En los años 70, Miguel Facussé logró montar en Honduras una pequeña fábrica de detergentes y jabones conocida como Químicas Dinant,con el apoyo de la banca privada internacional y con los créditos de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), creada por el Estado en 1974 como parte de la estrategia para consolidar el nuevo Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).

Miguel Facussé había establecido una sólida amistad con los gobiernos militares de facto, lo que le permitió conseguir el aval solidario del Estado a través de la CONADI, y algunos préstamos bancarios por 2.529.397 lempiras del Bank Of América y 11.239.318 lempiras del Lloyds Bank International, para hacer un capital de 13.768.715 lempiras, en ese tiempo casi 7 millones de dólares.

Con ese capital expandió su pequeña industria y la registró como “Quimicas Dinant de Centro América S.A .” También fundó la empresa Comercial e Inversiones Galaxia S.A. de C.V. ambas garantía hipotecaria de la deuda con CONADI.

A finales de los 70 Miguel Facussé se integró a un consorcio empresarial conocido como Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), cuyos socios eran un grupo de empresarios y coroneles entre ellos Gustavo Álvarez Martínez.

Los miembros directivos de esta organización eran Gustavo Álvarez Martínez (Presidente), Miguel Facussé Barjum (Vicepresidente), Oswaldo Ramos Soto (Secretario), Bernard Cassanova (Tesorero), José Rafael Ferrari (Presidente de divisiones), Paul Vinelli (Secretario de finanzas), Rafael Leonardo Callejas (Desarrollo económico), Osmond Maduro (Asuntos educativos) y los vocales Roy Smith, Emin Abufele, Rafael Valle, Francisco Guerrero, Marcial Solís, Andrés Víctor Artíles, Matilde Manueles, Juan Marinakys, Aquiles Izaguirre, Eduardo Aragón, Armando Erazo, Emilio Larach, Armando Fuentes, Angel Martínez Reyes, Rafael Cruz López, Israel Rodríguez y Adán Benítez.

Durante la década de los 80, los cuerpos de inteligencia militar de Honduras orientaron la seguridad nacional a la caza de dirigentes políticos de oposición, líderes sindicales y estudiantiles y miembros de un incipiente movimiento revolucionario de Honduras y de paises vecinos. Para realizar este trabajo los militares tenían cuerpos de investigación que no usaban uniformes e infiltraban fácilmente los grupos sociales organizados.

Pero también necesitaban una fachada para la labor. El coronel Alvarez Martínez, entonces jefe policial, y Facussé Barjum, junto al cuerpo de coroneles y empresarios de APROH, analizaron la situación referente a las revoluciones de Nicaragua y El Salvador, así como el crecimiento de la oposición y descontento popular en Honduras, y acordaron facilitar el consorcio de APROH al servicio de inteligencia como estructura de encubrimiento en las investigaciones a los opositores identificados entonces como “comunistas”, guerrilleros ó “cabezas calientes”.

También APROH al cabo de un tiempo acordó la transición de gobiernos militares a gobiernos electos democráticamente para evitar una revolución. Con este propósito, en 1980 impulsaron la Asamblea Nacional Constituyente. En 1981 se eligió a Roberto Suazo Córdova como presidente de Honduras y en 1982, a Gustavo Álvarez Martínez como Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Estos eventos llevaron a Miguel Facussé a convertirse en confidente del Jefe de las Fuerzas Armadas y consejero económico de la presidencia. Desde entonces, este empresario mantiene estrechas relaciones con los círculos gubernamentales de Honduras.

Como consejero económico de la presidencia, Facussé Barjum convenció a Roberto Suazo Córdova que la manera de fortalecer la democracia era mejorando la economía nacional. La formula para esto era evitar la fuga de divisas y dicha fuga se podía lograr convirtiendo la DEUDA EXTERNA de Honduras EN DEUDA INTERNA.

La conversión de la deuda externa por interna –según el “consejero”- mediante las “acreedurías”, es decir que el Estado pagara todos los activos que debían las empresas por él avaladas a bancos extranjeros y adquiriera los activos y títulos valores de éstas.

Posteriormente, el Estado debería pasar los activos de estas empresas creadas con capital nacional a la empresa privada mediante la venta de dichas empresas en subastas públicas. Con la venta de dichas empresas el Estado recuperaría su inversión y los empresarios podrían exportar y traer divisas frescas porque estas ya no quedarían en los bancos extranjeros.

Las empresas estatales estaban insertas en la CONADI, COHDEFOR, BANADESA Y COHBANA. En CONADI existían activos distribuidos en 68 empresas deudoras y avaladas por un monto de 496,8 millones de lempiras, entre ellas Quimicas Dinant y Empresa de Inversiones Galaxia de Miguel Facussé Barjum.

A partir del 26 de septiembre de 1985, mediante el decreto ejecutivo N. 161-85, se legaliza la privatización de las empresas del gobierno. Esta se llevaría a cabo a través de subastas públicas y compra de acreedurías, previo avalúo de los bienes de cada empresa. Las subastas públicas se realizaron de 1986 a 1988, pero fueron un fracaso porque los activos fueron subvaluados y las empresas compradas a precios inferiores a su valor e incluso en algunos casos se aceptó pagarés por activos.

En el caso de Miguel Facussé, cuando inició la subasta de las empresas de CONADI, le recordó a la junta directiva que él aportaba un 10% de capital sobre exportaciones al capital de base de la Corporación y como tal tenía derecho al pago de participación industrial. Fundado en esto, y mediante una alianza con el presidente ejecutivo de la CONADI Jorge Epaminondas Craniotis Garrido, logra que la Corporación le extienda Certificados de Participación Industrial que no estaban vencidos, (deuda futura a valor presente), por un valor de 3.388.306 lempiras.

CONADI, siendo aval de Quimicas Dinant de Centro América, se convirtió en deudor de Bank Of América y Lloyds Bank International por 13.768.715 lempiras; y así de simple, Quimicas Dinant quedó sin deudas. La misma alianza con Epaminondas Craniotis, le permitió a Comercializadora Galaxia S.A., propiedad de Miguel Facussé, comprar la empresa Mejores Alimentos de Honduras a CONADI, mediante un pagaré, a cambio de los activos de dicha empresa por un valor de 25. 175.428 lempiras con 7 centavos. Sin embargo, Facussé en lugar de honrar su deuda adquirida por GALAXIA con CONADI, el 19 de enero de 1988, mediante el instrumento legal N. 3 y ante el abogado y notario Marco Tulio Hernández Reyes, y con la complicidad del gerente de Mejores Alimentos Darío Humberto Hernández, y del presidente ejecutivo de CONADI Epaminondas Craniotis, reconocieron la existencia de obligaciones recíprocas por la prestación de servicios y suministros y acordaron resolver las mismas por la vía extra judicial.

Las obligaciones y los acuerdos concertados consistían en el reconocimiento de Mejores Alimentos de tener una deuda por la suma de 27.397.108 lempiras con 10 centavos con Quimicas Dinant de Centro América y Comercial de Inversiones Galaxia. Asímismo, Galaxia reconoció tener una deuda por la compra de Mejores Alimentos a CONADI por la suma de 25.175 .428 lempiras con 7 centavos.

En consecuencia, “las partes de común acuerdo aceptan las compensaciones de créditos otorgados, y de este modo Mejores Alimentos fue entregada a Miguel Facussé para saldar una deuda con sus empresas. Por su parte, Facussé, “en aras del espíritu de conciliación y con el propósito de solventar los problemas mediante una solución negociada”, le condonó la diferencia de 2.217.680 lempiras con 3 centavos a CONADI.

El 6 de Junio de 1988, la junta directiva de CONADI demandó a la empresa Galaxia de Facussé por considerar ilegal el instrumento N. 3, en el que se fundó la transacción, proque no fue conocido y aprobado en sesión ordinaria de la junta, según reglamento de CONADI. Se presentó por parte de la defensa de Facussé una excepción dilatoria de transacción, y no contestó la demanda.

El 13 de agosto de ese año, el juez que conoció el caso Rubén Darío Núñez declaró a lugar la excepción alegada por Inversiones Galaxia, la sentencia del juez Núñez fue apelada, pero los magistrados Justo Abel Gálvez, Héctor Efraín Fortín Pavon y Juan Roberto Murillo ratificaron la decisión del juez Núñez.

A partir de 1989, la privatización de Honduras continuó bajo la modalidad de acreedurías, sistema mediante el cual el gobierno autorizó al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) comprar las acciones de CONADI; y el banco estatal a su vez pagó los préstamos que las empresas de CONADI tenían con los bancos del extranjero, convirtiendo así la deuda externa en deuda interna.

El 29 de septiembre de 1990, mediante Decreto de Ley N. 106-90 se creó la Ley para la cancelación y liquidación de CONADI, haciendo énfasis en que se debía proceder por la vía judicial contra los que cometieron actos dolosos contra CONADI. En enero de 1991, el Procurador General de la República Leonardo Matute Murillo acusó criminalmente a Miguel Facussé Barjum, Jorge Epaminondas Craniotis, Darío Humberto Hernández y Rubén Darío Núñez, por los delitos de Estafa, Fraude, Malversación de Caudales Públicos y Prevaricato en perjuicio de CONADI. El caso no prosperó y Matute Murillo fué destituido de su cargo.

Facussé se convirtió en fiel aliado del gobierno de Rafael Leonardo Callejas, a quien después persuade de modernizar el agro hondureño como la mejor opción para enfrentar la crisis económica. En 1992, BANADESA condonó las deudas agroindustriales argumentando que eran impagables, y que únicamente generaban trabajo administrativo. En dichas condonaciones también se incluyeron los dineros de CONADI pagados por BANADESA a bancos extranjeros y que ahora le debían los empresarios.

Ese mismo año, la Junta Liquidadora de CONADI rindió su último informe y desapareció. El caso contra inversiones Galaxia fue a casación y el abogado Oswaldo Ramos Soto, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, en sesión del pleno falló a favor de Miguel Facussé Barjum.

A partir de 1993 se muestra la fuerza de los negocios que nacieron como pequeñas industrias y ahora tenían patentadas y distribuían en toda Centro América las marcas Colgate, Palmolive, Fresca, Churritos Fiestas, Naturas, Élite, Maseca, Tredia y otras. Todas estas marcas las agrupó en la “CORPORACIÓN CRESSIDA”. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que declaró a Facussé hombre del año en 1993, la fortuna de este hombre ascendía a los 2 mil millones de lempiras.

En 1994 concertó una negociación con las marcas internacionales “COLGATE y PALMOLIVE” y vendió las patentes por 40 millones de dólares. Con la entrada en vigencia de la Ley para la Modernización Agrícola, a partir de 1994 incursiona abiertamente en el mercado de tierras. Los cooperativistas del Valle del Aguán fueron sus primeras víctimas.

Con la nueva disposición legal por lo menos 40 cooperativas se desintegraron y Miguel Facussé les compró sus tierras cultivadas de palma africana a precios muy bajos. Él las siguió explotando y descubrió que la exportación de aceite de palma multiplicaba sus ganancias. Esto lo motivó a fundar las empresas Luxes Agrícola de Honduras y Agroinvasa, dedicadas exclusivamente a expandir la producción de Palma Africana.

Esto llevó a Facussé a acaparar más y más tierra para cultivar palma africana, incluso mas allá del valle y de los límites del Aguan. Inició enfrentamientos con grupos étnicos garífunas con quienes se disputa tierras en Limón, Vallecito y Punta Piedra. Los garífunas se sienten amenazados con la pérdida de tierras ancestralmente cultivadas por ellos, pero ahora pretendidas por Miguel Facussé.

Para 1996 las empresas de Aceite de Palma estaban en casi toda la costa norte y extendían su dominio territorial desde Punta Sal en Tela, Atlántida hasta el Valle de Sico, en las cercanías de la biósfera del Río Plátano. Ese mismo año le propuso al presidente Carlos Roberto Reina emprender un “Gran Plan de Transformación Nacional” con una inversión extranjera de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, las propuestas de este plan fueron vistas con recelo por las razones siguientes: Se orientaban básicamente a la adquisición de tierras por extranjeros en las costas y fronteras.

Extrañamente, el Congreso Nacional inició la discusión para reformar el artículo 107 constitucional, que es el impedimento legal para que extranjeros compren tierras en estos sitios. La instalación de la línea férrea que poponía el plan “casualmente” pasaba por todas sus propiedades, y la instalación de una refinería de petróleo en Trujillo sería el abastecedor de combustibles a sus industrias.

Finalmente, la construcción de una represa en el Río Patuca, una zona de Reserva Mundial sería un negocio para vender energía a Centroamérica administrado por la empresa privada. Además, se observa sospechósamente que en lugares donde hay actividades empresariales de Miguel Facussé entre 1996 y 1998, ocurrieron tres asesinatos de líderes ecologistas que se opusieron al avance de las empresas de Corporación Cresida.

La primera de estas muertes fué la de la ecologista Janet Kawas, asesinada dos días después de participar en una marcha de protesta contra los depredadores del Parque Ecológico y Zona Protegida Punta Sal. Miguel Facusse fué cuestionado por el cultivo de palma africana en El Isopo, territorio que compró dentro de la zona protegida.

El segundo asesinato fue el del ecologista y líder político Carlos Alfonso Escaleras Mejía, muerto el 18 de octubre de 1997. Escaleras se opuso a que Facussé instalara una planta procesadora de Palma Africana en las riveras del Río Tocoa del Valle del Aguán, alegando que lo contaminaría. Testimonios de personas y uno de los autores materiales del asesinato ya capturado involucran en la autoría intelectual de este crimen a Miguel Facussé, quien ya ha sido llamado a los tribunales, pero él ha ignorado el llamado del juez.

El tercer asesinato fue el del líder ecologista Carlos Luna, el 18 de mayo de 1998. Luna se oponía a la construcción de la represa en la zona de reserva del Río Patuca. Este proyecto era impulsado por Facussé como parte de su gran Plan de Transformación Nacional. Paralelamente a estos hechos, el empresario Facussé, desde 1998, con la llegada de un sobrino suyo a la presidencia de la República, inició conversaciones con la transnacional Anglo Holandesa UNILEVER para venderle las marcas de productos que distribuye Corporación Cresida, y la venta se concertó en diciembre de 1999. A partir de entonces, CRESIDA es UNILEVER en Honduras.

Posteriormente, Miguel Facussé fue acusado por los familiares de Carlos Escaleras por considerarlo el autor intelectual del asesinato de su pariente y no dijo nada. Igualmente mantuvo silencio sobre un proceso de la fiscalía del medio ambiente por contaminar fuentes acuíferas de la capital. La juez Ana Pineda, encargada de conocer el caso el 29 de noviembre de 2000, ordenó la captura de Miguel Facussé. Él no dijo nada, pero la Juez Ana Pineda fue SEPARADA de su CARGO y la ORDEN de CAPTURA fue REVOCADA.