos.

En torno a los Balances, la difusión se limita a las gestiones 2008-2010, faltando los correspondientes a los últimos cuatro años 2011-14, en un sitio donde también ha sido eliminado el buscador de la Agencia de Noticias-YPFB, cambiado por uno de contrataciones para sus proveedores.

TRIBUTAR POCO, GANAR MAS, ¿RENDIR CUENTAS?

También favorecidas por el Estado en impuestos desde la nacionalización del 2006, la operadoras extranjeras pagaron un 5 % promedio de los tributos recaudados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) .

En su más reciente Memoria, SIN 2013, registra que Petrobras, Repsol, Total y BG tributaron 230 MM$us el 2013 (4.4 %), mientras YPFB y subsidiarias aportaron con más 3.150 millones, de un total de 6.500 MM$us.efectivamente cobrados a los contribuyentes por el sistema impositivo.

En descargo de las transnacionales, la cláusula 12 de los contratos de operación señala que YPFB es el responsable directo del pago de regalías, participación al TGN y el IDH, puesto que las operadoras privadas entregan su producción a la estatal.

En la última rendición de cuentas presidida en enero por el ministro del sector, los ejecutivos gubernamentales respondieron con insuficiencia a diversas inquietudes sobre la gestión estatal, entre ellas la renta petrolera previsible, los volúmenes de costos y utilidades de las empresas.

Esta fue al respecto la respuesta del viceministro Eduardo Alarcón en la fase de preguntas:

“La producción está incrementándose. Si bien puede haber variación en ingreso al bajar el precio del petróleo vamos a decir a medianos de año…sin embargo los volúmenes se están manteniendo y la actividad también de las empresas, sobre todo las grandes que tienen megacampos, prácticamente éstos son los que ayudan a sostener el trabajo de los medianos y pequeños”.

Añadió enseguida: “Estos análisis hay que trabajarlos con mucho más detalle en tema de costos recuperables y de la misma retribución al titular. Estamos sacando una nueva reglamentación y análisis, es parte de la nueva Ley de Hidrocarburos, y estimo que esto se va a aclarar y definir mejor. Estamos también trabajando el tema de incentivos a la exploración, importante para las empresas, si van a ver disminuidos sus ingresos, y hay que ver como solucionar para que los proyectos exploratorios sean atractivos a las empresas y podamos hacer la inversión que requerimos para lograr la exploración que necesitamos”.

Horas después, la rendición de cuentas a cargo de la entonces ministra de Transparencia, Nardy Suxo, concluyó con una interrogante precisa:

“ Sector hidrocarburos, costos recuperables, utilidades, transparencia de las empresas ¿no entran en su campo de acción?... porque no la hemos escuchado mencionar hoy en su informe”, cuestionó el periodista.

“Claro que sí, entran. Hemos tenido varias denuncias, presentamos cuatro contra funcionarios de YPFB, tenemos una sentencia en el caso de Santos Ramírez de 12 años…asi que sí, por supuesto que hemos trabajado en ese tema”, dijo Suxo, concentrada en casos de corrupción doméstica dentro de YPFB Corporación y subsidiarias y lejos al parecer de la transparencia y el control social sobre la renta petrolera y las ganancias de las transnacionales.